Arturo Torró, empresario y exalcalde del PP de Gandia (Valencia), no podía estarse quieto. Hay crónicas que incluso comparan su vida con la del corredor de bolsa popularizado por Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street: siempre hacia adelante, de un proyecto en otro... y de una polémica a la siguiente.
Se vendía como un empresario hecho a sí mismo, y lo era: montó desde cero un pequeño imperio de la venta de gafas, +Visión, que llegó a tener 340 franquicias en España y operó en Argentina y Uruguay. Como cuenta el diario El País, alcanzó una facturación anual de más de 60 millones de euros, y la vendió por una millonada en 2008, justo antes del estallido de la crisis financiera global. Después llegaron las malas decisiones: adquirió más de 20 millones de euros de participaciones preferentes de Bankia, un producto que arruinó a miles de personas, y entró en una espiral de deudas y quiebras de la que buscó salir dando el salto a la política.
Su plan —gestionar una administración pública como si fuera una empresa— está hoy de rabiosa actualidad, y en un inicio convenció a los votantes: ganó las elecciones en Gandia. Dejó huella con su particular estilo: contrató a Julio Iglesias con dinero municipal, acogió Gandía Shore y montó una plaza de toros portátil en la playa. Pero tanta fiesta no le sirvió para lograr la reelección, que perdió en 2015 frente a una coalición de la izquierda liderada por la socialista Diana Morant, hoy ministra de Ciencia.
Entonces abandonó la política y entró en una nueva espiral de problemas judiciales y económicos. Fue condenado a tres años y medio de prisión y seis de inhabilitación por malversación y fraude, por inyectar fondos de Gandia a dos canales privados. Recientemente había tenido un golpe de ‘suerte’, al recibir más de tres millones de euros en condiciones ventajosas del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el banco de la Generalitat, bajo el Gobierno del PP. Sin embargo, este miércoles, a las 22:30 de la noche, su cuerpo sin vida fue encontrado en una cuneta. El cadáver, según las primeras informaciones de la policía, presentaba signos de un posible estrangulamiento y de haber recibido un disparo en el tórax.
Otros asesinatos de políticos españoles
Este no es el primer asesinato de un político (o un ex político) en España. La mayoría han sido realizados por ETA: como cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), “desde que en noviembre de 1975 fuera asesinado el alcalde de Oyartzun (Guipúzcoa), hasta los disparos que acabaron con la vida de Isaías Carrasco, exconcejal de Mondragón (Vizcaya), en marzo de 2008, seis alcaldes, una veintena de concejales y dos presidentes de Diputación foral fueron objetivos de atentados con consecuencias mortales”.
Pero al margen de estos casos, hay otros dos que recuerdan de manera más acertada lo sucedido esta semana con Arturo Torró y que han pasado a la historia de la crónica roja española. Se trata de los crímenes de Fago, en Huesca, y Polop, en Alicante.
“Fago no es New York”
Para los amantes de la vida rural, Fago parece un destino ideal. “Es un hermoso pueblo de montaña en el Pirineo, junto al río Majones, cerca del límite con Navarra. Su casco urbano es un conjunto artístico, con calles empedradas y una arquitectura civil que destaca por sus empinados tejados, chimeneas troncocónicas y balconadas con barandillas de madera elaboradas”, cuenta la web de Turismo de Aragón. Pero dentro de las bellas viviendas de piedra de esta localidad de solo 33 habitantes, el 12 de enero de 2007 se vivía una situación de máxima tensión que también se liberó de manera violenta. Ese día, el alcalde Miguel Grima, del Partido Popular, murió tras recibir dos disparos en el pecho. Su cuerpo fue hallado en un terraplén de la carretera que conectaba Majones y Jaca.
Miguel Grima era una figura polémica, de esas que despiertan amores y odios sin dejar lugar al término medio. Con mano dura y un carácter fuerte (también descrito como “despótico”), el alcalde había tomado decisiones polémicas, como prohibirle a un vecino que pusiera una canasta de juguete en un balcón porque la normativa urbanística lo prohibía, según él, o como cobrar un impuesto muy elevado por permitir la terraza del único bar del pueblo. El propietario del bar colgó un cartel en señal de protesta: “Fago no es New York”.
Pero una de las broncas más conocidas se había dado con Santiago Mainar, guarda forestal y antiguo contrincante de Grima en las elecciones. Pocos días después del asesinato, la Guardia Civil detuvo a Mainar, que en su primer interrogatorio confesó el crimen. Sin embargo, como cuenta el libro Fago, si te dicen que tu hermano es un asesino, de Carles Porta, Mainar se retractó de su confesión inicial frente a la juez: “Confesé para proteger a la gente del pueblo. Porque no quería que siguiera la caza de brujas”. Afirmó que asumió el rol de culpable como una forma de desviar la atención mediática, lo que generó dudas sobre si realmente estaba encubriendo a otras personas.
La Justicia no consideró probada esta versión, aunque el Tribunal Supremo, al sentenciar a Mainar a 20 años de prisión, indicó que actuó “solo o en compañía de otros”. Cuando salía del juzgado, gritó ante los medios: “Soy inocente, soy inocente”. Mainar se encuentra recluido en la prisión de El Dueso, en Cantabria, y hasta el momento no ha solicitado ni un permiso de salida. Cumplirá su pena dentro de dos años.
Polop, un caso sin resolver
El 19 de octubre de 2007, a las nueve de la noche, Alejandro Ponsoda, el alcalde de Polop de la Marina, en Alicante (también del PP), salió de una conferencia que se impartía en el Ayuntamiento que gobernaba desde 1995. Se fue en coche a su casa de Xirles, una pedanía situada a cinco kilómetros. Cuando estaba en la rampa de acceso del garaje, al menos dos personas se acercaron a la ventanilla del conductor y dispararon tres veces. Una de las balas impactó en la cabeza del edil, que murió ocho días después. En el lugar del crimen quedaron los casquillos, de dos armas distintas.
El suceso destapó uno de esos casos que en la actualidad hacen el agosto de las plataformas de streaming: una historia de drogas, sicarios, clubes de alterne y negocios turbios que ha quedado sin resolver. Las investigaciones iniciales se centraron en dos líneas principales: la vida privada de Ponsoda y las disputas internas dentro del PP por el control del urbanismo en Polop. Poco después, las pesquisas llevaron a la policía a un burdel, el Mesalina. Y tirando de este hilo, encontró un presunto testigo.
Se trataba de uno de los porteros del local, antiguo mercenario confeso, que afirmó que un rival de Ponsoda dentro del PP, Juan Cano —que le sucedió en la alcaldía—, junto con el empresario del calzado Salvador Ros y sus dos jefes le ofrecieron “matar al alcalde de Polop”. Él rechazó la proposición, según dijo en el juicio, pero dio los nombres de otros dos sicarios, los checos Robert Franek y Radim Rakowski, que, como él, “vivían de estas cosas”. 13 años después del crimen, Cano, Ros, tres supuestos sicarios —incluyendo los dos checos— y el propietario y el gerente del Mesalina fueron detenidos por el asesinato y llevados a juicio.
Sin embargo, las declaraciones del testigo protegido se vieron debilitadas por algunas contradicciones, porque estaba implicado en otro caso de tráfico de drogas y porque no había otras pruebas que las sustentaran: ni armas ni rastros de ADN que vincularan a los acusados con el asesinato. Ante la falta de evidencias contundentes —varios de los testigos denunciaron, además, que habían recibido amenazas—, el jurado deliberó durante apenas 24 horas antes de absolver a los siete acusados. El asesinato de Alejandro Ponsoda sigue siendo un caso sin resolver.
