Por muchos recursos que se destinen, el tráfico de personas es un crimen que permanece oculto. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) calcula que tan solo se identifica a un 1% (o menos) de las víctimas afectadas por este delito, que mueve 236 mil millones de euros anuales en el mundo. España no es ninguna excepción a la norma: según los últimos datos del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en 2023 se identificaron un total de 1.466 víctimas de delitos de trata y explotación de seres humanos, pero existen al menos 7.049 personas en situación de riesgo.
Este descuadre es un problema que Amnistía Internacional certificó en un informe del año 2020, en el que criticaba la falta de “datos unificados y sistematizados que permitan dimensionar adecuadamente el alcance de esta violación de derechos humanos en España”. “La recopilación de datos completos sobre el tráfico de personas es un reto que enfrentan muchos países”, admite Kari Johnstone, Representante Especial y Coordinadora de la OSCE para la Lucha contra la Trata de Personas. “No tenemos un buen conocimiento de la escala y el alcance del problema. Es un crimen oculto por naturaleza y no tenemos una buena metodología para medirlo”, explica.
Johnstone culminó el viernes 14 de febrero una visita de cuatro días en Madrid, de la que se espera un informe de evaluación sobre la trata de personas y su persecución en España. Según el trabajo de Amnistía Internacional, “la detección de víctimas de trata es una labor casi en exclusiva de las organizaciones no gubernamentales especializadas”, sin embargo, tan solo las fuerzas del orden pueden identificar formalmente a las víctimas en el país, según explica Johnstone.
“Hay una brecha entre las víctimas que las fuerzas de seguridad están identificando como víctimas de tráfico, con todos los derechos y beneficios que vienen con ello, y las víctimas potenciales que la sociedad civil o incluso las organizaciones internacionales en otras partes del Gobierno español están identificando”, dice. La diferencia entre uno y otro no solo supone un golpe a la lucha contra el tráfico de personas, sino también un perjuicio para las víctimas no identificadas. “Muchas de ellas siguen siendo cuidadas, pero no tienen acceso a todos los derechos y beneficios que las víctimas formalmente identificadas reciben”, lamenta.
Migrantes y menores, los más vulnerables y olvidados
De las 1.466 personas identificadas formalmente como víctimas, 497 correspondían a delitos de tráfico de personas y 982 por explotación laboral y/o sexual. Entre ellos, sin embargo, no se encuentra ninguna persona extranjera. “El Gobierno no ha reportado que las fuerzas del orden hayan identificado víctimas de trata entre migrantes o solicitantes de asilo, ni en 2022 ni en 2023, los últimos años de los que tenemos datos, y sabemos que es un grupo altamente vulnerable en cualquier parte del mundo, no solo en España”, señala Johnstone.
Los números tampoco le cuadran a la OSCE en lo relativo a los menores de edad. “Había 18 menores identificados entre las víctimas de trata y explotación en 2023, un número bastante pequeño en comparación al total de 1.466 y teniendo en cuenta que, tanto en el mundo como en Europa, estamos viendo un incremento general en el número de menores identificados como víctimas de trata”, afirma la representante.
Desde la OSCE, instan a España a aumentar la identificación entre estas poblaciones tan vulnerables, especialmente entre los menores extranjeros no acompañados. En este esfuerzo, Johnstone defiende el “enfoque del camino social" para que no sean solo las fuerzas del orden quienes puedan identificar a las víctimas. “Que cualquiera dentro del gobierno o la sociedad civil que entre en contacto con víctimas de trata cuente con la información para saber qué buscar y qué hacer”, explica.
Esta estrategia podría ayudar a reducir la brecha entre personas en riesgo de explotación y víctimas oficiales. “Lo hemos visto en otros países, donde tienes más actores que pueden entrar en contacto con víctimas de trata, capaces de identificarlas en parte porque muchas veces las víctimas tienen miedo a las autoridades, han pasado por experiencias traumáticas”, dice Johnstone.
La representante entiende que debe ser una prioridad permitir a las personas que pueden construir una relación de confianza con los afectados “el tiempo y el acceso para construirla”, de la mano de ONG y socios internacionales. En este sentido, defiende la necesidad de “asegurar una protección fuerte en los sistemas que tratan con menores no acompañados que lleguen a Canarias o a otras áreas. Sabemos que hay vulnerabilidades específicas ahí”, asegura. Pide que se incorporen “medidas fuertes de prevención que sean consideradas con la infancia, pero también asegurándose de que los traficantes no tengan acceso a ellos”.
Retos a futuro
Pese a los fallos del sistema, la OSCE reconoce el liderazgo español en algunas áreas. “España está liderando el camino en términos de técnicas de investigación, un trabajo importante en el que se usan nuevas tecnologías para investigar mejor el crimen”, alaba Johnstone, que destaca especialmente los esfuerzos en la investigación financiera, “siguiendo el dinero para que podamos golpear a los traficantes donde más les duele”. Asimismo, la representante de la OSCE aplaude las “buenas prácticas de cooperación internacional” de España y ve en el país “un compromiso fuerte en la lucha contra el tráfico de personas”, si bien esperan ver un enfoque más centrado en las víctimas y la experiencia de los supervivientes.
“Los traficantes evolucionan constantemente, buscan nuevas formas de explotar a las víctimas”, advierte Johnstone. En los últimos tiempos, el mayor incremento en este tipo de delitos está en la criminalidad forzada, entre los que destaca los casos de fraude. “Un creciente número de personas que defraudan son obligadas a ello, y está incrementándose dentro de la OSCE”. El narcotráfico es otra de las actividades a las que se dedicarían los traficantes de personas.
Es un reto especialmente complejo, pues “la primera vez que estas personas se involucran en actividades criminales y se topan con las fuerzas del orden, es difícil que se piense que son víctimas del tráfico de personas”, explica. “Es una tendencia particularmente preocupante y, por desgracia, los criminales captan cada vez más a menores para que participen en esta actividad delictiva”, lamenta.
