El procurador es un profesional del ámbito jurídico cuya función principal es representar a una de las partes en un procedimiento judicial. Su labor consiste en actuar como intermediario entre el ciudadano y los órganos judiciales, garantizando que los trámites y notificaciones se realicen de manera adecuada y dentro de los plazos establecidos. Se encarga de que el proceso se desarrolle conforme a la normativa vigente, asegurando que todas las actuaciones judiciales lleguen a conocimiento de su cliente y de su abogado.
Aunque a menudo se confunden sus funciones con las de un abogado, lo cierto es que ambos desempeñan roles distintos dentro del proceso judicial. Mientras que el abogado asume la defensa y asesoramiento legal, formulando alegaciones y estrategias jurídicas, el procurador tiene la responsabilidad de representar formalmente a la parte ante el tribunal. Su labor es esencial para la correcta comunicación entre los tribunales y las partes involucradas, ya que gestiona la recepción de notificaciones, citaciones y emplazamientos, asegurándose de que el abogado y su cliente estén al tanto de todos los pasos del procedimiento.
Además de esta función representativa, el procurador debe velar por el cumplimiento de los plazos procesales y supervisar que el expediente judicial avance sin dilaciones indebidas. También puede encargarse de adelantar el pago de determinadas tasas o gastos necesarios para la tramitación del procedimiento, actuando en todo momento en nombre de su representado.
Para ejercer esta profesión en España, es imprescindible contar con el título de Licenciado o Graduado en Derecho y haber completado el Máster en Abogacía y Procura, que proporciona la formación práctica necesaria para el desempeño de la profesión. Además, es obligatorio aprobar el Examen de Acceso a la Abogacía y Procura, regulado por el Ministerio de Justicia, y colegiarse en un Colegio de Procuradores, ya que solo los profesionales debidamente colegiados pueden actuar ante los tribunales.
¿Cuánto gana un procurador?
El sueldo de un procurador en España no es fijo, ya que depende de diversos factores como el tipo de procedimiento en el que interviene y la cuantía económica del caso. Sus honorarios están regulados por ley y se establecen en función de los aranceles oficiales recogidos en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, modificado posteriormente por el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo. Estos aranceles determinan las tarifas que un procurador puede cobrar por los servicios prestados, aunque dentro de esos márgenes, cada profesional puede establecer sus propias condiciones en función de la complejidad del caso y su experiencia en el sector.
En términos generales, la remuneración de un procurador varía según el valor económico del procedimiento judicial en el que participa. Por ejemplo, en un proceso de hasta 2.404,05 euros, el procurador percibe 89,25 euros. Si el caso tiene una cuantía de hasta 36.060,73 euros, el honorario asciende a 528,89 euros. Para procedimientos de mayor valor, los aranceles establecen que en procesos de hasta 601.012,1 euros, el procurador puede cobrar un máximo de 1.540,39 euros. Además, por cada 6.010,12 euros adicionales sobre esa cantidad, el procurador devengará 11,24 euros más.
Existen procedimientos en los que no se puede determinar una cuantía económica concreta o que versan sobre materias no susceptibles de valoración monetaria, como algunos asuntos de familia. En estos casos, la normativa fija que el procurador percibirá 260 euros por su intervención. Por ejemplo, en un procedimiento de separación de mutuo acuerdo, el procurador cobra 37,15 euros, mientras que si se trata de una separación contenciosa, el honorario asciende a 59,44 euros.
El pago de los servicios del procurador corre a cargo del cliente que lo contrata, quien está obligado a abonar la totalidad de la tarifa estipulada. La ley establece que el procurador debe presentar un presupuesto previo basado en la tabla de aranceles oficiales, garantizando así la transparencia en la contratación de sus servicios. En muchas ocasiones, el procurador solicita una provisión de fondos al inicio del procedimiento para cubrir los gastos iniciales, y el resto del pago se efectúa una vez concluido el caso.
