En España, el fenómeno de la okupación es un asunto político de actualidad desde hace muchos años. El pasado 28 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Real Decreto Ley que se aprobó conservar en Consejo de Ministros “mantiene las medidas anti-desahucios”: “Lo que hace es complementarlas con una medida que ya anuncié precisamente cuando planteamos la nueva estrategia de política de vivienda: los avales a propietarios e inquilinos“, aclaró Sánchez, consciente de que este decreto iba a se objeto de crítica de la oposición.
De hecho, una de las bazas del PP para crear oposición contra el Gobierno de Sánchez ha sido históricamente, el asunto de la vivienda. El pasado 19 de febrero, el Partido Popular hablaba en el Congreso del “fracaso de la política del Gobierno en materia de vivienda” y, gracias al apoyo de agrupaciones como el PNV y Junts, logró aprobar una moción sobre vivienda, que insta al Ejecutivo a tomar medidas contra la okupación, haciendo que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda puedan ser expulsadas en un plazo de 24-48 horas.
Esta moción consecuencia de interpelación urgente aprobada en el Congreso la pasada semana habla, también, de “poner suelo de titularidad pública en el mercado para la construcción de vivienda a precios asequibles” y pretende “dotar de seguridad jurídica al planeamiento urbanístico y facilitar el acceso a la vivienda". Además, ha abierto la veda para que otras autoridades reclamen al Gobierno de Sánchez dureza en las medidas contra la ocupación ilegal.
Este fenómeno azota barrios y localidades alrededor de toda la geografía española, y vecinos y autoridades de municipios como Galapagar, en Madrid, ya toman precauciones. Por su parte, el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, denunció ayer en una rueda de prensa que es “incomprensible” que el Gobierno socialista se “dedique a aprobar decretos que impiden desalojar a los okupas”: “Lo único que consiguen es agravar el problema por el miedo de los propietarios a alquilar sus viviendas y facilitar el negocio de las mafias de la okupación“.
La okupación en Suiza
Rafael Cubero es un español que reside en Suiza, y en uno de sus vídeos de TikTok, este joven explica cómo funcionan las medidas contra la ocupación de viviendas en el país centroeuropeo, y la actuación de las autoridades al respecto. Cubero aclara que, para informarse, acudió a una comisaría de policía suiza y, después, llamó por teléfono a una abogada especializada en “temas de inmuebles”. Entonces, el joven comienza a explicar que “hablando de una vivienda habitada”, es posible que se pueda ser víctima de una ocupación: “O sea, tú vives de alquiler o eres propietario de una vivienda aquí en Suiza y te vas de vacaciones. Cuando vuelves te la encuentras ocupada”.
Rafael Cubero señala que, en estos casos, en Suiza, la policía se persona y comienza a comprobar la documentación: “Porque evidentemente tienes que tener un contrato de alquiler, tienes que estar empadronado en el ayuntamiento… En fin, un montón de documentación que cerciora que tú vives aquí“, explica el joven. Cubero asegura que, una vez hecho ”todos los papeleos", los okupas son expulsados prácticamente de inmediato: “En máximo 72 horas esas personas están fuera”.
“Las penas para extranjeros puede llegar a ser deportación más multas, y para Suizos hasta un año de cárcel más multas. En ambos casos se suele pagar también una indemnización”, explica el joven, que recalca que las penas son duras porque en Suiza no es algo habitual: “En Suiza la ocupación de viviendas habitadas no es un problema, sean habitadas o no habitadas, en caso de que sea una vivienda vacacional o algo. No suele pasar esto. En Suiza tienen unos derechos como inquilinos que se llevan a rajatabla. Otra cosa es ya para edificios abandonados y esas cosas, pero eso es otro tema”.
