El Tribunal Supremo ha avalado el registro que la Guardia Civil practicó durante casi 10 horas el 30 de octubre en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo que supone un respaldo a la investigación del juez Ángel Hurtado por presunta revelación de secretos.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, esta última en representación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, contra los autos del magistrado instructor Ángel Luis Hurtado, del pasado 30 de octubre, que acordaron la entrada y registro en los despachos profesionales de García Ortiz y Rodríguez, ambos investigados en causa que se sigue por presunto delito de revelación de secretos. Y lo ha hecho porque considera que los registros eran el único medio posible, pues los dispositivos estaban en los despachos, y porque “no quedaba otra alternativa”; de lo contrario, concluir que no se puede registrar el despacho del fiscal general conllevaría a “la renuncia” a la investigación y a la creación de un ámbito de impunidad.
El auto, que se ha dictado por unanimidad de los tres magistrados que forman la Sala de Apelación contra las resoluciones del instructor, que forman Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres, supone el aval del alto tribunal a la decisión del instructor del caso, Julián Sánchez Melgar, de ordenar la entrada en las dependencias profesionales de García Ortiz en la sede de la Fiscalía General del Estado.
Ni la Fiscalía General ni ninguna otra institución tienen una garantía de inmunidad, dicen los magistrados, que avalan la “necesidad, idoneidad y proporcionalidad” de la obtención de información para la causa, que gira en torno a la filtración de datos del caso por presunto fraude a Hacienda de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
El fiscal general ya ha anticipado a través de su estrategia de defensa que tiene la intención de acudir en amparo al Tribunal Constitucional frente a esta decisión.
Desestimados los recursos de apelación que presentó la Fiscalía
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, esta última en representación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, contra los autos del magistrado instructor Ángel Luis Hurtado, del pasado 30 de octubre, que acordaron la entrada y registro en los despachos profesionales de García Ortiz y Rodríguez, ambos investigados en causa que se sigue por presunto delito de revelación de secretos.
*Información elaborada por Europa Press y EFE
