El Gobierno aprobará la reforma de la dependencia y discapacidad para “mejorar el sistema de cuidados”, pero las asociaciones advierten: “Sin incremento de la financiación, será papel mojado”

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de las leyes de dependencia y discapacidad con el objetivo de “mejorar el sistema de cuidados y reforzar los derechos de las personas más vulnerables” y para así revertir “los recortes en materia de dependencia que llevó a cabo el Ejecutivo del PP entre 2011 y 2018″, que ascendieron a 5.406 millones de euros, según cifras del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy. La reforma hará efectivos los cambios del artículo 49 de la Constitución, que eliminó el término disminuido en enero del pasado año, y adaptará la norma a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Entre las medidas que recoge el texto, figuran la de ampliar las prestaciones a cuidadores del entorno familiar y “relacional” (vecinos, amigos), así como agilizar los procedimientos y eliminar la incompatibilidad entre prestaciones que no permitía, por ejemplo, asistir a un centro de día y recibir ayuda a domicilio.

La reforma también contempla extender la ayuda a domicilio que hasta ahora se prestaba solo dentro de las casas hacia otras tareas del entorno comunitario, como el acompañamiento al médico, a la compra o a actividades del centro de día, según informa la agencia EFE. Además, incorpora recursos de apoyo en la vivienda, como facilitar material como préstamo o cesión temporal (sillas, grúas) para que el dependiente pueda permanecer en su domicilio si lo desea el mayor tiempo posible.

El ministerio que dirige Bustinduy también pretende crear fórmulas habitaciones y “diferentes modalidades de vivienda con cuidados y apoyos” que faciliten a las personas en situación de dependencia desarrollar su proyecto de vida en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades y preferencias personales. Asimismo, elimina el plazo suspensivo máximo de dos años previsto para la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, ya que, según la ley actual, la administración no está obligada a conceder esa prestación con carácter retroactivo aunque tarde una media de un año o más en valorar el grado de dependencia.

Sin embargo, desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales consideran que antes de aplicar esta reforma, “habría que cumplir con la ley actual”. Así, la organización critica que en 2024 “se frenara la financiación del sistema de atención a la dependencia” después de que entre 2021 y 2023 recibiera 600 millones adicionales a través del llamado “plan de choque”. “Sin incremento de financiación, los nuevos derechos que esta reforma de la ley propone reconocer quedan en papel mojado, pura cosmética del sistema, que sólo servirá para generar falsas expectativas a las personas en situación de dependencia y a sus familiares”, asegura la asociación en un comunicado.

Si bien la organización considera que algunos de los cambios que plantea la reforma son positivos, aseguran que “otros son realidades ya asumidas por muchas autonomías sin necesidad de cambiar la ley”, mientras que otras modificaciones, añaden, ya habían sido acordadas entre el Ejecutivo central Gobierno y las regiones, “pero, años después, siguen sin cumplirse por falta de financiación”. Como ejemplo, la organización menciona el servicio de teleasistencia, que el anteproyecto prevé implantar como derecho subjetivo, pues cuatro años después del plan de choque, “el 58% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con ese servicio”.

También critican que las personas con dependencia “solo cuenten con una hora diaria” de ayuda a domicilio y “solo dos” en el caso de los grandes dependientes.

Sin embargo, desde el Ministerio de Derechos Sociales recuerdan que a pesar de que los presupuestos están prorrogados, “el dinero dedicado a la dependencia ha crecido”. En 2024, aseguran, el presupuesto “se incrementó en 185 millones de euros el dinero repartido a las regiones dentro de la categoría de nivel mínimo, una partida que fue congelada por el PP”, mientras que por otro lado “también aumentó en 28 millones el presupuesto en cotizaciones para las trabajadoras y trabajadores del sector de la dependencia”, lo que en total suma 213 millones de euros. “Nuestro objetivo es, por un lado, aprobar una reforma de la ley de dependencia que amplía derechos y se adapta mejor a las necesidades de la ciudadanía y, por otro, tenemos el compromiso de seguir aumentando el gasto en dependencia, tal y como recoge el acuerdo de Gobierno. La vía para aumentar este presupuesto son los presupuestos generales del Estado”, indica el departamento de Bustinduy.

Cabe recordar que la Ley de Dependencia, aprobada en diciembre de 2006, supuso un hito significativo en el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas que requieren asistencia en su vida diaria, y ha facilitado la vida de quienes se encargan de su cuidado. A lo largo de estos 18 años han sido atendidas 3,7 millones de personas, pero otras 900.000 han fallecido en las listas de espera, según el informe que publicó en diciembre la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que también indicó que el tiempo medio de tramitación de un expediente es de casi un año, si bien hay seis comunidades donde ese plazo es superior. Además, en la actualidad hay 193.745 personas que se encuentran en las listas de espera.

La asociación, que critica tanto la intensidad de los servicios como la cuantía al considerarlos “insuficientes”, con casos incluso donde la prestación se sitúa en 264 euros mensuales de media para la prestación de cuidadoras no profesionales, también recuerda que en torno al 3,4% de la población española requiere apoyos para realizar sus necesidades básicas de la vida diaria.

De acuerdo a los datos de la asociación, en 2024 se le reconoció la situación de dependencia a 1,6 millones de personas, mientras que casi 137.000 personas están pendientes de valoración.

Otro dato preocupante para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales es la reducción del gasto por persona atendida, de forma que si en el año 2010 ascendía a 8.145 euros, en 2024 -y teniendo en cuenta el incremento de costes de los servicios- esta cuantía se ha reducido a 5.982 euros, lo que supone un 26,6% menos. “Estas cifras evidencian que la reducción de la lista de espera y el incremento de personas atendidas se está llevando a cabo a costa de reducir las cuantías de las prestaciones o de apostar por servicios de bajo coste”, concluyen.