El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó (PP), presionó en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para que se enviara la alerta cuanto antes, tal y como aseguran fuentes presenciales del centro a RTVE. Durante el encuentro, celebrado la tarde del 29 de octubre, Mompó habría instado a las autoridades presentes a mandar la alerta “de una puta vez”, ante la gravedad de las inundaciones que ya se estaban produciendo en la provincia.
El aviso a través del sistema ES Alert terminó llegando a los teléfonos móviles a las 20:11 horas. Para entonces, el temporal había causado estragos en varios municipios, dejando un balance de 224 muertos, 3 desaparecidos y miles de damnificados.
Fuentes de la Diputación de Valencia han manifestado a EFE que, por respeto a la investigación judicial en curso, no confirman ni desmienten que Mompó utilizara esas palabras ante la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. Sin embargo, han recordado que el propio Mompó declaró en entrevistas anteriores que fue él quien insistió en la urgencia de enviar la alerta a la población.
La jueza señala que la alerta fue “notablemente tardía” y “errada en su contenido”
Este martes, la jueza de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja, encargada de la investigación judicial sobre la gestión de la DANA en Valencia, ha señalado en un auto judicial que la alerta enviada a la población el 29 de octubre fue “notablemente tardía” y “errada en su contenido”. Según el documento, al que ha tenido acceso Infobae España, el aviso no se envió hasta pasadas las ocho de la tarde, un retraso que ha sido destacado por testigos y familiares de las víctimas.
La jueza enfatiza que muchas personas fallecieron sin haber salido de su vivienda, al intentar acceder a los garajes a por sus vehículos, o simplemente al encontrarse en la vía pública. En este sentido, recalca que, aunque los daños materiales eran inevitables, “las muertes si” podían haberse prevenido.
Investigación en curso y exigencias judiciales
El auto responde a una querella presentada por la asociación Damnificados Dana Horta Sud. En él, la magistrada solicita que, para que la demanda sea admitida, se deben identificar a los afectados dentro de la organización, se detallen las lesiones sufridas, la manera en la que ocurrieron y el tratamiento médico posterior. Además, subraya que en la querella no se menciona explícitamente si alguno de los miembros es familiar de alguna de las víctimas mortales.
En cuanto a la actuación de los organismos encargados de la emergencia, la jueza considera que aspectos como la demora en la asistencia a las localidades afectadas o la falta de coordinación deben ser evaluados en otros ámbitos, como el contencioso-administrativo o el político. No obstante, en el proceso penal se debe determinar el nexo causal entre la gestión del aviso y las consecuencias mortales del temporal.
La investigación judicial seguirá avanzando en los próximos meses para esclarecer las responsabilidades en la gestión de la emergencia y determinar si existió negligencia en la comunicación de la alerta que pudiera haber evitado pérdidas humanas.
*Con información de EFE.
