Las negociaciones del traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña se reactivaron tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El motivo fue adherir el apoyo de ERC y Junts en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. El acuerdo entre sendas partes incluyeron otras concesiones como la aprobación de una ley de amnistía para los líderes del procés y compromisos de mayor inversión en Cataluña. No obstante, tanto Renfe y Adif, como el SEMAF, no estuvieron de acuerdo con esta petición.
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) aseguró que este acuerdo “atenta gravemente” contra los trabajadores de Renfe e incumplía “los acuerdos alcanzados, tanto en 2007 como en 2021″, por el que se desconvocaron dos huelgas. De este modo, decidieron convocar una nueva protesta para oponerse “a la segregación del Grupo Renfe”, la cual tampoco se celebró por los acuerdos llegados el 23 de noviembre de 2023.
Ahora, los Comités Generales de Empresa de Adif y el Grupo Renfe han lanzado un comunicado por el que han puesto de manifiesto que “el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está vulnerando el acuerdo de desconvocatoria de huelga”. Las organizaciones, que han lanzado el mensaje a través del SEMAF, no toleran la prueba piloto que ha preparado el Ministerio y la Generalitat para desligar la R1 de la Red ferroviaria de interés general (RFIG), la cual está gestionada por Adif.
El acuerdo entre la Generalitat y el Ministerio para el traspaso de Rodalies
La Consejera de Territorio del Gobierno de la Generalitat entre 2023 y 2024, Ester Capella, y el Ministro de Transportes en 2024, Óscar Puente, se reunieron el 19 de febrero de 2024 con el fin de dar los primeros pasos en el traspaso de Rodalies desde el Gobierno Central hacia el Autonómico. En el encuentro se constituyeron seis puntos, donde se acordó la realización de una constitución de una sociedad de carácter mercantil, con una participación mayoritaria de la Generalitat. Esta sería la responsable de la gestión de los servicios ferroviarios en la Comunidad.
Asimismo, se acordó la gobernanza de la nueva empresa, con un consejo liderado por un presidente propuesto por el gobierno catalán; la preparación de los nuevos estatutos, que deben estar listos antes del 31 de diciembre de 2025; los medios para la prestación de dicho servicio; y los aspectos normativos, administrativos y laborales, así como la garantía de los derechos laborales mediante un convenio entre ambas empresas.
No obstante, el pasado 14 de enero sendas instituciones se volvieron a reunir para abordar el traspaso de un tramo ferroviario como “prueba piloto”. Esto consistiría en delegar a la Generalitat la parte de la línea 02-276, que conecta Bifurcación Sagrera (excluida del traslado) con Maçanet-Massanes, un tramo integrado en la línea R1 de Rodalies. La tarea será encomendada al Grupo de trabajo para el traspaso de infraestructuras, creado en marzo de 2023, quien debe definir todos los elementos técnicos a transferir en un plazo de tres meses desde la reunión.
Igualmente, en el documento se expresa la vitalidad del cumplimiento de las normas europeas de seguridad ferroviaria. Una vez completados los trabajos técnicos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Generalitat deben acordar y presentar una propuesta de traspaso. Esta será revisada por las comisiones competentes del Estado y la Generalitat, y finalmente aprobada por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto. Incluso, “El acuerdo de traspaso fijará las condiciones de financiación de aquellas actuaciones de mejora de la infraestructura en el tramo traspasado que estaban contempladas en el plan de cercanías 2025-2030 y aquellas que se incorporen en el nuevo plan”, han informado.
Renfe y Adif impugnan el acuerdo
El pasado lunes 17 de febrero los Comités Generales de Empresa de Adif y el Grupo Renfe (CGE’s) fueron convocados a una reunión del grupo de trabajo sobre el traspaso de Rodalies, donde se expusieron “los avances, intenciones y acuerdos suscritos” en el trato entre sendas instituciones. Sin embargo, las ideas planteadas no han cumplido las expectativas del bienestar del servicio ferroviario y los trabajadores.
Los puntos que han comentado las dos organizaciones en un comunicado el 18 de febrero han sido: “su intención de sacar de la RFIG la R1 como prueba piloto, y la indefinición jurídica sobre el futuro de la plantilla del Grupo Renfe que presta el servicio de Rodalies”. Y es que, estos asuntos incumplen el acuerdo de garantías firmadas en 2013 “entre Renfe Operadora y las organizaciones sindicales, en el cual el Ministerio se comprometía a velar por el cumplimiento del citado acuerdo”.
Concretamente, los puntos incluidos son “la garantía de integridad del Grupo Renfe y Adif, manteniendo sus plantillas y su operación” y el “mantenimiento de los estándares europeos y nacionales de la red requeridos para operar en la red ferroviaria de interés general”. No obstante, los CGE’s han asegurado que se incumple también el primer punto de la desconvocatoria de huelga de 2023, donde se acordó su participación “en las mesas de negociación”. Así, han declarado que “hasta la fecha hemos sido receptores de información de decisiones tomadas previamente”. Por lo que sendos comités han anunciado que: “se considera abierta la conflictividad, y se va a convocar reunión con carácter de urgencia para determinar las acciones a tomar conjuntamente.
La mirada de Europa ante la segregación de la R1
Ante la polémica surgida en las últimas horas, la Dirección General de Movilidad y Transporte (DG Move), el órgano encargado del desarrollo e implementación de las políticas europeas en materia de transporte, ha fijado su mirada en el proceso del traspaso, según la información de La Razón. La institución estaría analizando la regulación ferroviaria y la interoperabilidad.
Ante esta cuestión, el Consejo formado por Semaf, CC. OO., UGT, CGT y SF advirtieron que el diseño de esta operación, en particular la segregación de la línea 02-276, podría suponer una vulneración en los compromisos europeos, pues la infraestructura de seguridad ha sido financiada con fondos europeos tras apostar por la integración del sistema ferroviario en Europa. Mientras, las autoridades de la Generalitat defienden su postura, ya que la R1 no entraría dentro de estos criterios, al explotarse solamente en Cataluña.
