El empadronamiento es la forma oficial que existe en España de acreditar el lugar de residencia habitual de una persona. Este procedimiento no es simplemente un trámite administrativo, sino que es lo que permite a los ayuntamientos de las localidades, a través del padrón municipal, planificar y asignar los servicios públicos en función del número de personas que residen en el municipio. Además, estos datos son los que utiliza el Instituto Nacional de Estadística (INE) para elaborar los censos y las proyecciones demográficas.
El empadronamiento en un determinado lugar le permite al usuario acceder a servicios públicos (como centros de salud o colegios públicos), solicitar ayudas y subvenciones, votar en las elecciones municipales e inscribirse en las escuelas infantiles e institutos cercanos al domicilio. Por este motivo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que todas las personas que residan en España deben empadronarse en el municipio en el que vivan la mayor parte del tiempo durante el año; de lo contrario, podría disfrutar de beneficios indebidos (como la educación en un centro escolar al que no tiene derecho a acceder) o eludir ciertas obligaciones (por ejemplo, las tasas municipales del lugar en el que realmente vive).
Por este motivo, es un procedimiento que tiene implicaciones fiscales, jurídicas y electorales y se ha permitido que en muchas localidades se endurezcan tanto los controles como las sanciones para aquellas personas que mienten en su empadronamiento o falsean su residencia.
Sanciones por vivir en un lugar distinto al del empadronamiento
Es importante destacar que en la legislación estatal no se detalla una multa específica para aquellas personas que se encuentren empadronadas en un lugar y su residencia habitual sea en otra localidad. Sin embargo, los ayuntamientos pueden dar de baja de oficio en el padrón si comprueban que se produce esta situación, tal y como recoge el Real Decreto 1690/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y sus posteriores modificaciones.
En grandes ciudades como Madrid o Barcelona, existe la posibilidad de proceder a realizar mecanismos de verificación para determinar si se producen falsedades en los datos de empadronamiento. Esto se puede saber, por ejemplo, por notificaciones devueltas, por visitas del Servicio de Inspección Municipal o incluso por denuncias de los vecinos. Algunos ayuntamientos disponen de ordenanzas específicas que regulan infracciones y sanciones, por lo que, además de dar de baja el empadronamiento, pueden abrir un expediente si se considera que ha habido falsedad documental o uso indebido de datos.
Lo más habitual es que el castigo por este empadronamiento en un lugar distinto al que se reside habitualmente sea su anulación, el requerimiento de solucionar los datos y una multa económica que varía según el número de habitantes del municipio:
- 75 euros para los municipios pequeños, de menos de 10.000 habitantes.
- 100 euros para municipios medianos, de entre 10.000 y 50.000 habitantes.
- 150 euros para grandes ciudades, de más de 500.000 habitantes.
Además, si hay manipulación intencionada y grave, se podría llegar a catalogar como un delito de falsedad en documento público, lo que podría conllevar una sanción mayor o incluso responsabilidad penal.
