El movimiento por la vivienda digna ya advirtió que seguiría movilizándose hasta alcanzar sus objetivos: una bajada de los precios del alquiler, la creación de más vivienda pública y social y medidas para que ninguna persona pueda ser desahuciada si no tiene una alternativa habitacional. Por eso ahora, tras varias manifestaciones multitudinarias en diferentes puntos de España -la más reciente el pasado 9 de febrero en Madrid-, los sindicatos de inquilinas, plataformas por la hipoteca y asambleas contra los desahucios, entre otros colectivos, han decidido dar un paso más y convocar la primera manifestación a nivel estatal por el derecho a la vivienda para el sábado 5 de abril.
“Sabemos que convertir la vivienda en un derecho, tras décadas de especulación, es un camino largo. Pero hay un primer paso claro: bajar los alquileres un 50%, pues en un contexto de precios en constante subida, lograr esa reducción supondría un golpe directo al negocio que han montado con nuestras casas", indican los Sindicatos de Inquilinas en un comunicado.
Las organizaciones también critican que “una pequeña minoría de rentistas se esté enriqueciendo a costa de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad, así como la impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria y la imposibilidad de construir proyectos de vida” por la falta de acceso estable a una vivienda.
Más grave aún, denuncian, es la situación en las ciudades turísticas como Barcelona, Málaga o Palma de Mallorca, donde los alquileres de temporada y el modelo turístico “están expulsando a las vecinas de sus barrios y precarizan a las trabajadoras del sector”.
Entre sus principales reivindicaciones también figuran los contratos de alquiler indefinidos, ya que con los actuales, según establece la ley, “cada 5 o 7 años los inquilinos se ven obligados a dejar su hogar para ver cómo después sube ese alquiler, lo cual provoca miles de desahucios invisibles”, aseguran. Esos contratos indefinidos, añaden, permitirían “desarrollar proyectos de vida”.
También reclaman la recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada “para que cumplan una función social”, así como exigen el fin de la compra especulativa, tanto por parte de fondos buitre como de rentistas individuales.
Prácticas violentas de los grupos de desokupación
El movimiento por la vivienda digna pide asimismo la desarticulación de grupos de desokupación, ya que cada vez son más los caseros que acuden a estos grupos para echar a la gente de sus hogares “con coacciones y amenazas”, aseguran. “Estas prácticas violentas deben prohibirse”, añaden en el comunicado, donde también destacan la importancia de que aumente el parque público de vivienda y disolución de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
“Es necesario ampliar el parque público de vivienda, pero no a través de la construcción masiva, sino de la vuelta al parque público de la vivienda de la Sareb y de expropiaciones”, concluyen.
Organización sindical en barrios y bloques de grandes propietarios
El movimiento por la vivienda digna ha anunciado que en las próximas semanas intensificarán su trabajo en los barrios, ciudades y bloques de grandes propietarios para “reforzar la organización y preparar la movilización del 5 de abril”, pues consideran que solo la organización puede terminar con el problema del acceso a la vivienda, que ya se ha convertido en uno de los principales problemas de la población en España, y no solo para las personas jóvenes o migrantes, sino para miles de familias.
En ese sentido, las organizaciones destacan que la movilización vecinal logró recientemente paralizar el desahucio en la casa Orsola de Barcelona, símbolo de resistencia contra la especulación inmobiliaria, y posteriormente el Ayuntamiento de la ciudad condal y la entidad del Tercer Sector Hàbitat3 llegaron a un acuerdo para comprar el edificio, que pertenecía a un fondo buitre. El Sindicato de Inquilinas recuerdan que ya hay vecinos en Madrid que han iniciado huelgas de alquiler contra La Caixa y Nestar-Azora, que son algunos de los principales caseros del país, al considerar que les han impuesto cláusulas abusivas en sus contratos.
