¿Puede un abogado de oficio renunciar a un caso? Estas son las justificaciones

La justicia gratuita en España es un derecho esencial que garantiza que la falta de recursos económicos no impida a las personas ser defendidas ante un tribunal. A esto se le llama ser abogado de oficio, un profesional del derecho que asiste a quienes no tienen recursos suficientes para contratar representación privada. En España, este derecho está regulado por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que establece los criterios de ingresos económicos brutos para acceder a este servicio. Además, en el ámbito penal, se designa un abogado de oficio en los procedimientos donde su intervención es obligatoria y no se ha nombrado un abogado de confianza.

En principio, un abogado de oficio está obligado a aceptar y defender el caso para el que ha sido designado, como explican desde el despacho de abogados Práctica Legal. Sin embargo, existen circunstancias específicas que pueden justificar su renuncia, tanto en el ámbito penal como en el civil. Estas razones están sujetas a revisión y aprobación por el Colegio de Abogados correspondiente.

Como explican desde el despacho, dentro del orden penal, los abogados de oficio pueden solicitar su renuncia en los siguientes casos:

• Insostenibilidad de la pretensión: Si el letrado considera que la petición de su cliente carece de fundamento legal, puede presentar el rechazo al caso en un plazo de 15 días desde su designación. Para ello, debe argumentar las causas jurídicas que justifican su decisión.
• Causas personales: Si el abogado se encuentra en una situación que afecta su objetividad en la defensa, puede alegar una causa justa y personal. Esto suele ocurrir cuando existe un conflicto previo con el cliente que compromete la relación de confianza. En estos casos, la solicitud debe presentarse en un plazo de tres días y será evaluada por el Decano del Colegio de Abogados.
• Defensa contraria: Si el abogado ha representado previamente a una persona que ahora es la parte contraria en el proceso, se genera un conflicto de intereses. En estos casos, el letrado está obligado a renunciar para garantizar la imparcialidad en la defensa.

En el ámbito civil, la obligación del abogado de oficio es continuar con la defensa hasta la finalización del procedimiento. No obstante, se permite la renuncia en casos excepcionales, siempre que exista un motivo justo y personal. La solicitud debe presentarse en un plazo de tres días y la decisión será tomada por el Decano en un máximo de cinco días.

Negarse a asumir un caso sin una justificación válida puede acarrear sanciones disciplinarias para el abogado, incluyendo la apertura de un expediente sancionador.

La relación de confianza entre abogado y cliente es clave para una defensa efectiva. Si esta confianza se rompe, ya sea por parte del abogado o del cliente, se puede solicitar la sustitución del letrado. Esta petición debe ser presentada ante el Colegio de Abogados, que evaluará la solicitud antes de proceder con un posible cambio de defensor.