Los límites de la libertad de expresión. Una polémica que viene de muy atrás, y que se ha extendido con las redes sociales. La diferencia entre la opinión libre y el mensaje de odio siempre ha sido muy fina. También ocurre con el humor, que plantea la duda de si todo debe estar permitido.
Estas dudas se han trasladado al mundo legislativo y jurídico. Los expertos, abogados o jueces discuten habitualmente sobre cómo fijar estos límites. Cada cierto tiempo se produce un caso de este tipo que provoca diferentes opiniones. La amplia definición de los delitos de odio —que consisten en actos o palabras que atenten contra una persona o un grupo con un motivo homófobo, racista, sexista, ideológico, etcétera— no ayuda a resolver una cuestión que no tiene respuestas simplistas ni soluciones sencillas.
En los últimos días, se han dado varias situaciones que han vuelto a plantear estos asuntos. Por un lado, un juez ha propuesto sentar en el banquillo de los acusados al humorista Quequé por uno de chistes, en el que ironizaba sobre “dinamitar el Valle de los Caídos”. En el otro lado del espectro ideológico, también se juzgará por delito de odio a un miembro del partido político Vox por romper unas fotografías de unas víctimas de la Guerra Civil. Y estos no son los únicos casos recientes.
¿Límites al humor? El caso de Quequé
Héctor de Miguel, también conocido como Quequé, ha sido uno de los últimos afectados por la cuestión de los delitos de odio. A sus 48 años, es una voz reconocida en el humor radiofónico, con sus distintas intervenciones en la Cadena Ser. La Vida Moderna, el programa que realizaba junto a Ignatius y David Broncano, le dio una gran exposición.
En esta ocasión, la polémica ha surgido con uno de sus comentarios en Hora Ventipico, programa que presenta de lunes a jueves a las 20:45. El 23 de enero, en un momento de la transmisión, bromeó sobre “dinamitar el Valle de los Caídos” o “apedrear a sacerdotes pederastas”.
Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción 38 de Madrid abrió la causa tras una querella interpuesta por Abogados Cristianos. El magistrado afirma que “se trata de expresiones de naturaleza ofensiva” y que “no puede entenderse que estas expresiones queden amparadas” por la libertad de expresión. La Fiscalía, sin embargo, ha recurrido la decisión al entender que no hay delito.
Los discursos de odio en redes sociales
Además, la audiencia madrileña juzgará el próximo lunes a un hombre por publicar mensajes en foros de internet deseando la muerte de los gitanos. El acusado habría realizado estos mensajes como respuesta a un usuario que aseguraba que un grupo de gitanos había robado los perros de asistencia a una joven con discapacidad. Esta historia resultó ser falsa.
La Audiencia de Madrid tratará este posible delito tras la denuncia puesta por la Fundación Secretariado Gitano. Esta organización solicita dos años y medio de prisión, junto a 18.000 euros de multa, por realizar comentarios como “habría que llevarlos a la cámara de gas y hacer jabón con ellos”.
Sara Giménez, directora de este organismo, explica que los insultos contra el colectivo gitano están muy extendidos y que no deben quedar impunes. También pide a los medios de comunicación que no se hagan eco de los prejuicios y faltas de respeto. Los casos en los que los delitos de odio promueven la discriminación de las minorías o van contra colectivos vulnerables son los que suelen resultar más punibles en los juzgados, de acuerdo con las experiencias pasadas.
También se enfrenta a un juicio el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), por romper las imágenes de unas víctimas de la Guerra Civil durante un Pleno en el que se debatía sobre la derogación de la Ley de Memoria Histórica. La resolución del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma solicita también al acusado una fianza de 40.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse durante el procedimiento. En un comunicado enviado a los medios, Le Senne ha asegurado que no dimitirá y ha subrayado que sigue “amparado por la presunción de inocencia”, También ha reiterado que el día del Pleno actuó “únicamente en aplicación del reglamento y sin ninguna intención de humillar a nadie”.
Según los últimos datos disponibles, en 2023 los delitos de odio crecieron un 21%. Ese año, los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 856 hechos, fueron los más numerosos y representaron el 41,8% del total de las denuncias. Le siguieron los delitos de odio cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (522 hechos), mientras que en tercer lugar se situaron los delitos de ideología (352 hechos).
