El magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa que se sigue en el Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunto delito de revelación de secretos, ha asegurado en un auto, al que ha tenido acceso Infobae España, que "es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles“.
“Aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024, cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre”, añade.
En el mismo auto, especifica que “no desconoce este Magistrado que carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar; pero que, así sea, tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal”.
Los anexos de los informes de la UCO
En el auto el instructor ha fijado que acusaciones y defensas solo podrán acceder a los anexos de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de forma presencial en el propio tribunal.
Esta decisión viene en respuesta a la queja del investigado, Álvaro García Ortiz, sobre vulneración de la normativa de protección de datos por los que figuran en los anexos de los informes de la UCO. En lo sucesivo, señala el juez, se entregará a las partes el documento en que se recoja la pericia oficial, y los anexos que la complementan quedarán a disposición de las partes en la secretaría.
El juez se refiere a las citas que se han hecho al artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando dice que jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, conforme a sus competencias, podrán adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de resoluciones y documentos “siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva”, y sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión a las partes.
Indica que dicho artículo no establece con carácter absoluto la supresión de datos personales, por parte de los órganos judiciales, en todo tipo de documentos a los que puedan acceder la partes, sino que lo supedita a que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, “y qué duda cabe que cualquiera de las partes en el proceso puede tener un interés legítimo en conocer, íntegra, la documentación que se incorpore a él, de la que no se le debe privar en razón a esa tutela judicial efectiva”. Además, el propio artículo 236, recuerda el juez, señala que a las partes también incumbe cumplir con la normativa de protección de datos en relación a los datos personales que conozcan a través del proceso.
Tras destacar las reiteradas ocasiones en que ha recordado a los abogados el deber de reserva que tienen de acuerdo al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, añade que esa misma línea se seguirá en lo sucesivo en diligencias como los oficios de la UCO y sus anexos, estos últimos consultables en secretaría. Así lo acuerda para un último oficio de la UCO de fecha 21 de febrero, que consta de tres anexos, relativo a cambios de móvil del fiscal general, y señala que el mismo criterio se seguirá en lo sucesivo.
