El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Pontevedra ha desestimado en su totalidad el recurso interpuesto por UFD Distribución Electricidad, S.A. contra la resolución de la Conselleira de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia. Este proceso se enfoca en una disputa por un presunto caso de fraude en consumo eléctrico en un establecimiento comercial de la ciudad de Vigo. El magistrado considera probado que la compañía no logró probar el supuesto fraude y que la demora en la detección de la anomalía fue consecuencia de “la propia negligencia de UFD”, por lo que la facturación complementaria no era procedente.
De esta forma, la vecina de esta ciudad gallega ha sido absuelta tras recibir una factura de 15.640,70 euros por parte de la compañía eléctrica Xenera, que la acusaba de haber manipulado su contador de luz. La Justicia ha determinado que no fue responsable del fraude y que la distribuidora eléctrica, UFD, actuó de manera negligente al no atender sus numerosas reclamaciones sobre anomalías en el consumo.
El conflicto se inició en septiembre de 2021, cuando esta mujer, propietaria de una lavandería de autolavado en Vigo, tras el traspaso de local a su nombre, detectó irregularidades en su factura y solicitó una revisión del contador. Pese a haber realizado al menos diez reclamaciones a Xenera y UFD en los meses siguientes, no obtuvo respuesta hasta 16 meses después, en febrero de 2023, cuando se realizó una inspección y se determinó que el contador había sido manipulado. Como resultado, UFD precintó el equipo y emitió una factura complementaria calculada en base a un supuesto consumo de 8 horas diarias a máxima potencia durante un año.
La Xunta de Galicia intervino en el caso y, en agosto de 2023, resolvió a favor de esta, anulando la factura. La entidad eléctrica presentó un recurso contencioso-administrativo que fue desestimado en febrero de 2024. El tribunal consideró que no existía evidencia suficiente de que la afectada hubiese cometido fraude y que la distribuidora había sido negligente en su respuesta.
La empresa fue la responsable
Asimismo, el tribunal evaluó negativamente el método de cálculo empleado por UFD para determinar el supuesto consumo fraudulento, al basarse en un período de ocho horas diarias de máxima potencia en lugar de las seis horas establecidas por el artículo 87 del Real Decreto 1955/2000. El juez aclaró que tal sistema sería improcedente, además de irrelevante en este caso, ya que no se acreditó el fraude que diera sentido a una refacturación.
En definitiva, el juez concluyó que UFD Distribución Electricidad fue responsable por su falta de diligencia en la gestión del problema reportado por la consumidora desde el inicio, y desestimó la demanda. Esto mantiene en firme la anulación de la factura complementaria por 15.640,70 euros y la exonera de responsabilidad alguna.
El tribunal determinó que la facturación complementaria era improcedente y que UFD era responsable de la falta de acción para corregir el error a tiempo. Como consecuencia, la empresa eléctrica deberá asumir las costas del proceso judicial, fijadas en un máximo de 800 euros.
