El sindicato CSIF denuncia a las aseguradoras DKV, Adeslas y Asisa por incumplimientos del convenio de Muface

La Fiscalía ha recibido un documento en el que se exponen las quejas de funcionarios a los que se les han denegado pruebas o anulado citas e intervenciones quirúrgicas

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Fachada de un edificio de
Fachada de un edificio de Muface, en Paseo de Juan XXIII en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

La Central Sindical independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que investigue las quejas de “centenares de mutualistas de Muface” debido al rechazo de sus peticiones de asistencia sanitaria. El sindicato, de los más representativos en las administraciones públicas, ha señalado que el objetivo de esta denuncia “es determinar posibles responsabilidades penales tanto de las compañías -las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV- como de las personas físicas que pudieran ser autores o partícipes de los hechos denunciados”.

De este modo, la petición a la Fiscalía coincide con la nueva oferta económica que el Gobierno de España ha presentado a las aseguradoras. “Desde nuestra organización valoramos esta nueva situación y esperamos que se alcance pronto un acuerdo”, han expresado desde CSIF en un comunicado este mismo lunes.

No obstante, el sindicato ha subrayado que pese a ello siguen con su “labor vigilante”, así como “con las presiones en favor de los mutualistas a recibir una asistencia sanitaria adecuada”. En el escrito que se ha presentado ante el ministerio público, se han indicado quejas que “diariamente” se han recibido desde el mes de octubre, formuladas por parte de “mutualistas a quienes les han sido denegadas la realización de pruebas médicas, así como anulación de citas e intervenciones quirúrgicas, lo que está provocando problemas de salud mental y física tanto en los mutualistas como en sus familias”.

Un problema de salud pública “por sí mismo”

CSIF ha tildado de “injustificada” esa negativa de asistencia sanitaria, señalando que la misma “constituye un problema de salud pública por sí mismo”, además de “por el número de personas afectadas”, que alcanzaría el millón y medio entre los mutualistas y el resto de beneficiarios. “En ningún caso una cuestión puramente económica -la no renovación del actual concierto- puede justificar la desatención en materia del derecho fundamental a la protección de la salud”, han escrito en el texto presentado ante la Fiscalía, para repetir las posibles responsabilidades penales.

Ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras, CSIF ha querido anunciar en su comunicado la intensificación en las últimas semanas de “la interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos” con el fin de lograr un entendimiento que permita, a unos y a otros, cumplir con su “responsabilidad ante una situación que pone en riesgo la atención sanitaria”. “Afeamos la actitud de otras organizaciones sindicales por el doble juego que realizan; por un lado, reclamando una solución para Muface y al mismo tiempo realizando campaña para que los mutualistas abandonen el concierto sanitario”.

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