Luis Medina y Alberto Luceño se sientan desde este martes en el banquillo de los acusados. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madriddeberá dirimir si los dos empresarios estafaron al Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez Almeida durante lo peor de la pandemia en una operación de compraventa de material sanitario que conllevó jugosas comisiones para ambos intermediarios.
La Fiscalía solicita 15 años de prisión para Luceño y 9 para Medina, hijo de Naty Abascal y del antiguo Duque de Feria. Entre los testigos del juicio está llamado a declarar Carlos Martínez-Almeida Morales, primo del regidor y que tenía un mote muy curioso entre el personal de confianza del político del PP: “El primo guapo de Almeida”.
Antes de que todo se hiciera público ya aparecía una primera pista en la biografía panegírica que dos periodistas de La Razón habían publicado en 2020 para ensalzar la figura de Almeida durante la pandemia. El libro (Almeida, el hombre tranquilo) incluía un párrafo que entonces parecía inocente pero que con el paso del tiempo se convirtió en esclarecedor. El texto hablaba de las dificultades que tenía el Ayuntamiento de Madrid para encontrar material sanitario (mascarillas, guantes…) para el personal municipal: bomberos, policías y otros funcionarios. Todo era “un mercado persa” y “nadie se salvaba del pirateo”. Según el libro, “en el éxito de estas adquisiciones de material fue decisiva la ayuda de Rafa Medina, hijo de Naty Abascal, cuyos contactos en el mercado textil chino fueron muy útiles”. ¿Qué tipo de ayuda fue esa?
En marzo de 2020 Rafa Medina (un bróker de carne de cerdo y pollo, como se definió él mismo) y un socio suyo llamado Alberto Luceño se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para ofrecerles ese material sanitario que tanto escaseaba en plena pandemia del coronavirus. Lo hicieron, según la Fiscalía Anticorrupción, “con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”. Luis Medina fue el que contactó con el Ayuntamiento porque una amiga suya (presidenta de una universidad privada) le dijo que conocía a un familiar muy directo de Almeida, un abogado llamado Carlos Martínez-Almeida Morales. El “primo guapo”.
Luis Medina hizo de intermediario con el Consistorio porque “era un personaje público y famoso, hijo del Duque de Feria y de una afamada modelo”, señala la Fiscalía. Esa fama, en principio, le hacía más fácil acceder al Ayuntamiento. La amiga de Medina llamó al primo del alcalde. Este llamó a su vez a Matilde García-Duarte, entonces la mano derecha de Almeida, quien le pasó el correo personal del alto cargo encargado de comprar el material sanitario, la Coordinadora General de Presupuestos del Ayuntamiento, Elena Collado. García-Duarte y Collado declarará también como testigos en el juicio. Medina envió un primer correo el 18 de marzo y un segundo el día 19. “De este modo tan rápido y eficaz, al margen del correo general de ofertas habilitado por el Consistorio y, por tanto, con manifiesta ventaja sobre otros posibles ofertantes de material”, Medina consiguió abrir las puertas del Palacio de Cibeles.
Ventas por 15,9 millones de euros
Elena Collado empezó a tratar con Medina y Luceño, sobre todo con este último, quien “fingió ser agente exclusivo para Europa de la empresa malaya Leno Sdn Bhd”. Collado acabaría aceptando su propuesta porque era fiable al venir de “empresarios” y “españoles”. Con el paso de los meses y de las negociaciones, Collado incluso propuso que el Ayuntamiento debería otorgar medallas a los dos desinteresados empresarios que tanto estaban ayudando en lo peor de la pandemia. ¿Qué ofrecía la pareja de avispados empresarios? Un millón de mascarillas KN95; dos millones y medio de guantes de nitrilo y 250.000 test rápidos para detectar el coronavirus. Todo el material procedía de la empresa de Malasia llamada Leno y administrada por un empresario llamado supuestamente San Chin Choon. Y todo por la comedida suma de 15,9 millones de dólares.
Luceño y Medina ocultaron al Ayuntamiento “no solo su nula experiencia en temas de material sanitario, sino lo que es más grave, el hecho de que habían inflado el precio de los contratos”. Porque el coste del material era mucho más barato, ya que ellos se llevaban una comisión del 60% en las mascarillas, del 81% en los guantes y del 71% en los test. Un negocio redondo a costa de las arcas públicas municipales. El Ayuntamiento aceptó los pagos e hizo nueve transferencias entre marzo y abril de 2020. Luceño se alegró tanto que en un correo electrónico que envió a Medina le dijo que ya estaba en marcha “la operación pa la saca”.
Elena Collado, en principio, solo protestó por los guantes. Porque Luceño le había prometido que eran de gran calidad y que cubrían gran parte del brazo. Pero los que se recibieron “eran una mierda y solo llegaban hasta la muñeca”, según un policía que los tuvo que usar. Así que Elena Collado se mosqueó, se fue a un mercado de Madrid donde encontró los mismos guantes que se vendían a 0,08 euros la unidad, cuando el Ayuntamiento había desembolsado dos euros. Luceño intentó calmar los ánimos de Elena Collado y le dijo que había conseguido hablar con el fabricante para que le rebajara el precio hasta los 0,39 dólares, por lo que devolvería al Ayuntamiento unos cuatro millones de dólares. Estos cuatro millones eran en realidad la comisión que pensaban llevarse los empresarios, ya que ellos iban a pagar por los guantes esos 0,39 dólares por unidad. Lo más gracioso de todo (si no fuera porque estábamos en una pandemia en la que morían miles de personas) es que Luceño se estaba llevando comisiones que Medina no conocía, engañando así al socio que le había abierto las puertas del Ayuntamiento.
En cuanto a los 250.000 test recibidos, “solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable, del 94%” para poder detectar el virus, según la Fiscalía. Luceño nunca envío otros nuevos para sustituir los defectuosos. Si hablamos de las mascarillas, el jefe del servicio de prevención de riesgos laborales de Madrid Salud (empresa pública del Ayuntamiento) explicó en un mail que había “problemas graves” con los certificados de las mascarillas, que parecían “bastante endebles” y que se rasgaban “con relativa facilidad”. Las críticas no fueron a más. En total, Luceño y Medina cobraron por facilitar este material 11,9 millones de dólares, de los que 6,1 millones eran comisiones para la pareja que salieron de los contribuyentes madrileños. Fueron las compras del Ayuntamiento más caras de toda la pandemia (6,2 euros por cada unidad de mascarillas y 16 euros por cada test de anticuerpos), según un informe del Tribunal de Cuentas.
Coches, pisos, relojes y yates
¿En qué se gastaron todo ese dinero Medina y Luceño? En una bacanal de compras de lujo. Luceño, que es el que más había recibido, es el que más disfrutó. Adquirió una vivienda en Pozuelo de Alarcón por 1.107.440 euros; tres relojes de lujo de la marca Rolex valorados en 42.450 euros; y doce cochazos (Aston Martin, Ferrari, Mercedes, Range Rover, BMW, Porsche, Lamborghini, McLaren...) cuyo valor conjunto superaban los dos millones de euros. Como último capricho, Luceño estuvo seis días en un hotel de lujo de Marbella pagando 6.000 euros la noche. Luis Medina, por su parte, solo se compró un yate de 325.515 euros bautizado Feria (su hermano es el Duque de Feria) y adquirió dos bonos de inversión de 400.000 euros.
La investigación de la Fiscalía comenzó en noviembre de 2020 cuando detectó el ingreso de seis millones en las cuentas de Alberto Luceño y Luis Medina. Obviamente saltaron las alarmas de blanqueo de capitales. Todo este asunto llegó a oídos del alcalde meses después cuando Elena Collado le contó que había ido a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción como testigo y allí aseguró que el precio total que pagó no sabía que incluía jugosas comisiones para Medina y Luceño. “Si estamos en este momento, a punto de empezar el juicio, es gracias a Más Madrid, porque el Ayuntamiento de Almeida ocultó durante un año y medio que conocía que la Fiscalía Anticorrupción ya estaba investigando la estafa”, señala Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
El escándalo de las mascarillas y del “primo guapo” se destapó en abril de 2022 cuando la exclusiva la publicó Eldiario.es. Días después, Almedia dio explicaciones antes los periodistas diciendo que él no sabía nada de este asunto hasta unas semanas antes, es decir, en 2022. También dijo que desconocía que un primo hermano suyo hubiera intermediado y hablado con el Ayuntamiento, a pesar de que Matilde García Duarte es amiga suya desde hace 20 años y lo lógico es que se lo hubiera comentado. También confesó que nunca habló con Luis Medina, “más allá de una llamada telefónica en la que le agradecí una donación. Esa ha sido la única vez”. Luis Medina envió un mensaje de audio a su socio Luceño el 26 de marzo de 2020 para contarle que le había llamado Almeida “para agradecernos” todo lo que estaban haciendo (en realidad, estafando al Ayuntamiento). “Me ha preguntado por ti, ha tenido unas palabras muy cariñosas. Está muy agradecido y que cuando pase todo esto [la pandemia] promete que nos veremos y que está a nuestra disposición para lo que queramos. Muy cariñoso”.
Elena Collado había declarado como testigo ante la Fiscalía Anticorrupción ya en la primavera de 2021, y es imposible que no comunicara esta declaración judicial a sus superiores. Anticorrupción había iniciado sus pesquisas a finales de 2020 y finalmente formalizó una querella en abril de 2022 contra Medina y Luceño por estafa agravada, falsedad en documento público y mercantil, y delito fiscal. El ministerio público sostiene que los dos empresarios engañaron al Ayuntamiento al falsificar documentos. “Los intentos de Almeida de presentarse como una víctima son un insulto a la inteligencia y a todos los empresarios y proveedores que trabajan con el Ayuntamiento y que nunca han recibido una llamada tan ‘cariñosa’ como Medina”, afirman desde Más Madrid. “Durante la fase de instrucción quedaron muchas preguntas y dudas sobre la mesa, como si el alcalde se reunió con los comisionistas, por qué no se persiguió el delito, por qué no hicieron nada por recuperar el dinero. Iremos hasta el final para que se devuelva íntegramente el dinero estafado”, sentencia Maestre. Y es que el Ayuntamiento solo se personó en la causa cuando supo de la investigación de Anticorrupción que derivó en una querella. Es decir, que no presentó ninguna denuncia antes a pesar de que sabía que el material que había comprado no cumplía las condiciones exigidas.
La acusación popular, ejercida por Más Madrid y PSOE, insiste en que se deben investigar los vínculos de los comisionistas, principalmente Medina, con el círculo del alcalde. Anticorrupción y el juez del caso, Adolfo Carretero, descartaron connivencia del Consistorio y lo consideraron en todo momento víctima de la estafa. El dinero salió de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, la entidad pública dependiente del Consistorio que durante la pandemia centralizó los pagos. Estos fueron a las cuentas de la empresa malasia Leno, que supuestamente tenía las fábricas en China. De una cuenta de esta compañía salieron las transferencias con las comisiones a Medina y Luceño. La Fiscalía solicita que los dos empresario indemnicen al Ayuntamiento con 7.852.580,21 euros, a los que hay que sumar 1.351.386,29 que Luceño le debe a Hacienda.