La Fiscalía General del Estado, liderada por Álvaro García Ortiz, ha intensificado la revisión de más de un centenar de casos relacionados con la denuncia colectiva presentada por asociaciones de víctimas sobre el trato recibido en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del covid-19.
Durante los meses más duros de la pandemia murieron 9.468 ancianos y ancianas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid. El 77% de ellos, esto es 7.291, murieron sin ser trasladados a un hospital a causa de los protocolos de exclusión sanitaria firmados por altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Según informó EFE, el fiscal general aseguró que el análisis que ha está desarrollando la Fiscalía se está llevando a cabo “con la máxima celeridad” para evitar que los hechos denunciados prescriban.
Durante su intervención en la Comisión de Justicia del Senado, García Ortiz detalló que la denuncia colectiva señala que los protocolos de no derivación aplicados en las residencias durante la crisis sanitaria habrían resultado en la denegación de asistencia médica al 80 % de los residentes.
Además, se alega que no se medicalizaron los centros y que se restringió el acceso a atención sanitaria en hospitales privados, salvo en los casos en que los residentes contaban con un seguro médico.
Investigaciones individualizadas
El fiscal general explicó que se han llevado a cabo reuniones tanto con los representantes de las asociaciones que impulsaron la denuncia como con los fiscales responsables de su análisis.
Según detalló, cada caso está siendo revisado “de uno en uno”, abriendo diligencias de investigación específicas para cada víctima con el objetivo de determinar si los hechos ya habían sido objeto de indagación previa.
En los casos en los que ya existía un procedimiento judicial abierto, la denuncia ha sido remitida a los tribunales correspondientes, y se han solicitado las diligencias necesarias para avanzar en las investigaciones. García Ortiz subrayó que, cuando los hechos denunciados coinciden con los de casos ya en curso, se están integrando las nuevas pruebas y testimonios aportados por las asociaciones.
27 procedimientos abiertos
De acuerdo con los datos proporcionados por el fiscal general, hasta noviembre de 2024 se contabilizan 27 procedimientos judiciales abiertos relacionados con fallecimientos en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.
Sin embargo, ocho de estos casos se encuentran pendientes de resolución tras la interposición de recursos de apelación contra su archivo por parte de la Audiencia Provincial. El origen de esta revisión masiva se remonta a abril de 2024, cuando la Fiscalía General recibió un informe elaborado por la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid.
Este documento motivó que la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid elaborara un informe sobre los datos recopilados en relación con la gestión de las residencias durante el año 2020. Posteriormente, en mayo, la Secretaría Técnica de la Fiscalía emitió un oficio solicitando a los fiscales superiores de todo el país información actualizada sobre los procedimientos en curso.
Según los datos recabados, a nivel nacional aún permanecen en trámite 91 procedimientos relacionados con la gestión de las residencias durante la pandemia, lo que evidencia la magnitud del impacto de la crisis sanitaria en este sector.
Un modelo residencial en cuestión
Más allá de las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse de estas investigaciones, García Ortiz destacó que la pandemia puso de manifiesto la necesidad de replantear el modelo de atención residencial en España.
El fiscal general subrayó que la crisis sanitaria evidenció carencias estructurales en el sistema de cuidado de personas mayores, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de implementar reformas profundas en este ámbito.
Las denuncias presentadas por las asociaciones de víctimas buscan esclarecer si las decisiones tomadas durante los momentos más críticos de la emergencia sanitaria vulneraron los derechos de los residentes y si estas acciones o inacciones tuvieron consecuencias fatales.
Con la revisión de estos casos, la Fiscalía General del Estado busca no solo garantizar justicia para las víctimas y sus familias, sino también sentar precedentes que permitan evitar situaciones similares en el futuro.
