El Congreso tramitará cambiar las oposiciones para personas con discapacidad intelectual: serán “más prácticas que teóricas”

Las oposiciones para optar a un trabajo fijo en el servicio público español están altamente disputadas por parte de todos los integrantes del territorio, independientemente de las habilidades automotrices o intelectuales que tengan los aspirantes.

Sin embargo, hay personas que, por una razón de discapacidad, no pueden acceder a los duros exámenes de la misma manera que los demás opositores, aunque hay que recordar que toda oposición cuenta con plazas reservadas para personas con discapacidad, sin especificar si es motora, intelectual o física.

“María tiene autismo y aspiraba a una plaza de subalterna después de estudiar durante dos años y medio. No superó la prueba porque no entendía lo que le preguntaba sobre la organización del Estado”, relató en la defensa la socialista Pilar Navarro, enumerando algunos casos de “tortura” para los opositores y sus familias.

Hoy, parece que la historia da un giro para las personas con discapacidad intelectual que quieran trabajar para el Estado, pues el Congreso de los Diputados ha aprobado tramitar la propuesta de ley del Parlamento andaluz para cambiar las oposiciones para personas con discapacidad intelectual.

La modificación pretende que las personas con discapacidad intelectual realicen diferentes pruebas de valoración de habilidades prácticas para desarrollar el puesto de trabajo, en vez de llevar a cabo pruebas teóricas.

Durante el turno de fijación de posiciones, la parlamentaria del PP Lourdes Ramírez ha defendido que su partido es “el gran defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, a lo que se ha sumado el diputado del PSOE José Losada, que ha reconocido que el contexto social actual “demanda políticas públicas más inclusivas, poniendo el foco en la eliminación de barreras de acceso”.

Por su parte, Sumar ha celebrado la iniciativa, pero ha añadido que existen más discapacidades más allá de la intelectual que necesitan adaptaciones en los procesos selectivos: “El empleo es un pilar esencial para poder construir un proyecto de vida”, ha subrayado la diputada Engracia Rivera.

En cualquier caso, la diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, advirtió que el trabajo “no finaliza ahí” a pesar de que la proposición de ley acabe de ser aprobada.

Al respecto, ha señalado que “una vez se apruebe, será necesaria una iniciativa que revise todo el sistema educativo de forma integral, porque lo cierto es que muchas personas con discapacidad intelectual no titulan porque no existe un sistema educativo realmente adaptado a ellos”.

Con esta medida, las personas con discapacidad intelectual en toda España contarán con mejores condiciones para optar a un puesto de empleo público en España.

La proposición de ley, que ya fue aprobada por unanimidad en la cámara andaluza, propone modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y va a ser defendida por la diputada Esperanza Gómez, de Por Andalucía y miembro del Grupo de Coordinación de Sumar.

La diputada Esperanza Gómez ha sido una de las encargadas de defender la iniciativa, quien ha pedido a los parlamentarios “ponerse en la piel” de las personas con discapacidad intelectual.

“No es el sistema más cómodo, ni el más fácil, pero sí el más justo y el único capaz de medir sus competencias reales”, ha enunciado.

Gómez explicó que quieren que se hagan pruebas prácticas a los aspirantes con discapacidad intelectual “y no que se les evalúe por unos conocimientos teóricos” sobre eternos manuales con informaciones legislativas ajenas a las labores que van a desempeñar.