El colectivo LGTBI sigue siendo objeto de acoso y violencia en todo el mundo, una situación especialmente complicada en algunos países de América Latina, donde viven una realidad marcada por homicidios, ataques y discriminación. Así le ocurrió en Venezuela a K.C., un hombre homosexual de 33 años que sufrió una violación “perpetrada por un policía” en 2016 de la que aún trata de recuperarse. Debido a esa agresión por la que contrajo VIH y que le provocó un estado de tensión y miedo permanente, decidió marcharse e instalarse en Colombia, donde vivió hasta julio del año pasado, cuando se trasladó a España. El motivo por el que K.C. (nombre ficticio) se marchó de este segundo país es porque se encontró con uno de sus agresores y no estaba dispuesto a vivir atemorizado.
En Madrid, donde reside desde hace ocho meses y ha solicitado asilo por razones humanitarias, se encuentra más seguro, pero también ha atravesado enormes dificultades para acceder a la sanidad pública, barreras que acaban afectando a su bienestar físico y emocional, perpetuando situaciones de desigualdad y vulnerabilidad.
“El primer choque que tuve en la consulta es que me hablaron de forma muy despectiva cuando solo quería asesorarme, porque aún no sabía cómo funcionaban las cosas acá. Una doctora me preguntó cuál era mi nacionalidad, cuando en realidad no era un dato relevante, pero me dio a entender que éramos las personas extranjeras quienes traíamos las enfermedades a España”, explica a Infobae este joven. “Ser migrante no significa que no tengamos derechos”, critica.
K.C. asegura haberse sentido estigmatizado tanto “por ser latino como por su diagnóstico de VIH”. “Los médicos no me escuchan y me hacen sentir como si estuviera robando la atención médica que debería ser para españoles. Me han tratado como una basura y ya solo acudo al centro de salud cuando tengo una urgencia porque no quiero sentirme humillado”, relata. Además, menciona diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados que, lejos de mejorar su estado, han agravado su salud: “Sé que accedí a la sanidad, pero ¿a qué costo?”, se pregunta.
La única vez que le han atendido adecuadamente, sostiene, fue cuando acudió al centro médico Sandoval, el único en Madrid especializado en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Este joven también asegura que en España es donde realmente “ha sido consciente de su color de piel”, porque vive a diario episodios de racismo, especialmente cuando va al supermercado o cuando viaja en metro.
Denuncia de COGAM
Al igual que K.C., son muchas las personas migrantes LGTBI+ para las que el acceso a la sanidad pública continúa siendo un desafío en la región, tal y como ha denunciado el Colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de Madrid (COGAM), que critica “la discriminación, estigmatización y barreras burocráticas que enfrentan estas personas a diario al intentar ejercer su derecho fundamental a la salud". Las dificultades, aseguran, no solo responden a la falta de regularización administrativa, sino también “al trato deshumanizante y la falta de empatía en centros de atención primaria y hospitales", pues así lo reflejan algunos de los testimonios que ha recogido la organización, que evidencian “estigmatización por nacionalidad, orientación sexual, identidad de género y estado serológico“.
Es el caso de Nicolás Henríquez, chileno de 28 años, denuncia la falta de acceso a tratamientos preventivos como la pastilla de profilaxis preexposición o PrEP, que se toma para reducir las posibilidades de contraer la infección por VIH, debido a retrasos burocráticos: “Quise iniciar la PrEP, pero no me dieron cita hasta cinco meses después. Finalmente fui diagnosticado con VIH, algo que quizá pude evitar si me hubieran atendido antes”, relata.
La situación también es complicada para Vitória Ribeiro, estudiante brasileña de 27 años, pues el seguro privado exigido para su visado, explica, “es muy caro y poco eficiente”, de forma que si le ocurre algo fuera del horario de atención, “no puede recibir ayuda”. “Esto me genera una constante preocupación y ansiedad”.
Por todo ello, desde COGAM reclaman a las autoridades sanitarias madrileñas que garanticen “un acceso real y universal a la sanidad pública para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio o identidad”, así como combatir el estigma y la discriminación a través de programas de sensibilización y formación del personal médico.
Otro de los reclamos del colectivo es la formación específica para el personal sanitario en materia de diversidad LGTBI+ y atención a personas migrantes y piden que se facilite el acceso a tratamientos preventivos y específicos, como la PrEP y los antirretrovirales, “sin trabas burocráticas”. El sistema sanitario, concluyen, “debe ser un espacio seguro donde cualquier persona reciba atención digna y de calidad”.
