El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Consejería de Sanidad de esa región y a su aseguradora Segurcaixa Adeslas S.A. a indemnizar con 25.000 euros a la familia de una mujer que falleció a consecuencia de un diagnóstico tardío de mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se forma en los glóbulos blancos y que acumula las células cancerígenas en la médula ósea.
Los hechos se remontan al año 2021, cuando los familiares de la fallecida, que tenía 69 años, presentaron una reclamación por los daños y perjuicios derivados de una presunta mala praxis médica en la atención sanitaria proporcionada por el servicio público sanitario de Castilla y León (Sacyl) a través del Centro de Salud Segovia II y el Hospital General de esa misma ciudad. Los demandantes consideraron que hubo falta de diagnóstico precoz y negligencia médica desde 2018, al asegurar que se desestimaron los síntomas de la paciente, como “dolores óseos y persistentes, pérdida de peso significativa, que fueron tratados de forma sintomática con analgésicos cada vez más potentes, sin que se le realizaran las pruebas diagnósticas necesarias”.
Sin embargo, la Junta y la compañía de seguros negaron que existiera mala praxis y sostuvieron que el deterioro de la salud de la paciente era consecuencia de la evolución natural de la enfermedad.
La sentencia del tribunal reconoce que, aunque no se puede determinar con certeza si la enfermedad estaba presente desde 2018, considera que hubo una omisión de pruebas diagnósticas y un manejo inadecuado de la sintomatología que la paciente presentó en ese período. Esta omisión, según el tribunal, afectó negativamente a las posibilidades de un tratamiento más oportuno y efectivo que podría haber mejorado su calidad de vida y, potencialmente, la supervivencia.
La Sala concluye que existió una pérdida de oportunidad, una figura jurídica que se aplica cuando la omisión de una actuación médica pudo haber incrementado las probabilidades de un mejor resultado, aunque no se pueda afirmar con certeza que el curso de la enfermedad habría sido distinto. Así, la Justicia ha reconocido una indemnización de 15.000 euros para el sobrino de la fallecida, que convivió con ella durante más de 20 años, y 10.000 euros para su hermana.
Una doctrina que “puede diluir la responsabilidad de las administraciones”
En ese sentido, Santiago Díez, letrado de los demandantes y de la Asociación El Defensor del Paciente, ha indicado que si bien respetan la decisión del tribunal, “no comparten la aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad en un caso como este, donde se ha demostrado claramente la mala praxis médica”, sostiene. “La falta de un diagnóstico oportuno, a pesar de la evidente sintomatología y del deterioro progresivo del paciente, no debería considerarse como una mera pérdida de oportunidad. Esta doctrina, aplicada de forma generalizada, puede diluir la responsabilidad de las administraciones sanitarias en situaciones donde se ha probado que la atención prestada fue inadecuada y perjudicial para el paciente”, añade Díez, que considera que la indemnización “no debería haber sido aminorada”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, indica que la sentencia “es un importante recordatorio de que toda persona, independientemente de la gravedad de su estado de salud, merece ser atendida con la máxima diligencia y profesionalidad”.
