“Es un paso necesario para acabar con esta violencia”, explica la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, impulsora de la ley que varias formaciones a la izquierda del PSOE llevarán el próximo martes 18 de febrero al Congreso. Sumar, Podemos, ERC y BNG son los primeros grupos políticos confirmados (por ahora) que pondrán su firma en una norma concebida para poner fin a estas pseudoterapias.
Fuentes de esta organización confían en que se sumen al registro a EH Bildu, PNV y Junts. En cuanto al PSOE, desde la entidad fundada por el abogado Saúl Castro agregan que, “hasta la hecha, no ha sido capaz de confirmar si va a apoyar esta proposición de ley a pesar de que la lleva estudiando más de un año”, tal como afirman fuentes de esta organización a Infobae España.
La asociación priorizó la negociación con los socialistas, que llevaron esta reivindicación en su programa electoral de las generales de 2023. “Como ya hacen 43 estados, incluiremos las terapias de conversión como un delito tipificado en el Código Penal, ya que, como señala el experto independiente de la ONU, ‘todas las terapias de conversión parten de la creencia de que las personas sexualmente diversas o de género diverso son, de alguna manera, inferiores’”, reza la propuesta del partido de Pedro Sánchez.
Estas voces agregan que, “desde marzo de hasta enero de este año, el PSOE se ha dormido en los laureles y no ha hecho absolutamente nada”. Asimismo, aunque los socialistas han deslizado su apoyo a esta medida, la organización manifiesta su “sorpresa” y lamenta que “estén tardando tanto en tomar una decisión que deberían tener muy clara”.
Por su parte, fuentes parlamentarias del PSOE confirmaron a Infobae España su intención de acometer este cambio legislativo a lo largo del actual periodo de sesiones, que ha comenzado esta semana. Como muestra de esta voluntad, cabe recordar que el Ministerio de Igualdad, dirigido por la socialista Ana Redondo, abrió hace justo un mes un expediente para investigar la denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión sobre la celebración de talleres para cambiar la orientación sexual en siete diócesis españolas y determinar si deben ser sancionadas.
Días después, la propia ministra de Igualdad se abrió a estudiar la posibilidad de promover una reforma del Código Penal para hacer que las terapias de conversión para personas del colectivo LGTBI sean delito. Así lo adelantó tras reunirse con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, tras la denuncia de la organización.
Pero la asociación no quiere esperar más y ha dado un paso adelante de la mano de varias formaciones favorables a la norma. “El martes 18 de febrero de 2025 estaremos un paso más cerca de conseguir este objetivo. Gracias a un trabajo estrecho y continuado con Compromís, Más Madrid, Comuns, Izquierda Unida, Sumar, Podemos, ERC y BNG se registrará en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica para criminalizar la práctica de terapias de conversión”, avanza esta entidad a Infobae España.
Una realidad a pesar de estar prohibidas por ley
“Hasta la fecha, a pesar de llevar casi diez años prohibidas en España las terapias de conversión a personas LGTBI, no se ha investigado ni sancionado a ninguna de todas las organizaciones que No Es Terapia documenta y denuncia”, dice la organización. De hecho, la posibilidad de penalizar estas prácticas ya se puso sobre la mesa durante la tramitación de la ley trans, aprobada en 2023.
Más País, entonces liderado por Íñigo Errejón, presentó una enmienda para tipificar estas prácticas en el Código Penal, ya que su prohibición en siete comunidades no había conseguido erradicarlas antes de que su restricción se extendiera a todo el país en la norma sobre los derechos de las personas LGTBIQ+. “La ley 4/2023 no fue capaz de corregir” esta práctica, apostilla la asociación.
En su denuncia del pasado 30 de diciembre ante el ministerio de Ana Redondo, la entidad que dirige Saúl Castro, abogado especializado en derechos humanos, litigio estratégico y derechos LGTBIQ+, aseguró que, a través del proyecto Transformados, esas siete diócesis han promovido este tipo de eventos con testimonios de personas que aseguran haber dejado de ser homosexuales.
En ellos, se “presentan una visión muy estigmatizada y denigrante de lo que es la homosexualidad y las identidades LGTBI”, explicó entonces a Infobae España Saúl Castro, de forma que a través de “una vida en castidad absoluta y de llevar a cabo prácticas religiosas diarias como la lectura de la Biblia, el rezo del Santo Rosario, asistir a misa o confesarse, así como la asistencia a encuentros espirituales y religiosos, dicen que la homosexualidad no es una orientación sexual natural y normal, sino que viene producida por traumas a lo largo de la infancia”.
La asociación empezó a investigar los hechos en 2023, a raíz de unos panfletos en los que se invitaba a personas del colectivo LGTBIQ+ a acudir a eventos que hablaban de “encontrar la conversión sexual en la castidad”, el mencionado proyecto Transformados. Incluso miembros de la propia organización han estado presentes en algunos actos, tal como constató en su denuncia.
Detrás del proyecto Transformados, aseguró la organización, “se encuentra la firma Media Salud Comunicación S.L. y la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI, que es la empresa titular del periódico Religión en Libertad”. En ese sentido, responsabilizaron también a las siete diócesis por “haber cedido sus espacios para celebrar este tipo de eventos”, a pesar de que la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI no lo permite.
¿Qué dice la ley?
Para acabar con las terapias de conversión de manera definitiva, la organización plantea criminalizarlas. “Una vez estas prácticas sean tipificadas en el Código Penal, serán los jueces (y no las autoridades políticas) quienes las investiguen, garantizando que se respetan los derechos de los investigados, pero también los de los denunciantes. Las víctimas de esta violencia podrán reclamar indemnizaciones y tendrán la condición legal de víctimas de un delito, con los derechos que conlleva. Los autores de estas prácticas no podrán librarse con un crowdfunding de las sanciones que se les impongan”, resume la asociación.
En concreto, la ley incluye en el Código Penal un tipo delictivo autónomo, “pudiendo limitar la tutela administrativa de estos abusos a aquellas conductas accesorias –en aras de respetar el principio de intervención mínima del derecho penal–, como lo serían la promoción, difusión o el empleo de comunicaciones falsas, fraudulentas y desinformadoras para captar víctimas”, reza el texto legislativo al que ha tenido acceso Infobae España.
En estos supuestos, dice la norma, “la actuación administrativa sí que puede ser suficiente, toda vez que en el tipo infractor consistente en promoción o difusión, es precisa una conducta pública que, por su propia naturaleza, ofrece una base suficiente para que las autoridades administrativas puedan actuar y sancionar los hechos”.
La ley propone además una batería de medidas dirigidas a garantizar que “se investiga y se mide estadísticamente la magnitud de estas prácticas en nuestro país; así como el perfil de las víctimas y sujetos afectados por los Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género (‘ECOSIEG’). Todo ello con la finalidad de contar con datos sociológicos precisos que permitan desarrollar políticas públicas certeras para erradicar esta violencia, prevenirla y reparar a las víctimas”.
