El caso comenzó de la manera más anodina: dos adolescentes de 13 y 16 años se suben a un autobús en Montpellier y se sientan sin pagar el billete. Algo muy habitual en Francia, donde es posible viajar ‘gratis’ en este transporte público siempre que no tengas la mala suerte de que se suban los controladores a revisar a los pasajeros. Esa ‘mala suerte’ es lo que les ocurrió a estos dos jóvenes, que se negaron a identificarse. En ese momento, la situación escaló.
Cuando llegó la policía y registró sus mochilas, realizó un descubrimiento inesperado: encontró joyas de gran valor y herramientas sospechosas, lo que desencadenó una investigación a fondo. Y las pesquisas condujeron hasta un apartamento alquilado en Airbnb, donde encontraron un botín impresionante: 90.000 euros, incluyendo artículos de lujo como bolsos de Louis Vuitton y relojes Rolex.
Los investigadores identificaron un modus operandi sofisticado y sistemático en los ocho robos: los jóvenes forzaban las cerraduras y, para retrasar la detección del delito, colocaban un pequeño trapo en el mango de la puerta, un método utilizado para disimular la intrusión.
Ahora el caso ha recaído en la fiscalía de menores, donde su situación plantea interrogantes, especialmente considerando la corta edad de uno de los dos acusados.
Endurecimiento de las penas a los menores de edad
Justo esta semana, la Asamblea Nacional aprobó esta semana un proyecto de ley que endurece las sanciones para menores infractores y sus padres. El proyecto, impulsado por el ex primer ministro Gabriel Attal y el actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin, fue aprobado con 125 votos a favor y 58 en contra. Entre las medidas más destacadas, se encuentran la comparecencia inmediata ante un juez para menores de 16 años que cometan delitos graves, la eliminación de atenuantes para mayores de 16 años reincidentes o responsables de delitos graves, y la posibilidad de sancionar a los padres de los jóvenes infractores. Estas disposiciones buscan responder a lo que el gobierno considera una “explosión de violencia” entre los menores.
La aprobación de esta ley ha generado un intenso debate en el Parlamento. El bloque de izquierda se opuso al proyecto, calificándolo como una medida de “extrema derecha” que atenta contra los principios de la justicia juvenil establecidos tras la Segunda Guerra Mundial.
El endurecimiento de la legislación juvenil no es un tema nuevo en Francia. El Código de Justicia Penal de Menores, que entró en vigor en 2021, ya había introducido reformas significativas para agilizar los procedimientos. Los delitos más comunes de los menores en el país incluyen posesión y tráfico de drogas (63%), violaciones y agresiones sexuales (59%) y robos agravados (50%). Aunque el presidente Macron denunció en 2024 un aumento de la “ultraviolencia” entre los jóvenes, las cifras del Ministerio del Interior muestran una disminución del 24% en los casos judiciales de menores entre 2019 y 2022.
A pesar de las críticas, el ministro Darmanin elogió la iniciativa de Gabriel Attal y destacó la necesidad de adaptar el marco legal a la realidad actual.
