De entre todas las formas de violencia de género que existen, los asesinatos son, sin duda, la expresión más extrema. Pero hay otras como la violencia psicológica, la económica o la digital que, aunque más sutiles, tratan igualmente de controlar, amedrentar, acosar y humillar a las mujeres, perpetuando así el maltrato. Con el objetivo de combatir los distintos tipos de violencia contra las mujeres, el pasado lunes todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, decidieron aprobar 460 medidas para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Las principales novedades del documento se centran en la violencia vicaria ejercida contra la infancia, la violencia digital de género y la violencia económica, que es aquella que se ejerce contra la mujer de forma intencionada para controlar o limitar su acceso a recursos económicos, ya sean propios o de la unidad familiar, si bien en el texto también se incluyen medidas para combatir la trata y la violencia sexual. Además, por primera vez se planteará la tipificación como delito de la violencia económica ejercida por parejas y exparejas, una iniciativa popular judicial que impulsó en 2021 la magistrada Lucía Avilés, quien destaca la importancia de que los partidos políticos hayan logrado un acuerdo en el Congreso para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
“Aunque hubiera sido deseable la unanimidad, ha habido un acuerdo de la gran mayoría de las fuerzas políticas y eso es muy positivo”, dice a Infobae España la también vocal del Consejo General del Poder Judicial. En cuanto al reconocimiento de la violencia económica como una forma de violencia machista, Avilés destaca que se trata de un “primer paso muy importante”, si bien el objetivo final es la modificación legislativa del Código Penal, pues el texto propone que todas las conductas que buscan “limitar la economía e independencia de las mujeres” puedan ser consideradas como delictivas.
“Todos sabemos que este tipo de violencia genera una situación de estrangulamiento económico y una dependencia hacia el agresor tanto de la madre como de los hijos e hijas, lo cual impide a las mujeres salir de ese ciclo de la violencia machista”, añade la magistrada.
En este tipo de violencia el maltratador ejerce control sobre la víctima mediante impagos de las pensiones alimenticias, privaciones de recursos o incluso prohibiciones de que tenga empleo, y puede ser muy duradera en el tiempo porque va más allá de la separación de la víctima con el maltratador e implica un empobrecimiento que con frecuencia supone endeudamientos para toda la vida, pues en algunas ocasiones ellos se quedan con todos los ingresos y ahorros de la víctima. “Se trata de una violencia que siempre está en el relato de las víctimas y que se manifiesta, incluso, con unos efectos psicológicos y daño social, no solamente en relación con la madre, sino también en relación con las hijas e hijos”, destaca Avilés.
En cuanto a la violencia vicaria, el Pacto de Estado aboga por mejoras en la formación de los profesionales que tengan contacto habitual con niños, niñas y adolescentes víctimas, así como por las reformas necesarias para perfeccionar las redes asistenciales de mujeres con hijos e hijas. Propone, además, revisar los protocolos de valoración de riesgo para que tengan en cuenta a las víctimas menores de edad, según informa la Agencia EFE.
El nuevo pacto también contiene medidas relativas a la educación, la sensibilización o los medios de comunicación, así como de formación. Del mismo modo, el texto incluye “nuevas miradas” sobre víctimas del mundo rural y víctimas con discapacidad, así como medidas para la atención de las víctimas españolas en el extranjero y de las víctimas migrantes en España.
Debe ser ratificado por el Pleno del Congreso
Después de que el pasado lunes la Subcomisión del Congreso para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género elevara el informe final a la Comisión de Evaluación y Seguimiento, esta debe ahora dar su visto bueno para que después sea ratificado por el Pleno de la Cámara Baja. La vigencia de este Pacto será de cinco años, como la del anterior dictamen, que fue aprobado a finales de 2017.
También habrá un aumento de la dotación económica, que ascenderá a 1.500 millones de euros, un 50% más, según han señalado fuentes parlamentarias a EFE. Ese incremento del soporte económico del pacto beneficiará especialmente a las administraciones autonómicas y municipales, de forma que a las regiones llegarán 160 millones anuales (un 60% más) y a los ayuntamientos, 40 millones (un 50% más).
De igual forma, el nuevo Pacto se vertebrará en los mismos diez ejes que el anterior: sensibilización y prevención, coordinación institucional, asistencia y protección de víctimas, asistencia y protección de menores, formación, conocimiento científico sobre las violencias, recomendaciones a comunidades autónomas y entidades locales, atención a las violencias fuera de la pareja, compromiso económico y evaluación de las medidas.
