“Permítame revisar su WhatsApp: lo que parecía ser solo una pesadilla destinada a desvanecerse en los agitados despertares nocturnos, es en realidad una pesadilla interminable para quienes conducen. Es la realidad de los hechos: y comienza precisamente a partir de este fin de semana. Nadie podrá evitar el control. Está hecho”. En estos términos tan dramáticos se refiere el medio especializado italiano Motor Zoom al cambio en los puestos de control de las carreteras de Italia que ha entrado ahora en vigor.
El medio continúa: “Deténgase, acérquese, entregue su licencia de conducir y su documentación, y muéstreme su WhatsApp. Suena más o menos así el mandato de los agentes durante un puesto de control, revisado, corregido y, sobre todo, actualizado respecto a los parámetros actuales a los que adaptarse. A partir de esta noche, todas las patrullas están autorizadas a plantear esta solicitud y quien se niegue o no quiera adecuarse, se enfrentará a serios problemas”. De hecho, se enfrentará a multas que pueden superar los 1.400 euros y a la pérdida de puntos en el carnet de conducir.
¿Y cuál es la justificación para esta norma que, como se ve, está provocando reacciones de drama queen entre los conductores italianos? La decisión busca combatir el uso de grupos de mensajería en los que los usuarios comparten información sobre la ubicación de patrullas y radares de velocidad, una práctica que las autoridades consideran perjudicial para la seguridad vial. Sin embargo, no se ha especificado qué tipo de información se pretende encontrar en los dispositivos móviles ni cómo se llevará a cabo la inspección.
Críticas por la posible violación de la privacidad
La medida ha sido recibida con indignación por parte de los automovilistas, quienes consideran que la revisión de sus teléfonos constituye una invasión a su privacidad. Muchos ciudadanos han cuestionado la relevancia de sus conversaciones personales para la seguridad en las carreteras. La percepción general es que el teléfono móvil es un espacio privado, una extensión de la vida personal, y su inspección por parte de las autoridades se percibe como una intrusión.
En España, la revisión de dispositivos móviles por parte de las autoridades está regulada por el artículo 18 de la Constitución Española, que establece la privacidad como un derecho fundamental. Según explica el medio especializado Red Jurídica, las fuerzas del orden no pueden acceder a un dispositivo sin una orden judicial, salvo en casos de urgencia en los que se justifique un interés constitucional legítimo.
Esta protección se ha extendido al ámbito digital, reconociendo lo que se denomina como “morada virtual”, un espacio donde se desarrolla la privacidad personal en la era tecnológica. En situaciones excepcionales, la Policía Judicial puede examinar los datos de un dispositivo incautado, pero debe informar al juez competente en un plazo máximo de 24 horas, detallando las razones del acceso y los resultados obtenidos.
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ya ha solicitado a la Dirección General de Tráfico (DGT) que estudie cómo prohibir el uso de grupos de mensajería que alertan sobre controles de alcohol y drogas. Este debate también ha llegado a las redes sociales, donde los usuarios comparten información similar, lo que plantea nuevos desafíos legales y éticos.
