El pasado 7 de noviembre, el Ministerio de Transportes, en manos de Óscar Puente, respondió a José Luis Ábalos sobre la investigación interna ordenada tras destaparse el caso por el que el exministro socialista está imputado. Pero quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE no quedó satisfecho e insistió en conocer los detalles y las carencias de “una investigación administrativa paralela de motu proprio a una instrucción judicial y sin conocimiento anterior del juzgado”.
En una respuesta publicada este lunes por el Boletín Oficial de las Cortes, Puente vuelve a desmarcarse de las acusaciones vertidas por Ábalos y deriva las responsabilidades de la investigación en las “personas autoras del informe de auditoría”. Además, ironiza con la pregunta de referencia por contener “una larga exposición de motivos y 26 cuestiones”, tal y como consta en la respuesta realizada el pasado 12 de febrero.
A través de una segunda pregunta al Gobierno con respuesta escrita, fechada el 25 de noviembre, Ábalos criticó que Puente “se limitó a dar explicaciones y argumentos por los que no ha sido preguntado”. En la iniciativa parlamentaria, el exdirigente socialista concluyó que la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la compra de mascarillas durante la pandemia incurre en “graves irregularidades”.
Estas, según el exministro, ”han quedado confirmadas tanto con las declaraciones en sede judicial y parlamentaria, como por la tergiversación denunciada de las declaraciones, la vulneración de derechos de los entrevistados, las omisiones de información interesadas o unas conclusiones sesgadas con la única finalidad de cuestionar el proceso de compra que ya estaba validado por el Tribunal de Cuentas y la Intervención”.
Por esta razón, Ábalos urgió a Puente a dar respuestas “de forma expresa, concreta y precisa” a cada una de las preguntas enumeradas “sin responder” de su anterior pregunta parlamentaria, realizada el 22 de septiembre, así como a otras que incorporó en su segunda iniciativa sobre esta cuestión.
De esta manera, el ministerio recalca que “la mayoría de estas fueron contestadas con la pregunta formulada” por el mismo diputado. Asimismo, afea que en la exposición de motivos Ábalos cuestione “la contestación” dada a la pregunta “por considerar que no se da contestación a las cuestiones interesadas, por lo que se reiteran, junto con algunas nuevas cuestiones”. El departamento dirigido por Puente opta por reiterar el contenido de su anterior respuesta, aunque también realiza nuevas precisiones a la misma, “para mayor claridad en la respuesta”.
“Plena autonomía” de la auditoría ordenada por Puente
En este sentido, el Ejecutivo deriva la mayoría de cuestiones (algunas de ellas afectan al papel del presunto comisionista Víctor de Aldama y al subteniente de la Guardia Civil detenido por este caso) a las personas que realizaron la auditoría, aunque defiende que “han actuado con plena autonomía, realizando las actuaciones, analizando las cuestiones y llegando a las conclusiones que han considerado pertinentes, en virtud de las facultades atribuidas en la normativa citada en la respuesta señalada”.
El Ministerio de Transportes recuerda que la investigación fue realizada por los servicios administrativos “que tienen la competencia para llevarla a cabo de acuerdo con la normativa administrativa aplicable y cuando ha sido ordenada por la autoridad competente para ello”.
Tal como explicó en la anterior respuesta, Transportes argumenta que la finalidad de la auditoría consiste en “la revisión de los procedimientos internos de gestión y lograr ámbitos de mejora, sin que formara parte de ningún procedimiento administrativo sancionador o disciplinario, ni siquiera con el carácter de actuaciones previas”.
Por otro lado, sobre el coste económico de la auditoría, en términos de recursos humanos y técnicos, avituallamiento y ofimática, desplazamientos, dietas y complementos salariales, el departamento dirigido por Puente relata que la investigación ha sido realizada por “dos inspectoras generales de servicios, en el ejercicio propio de las funciones de sus puestos, y se han designado como colaboradores a varios funcionarios del Ministerio que han participado en la elaboración de la parte propositiva del informe”.
Por ende, remata: “No se ha incurrido en costes adicionales a las retribuciones salariales que perciben las personas que han realizado o participado en la elaboración de la auditoría, así como del uso de los medios tecnológicos y espacios de que disponen para el ejercicio ordinario de sus funciones”.
