El Gobierno aprueba la reforma de la dependencia y la discapacidad para ampliar derechos: estas son las principales novedades

Desplegar un modelo de cuidados basado en la comunidad que fomente la autonomía de las personas dependientes y abordar la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, tal y como refleja el nuevo artículo 49 de la Constitución, son dos de los grandes retos que se ha propuesto alcanzar el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy. Con ese objetivo y con el propósito de responder a los cambios sociales y demográficos que en los últimos años ha experimentado España, cuya población ha aumentado y vive más años, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que permitirá “ampliar prestaciones y agilizar trámites”, entre otras medidas.

Este anteproyecto de ley que reforma ambas normas establece condiciones mínimas y básicas que son de obligado cumplimiento, pero son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en materia de dependencia y discapacidad, por lo que podría haber Gobiernos autonómicos que no las apliquen, como ya sucede en la Comunidad de Madrid con la ley estatal de Vivienda. En cualquier caso, a partir de ahora los ciudadanos “tendrán el amparo legal para exigir, o incluso denunciar, que la nueva ley se cumpla”, indican fuentes del ministerio. La propia reforma establece que las cuantías y condiciones de los servicios corresponden al Consejo territorial para luego determinarse en el Real Decreto 1051/2013 por el que se regulan las prestaciones y, por tanto, una vez se apruebe la ley, se debe actualizar ese real decreto para que después se modifique en la normativa de las autonomías.

La reforma, ha explicado este martes el ministro Busdintudy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pretende “terminar con los recortes que el Partido Popular aplicó en el sistema de cuidados” entre 2011 y 2018, “que ascendieron a 5.406 millones de euros, dejándolo en una situación crítica”. “Esta reforma diseña un modelo que refuerza el estado del bienestar para abordar los desafíos del cambio demográfico”, ha añadido, y ha confiado en que el consenso social y político permita que esta ambiciosa reforma “vea la luz cuanto antes”.

El nuevo modelo de cuidados que propone el ministerio busca “promover el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal”, por lo que apuesta por la personalización de los cuidados y la desinstitucionalización. A continuación te contamos cuáles son las novedades más significativas de la reforma que cambiará ambas leyes.

En cuanto a la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la reforma despliega una serie de medidas que tienen como objetivo llevar a la práctica lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución y que se centran en seis líneas de acción: el reconocimiento de derechos fundamentales, la simplificación administrativa en los procedimientos, la accesibilidad universal como derecho y la accesibilidad en la vivienda, la protección específica para mujeres y niñas con discapacidad y tecnología accesible sin sesgos discriminatorios.

Así, la reforma prohíbe cualquier tipo de discriminación de las personas con discapacidad a la hora de contratar seguros relacionados con la salud y vida, de forma que deberán tener las mismas condiciones que cualquier otra persona. También habrá una asimilación de las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia, en cualquiera de sus grados, a una discapacidad del 33%, lo que permitirá “ahorrar cargas administrativas a la ciudadanía y a la Administración”.

También contempla crear un fondo estatal de promoción de la accesibilidad universal para que se puedan instalar elementos como rampas para sillas de ruedas o códigos QR para audiodescripciones.

Respecto a la vivienda, la reforma busca evitar situaciones de aislamiento o institucionalización forzosa, ya que según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), se estima que unas 100.000 personas están confinadas en sus hogares porque los edificios donde residen tienen problemas de accesibilidad. Por ello, se propone una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para mejorar la accesibilidad de los edificios y las obras encaminadas a garantizar la movilidad de las personas con discapacidad se considerarán obligatorias. Así, las comunidades de propietarios tendrán que solicitar todas las ayudas y subvenciones sobre las que la persona interesada haya aportado información.

En cuanto a la protección específica para mujeres y niñas con discapacidad, la reforma “refuerza la protección de sus derechos”, explica el Ministerio de Derechos Sociales, reconociendo sus necesidades particulares en ámbitos como la salud, la autonomía y el desarrollo social. Asimismo, se regula el derecho a la familia, al hogar, a las relaciones interpersonales y a la protección de las familias con personas con discapacidad.

También se establecen medidas para garantizar que las tecnologías, y en particular la inteligencia artificial, no generen desigualdades, ya que al nutrirse de sesgos discriminatorios, afectan a las personas con discapacidad y eso puede influir, por ejemplo, a la hora de elegir un perfil en un proceso de contratación.

El Ministerio de Derechos Sociales también recuerda que los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad para suscitar la burla o la mofa del público están prohibidos y a partir de ahora se sancionarán como una infracción grave, que puede “conllevar multas de entre 600.000 a un millón de euros”.

En cuanto a la ley de Dependencia, que fue aprobada en 2006 y ha permitido atender a 3,7 millones de personas, con la reforma “se amplían las prestaciones a cuidadores del entorno familiar y relacional (vecinos, amigos) y agiliza los procedimientos”, al tiempo que elimina las incompatibilidades entre las diferentes prestaciones del Sistema para la Autonomía y de Atención a la Dependencia (SAAD), como por ejemplo asistir a un centro de día y recibir la ayuda a domicilio.

La nueva norma reconoce la teleasistencia como derecho subjetivo de toda persona dependiente y el derecho de accesibilidad universal. También extiende la ayuda a domicilio que hasta ahora se prestaba solo dentro de las casas hacia otras tareas del entorno comunitario, como el acompañamiento al médico, a la compra o a actividades del centro de día, e incorpora recursos de apoyo en la vivienda, como facilitar material como préstamo o cesión temporal (sillas, grúas, andadores) para que el dependiente pueda permanecer en su domicilio, si lo desea, el mayor tiempo posible.

También elimina el plazo suspensivo máximo de dos años previsto para la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, ya que, según la ley actual, la administración no está obligada a conceder esa prestación con carácter retroactivo aunque tarde una media de un año o más en valorar el grado de dependencia.

Asimismo, la reforma agiliza los trámites relacionados con el Programa Individual de Atención, permitiendo que los expedientes puedan realizarse por procedimiento de urgencia en situaciones de especial vulnerabilidad, que incluyen factores como “demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica”.

Desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales consideran que si no hay un incremento de la financiación para el sistema de atención a la dependencia, esta reforma “podría quedar en papel mojado”, y critican que la actual ley “no se cumple”. Sin embargo, desde el Ministerio de Derechos Sociales recuerdan que a pesar de que los presupuestos están prorrogados, “el dinero dedicado a la dependencia ha crecido” y en concreto en 2024, el dinero repartido a las regiones dentro de la categoría de nivel mínimo “se incrementó en 185 millones de euros, una partida que fue congelada por el PP”, mientras que, por otro lado, “también aumentó en 28 millones el presupuesto en cotizaciones para las trabajadoras y trabajadores del sector de la dependencia”.

El objetivo de reformar esta ley, concluye el ministerio, es tanto “ampliar derechos como seguir aumentando el gasto en dependencia”, tal y como recoge el acuerdo de Gobierno.