De jóvenes y migrantes a trabajadores experimentados, los problemas de vivienda en Madrid afectan a toda clase de perfiles: “Es indignante vivir así”

Lo han dicho alto y claro, con diferentes mensajes, pero un mismo objetivo. Este domingo han sido miles las personas —en torno a 60.000, según los convocantes— que han vuelto a salir a la calle en Madrid para reivindicar el derecho a una vivienda digna y reclamar a las administraciones medidas contra quienes especulan e iniciativas que fomenten el alquiler asequible. Los cerca de 40 colectivos que convocaron la protesta han recordado que los precios “no han dejado de subir en este último tiempo, mientras los salarios no crecen a ese ritmo”. Y es que la vivienda ya es más cara que nunca en España, pues con un importe medio de 2.086 euros por metro cuadrado se han superado los niveles alcanzados en 2006 y 2007, justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria.

El acceso a la vivienda se ha convertido en una las principales preocupaciones de la población, y no solo de las personas jóvenes o de colectivos especialmente vulnerables, como han evidenciado quienes acudieron a la reciente movilización. Infobae España habló con varios manifestantes de diferentes edades, profesiones y realidades para conocer con más detalle por qué se unieron a la protesta.

En el caso de Carlos, de 71 años, aunque forma parte de una generación que pudo comprarse una vivienda, sabe que “ahora es imposible” y que barrios como el suyo, Arganzuela, sufren desde hace tiempo un proceso de gentrificación y especulación inmobiliaria. Lamenta que cada vez que un local comercial cierra se convierte en un piso turístico, por lo que “hay menos vida en el barrio”.

“Estamos viendo cómo en los barrios cada vez hay menos tiendas. En cada negocio que cierra en un bajo, bien porque la persona propietaria se jubila o porque un fondo buitre hace una propuesta importante, se hacen casas para turistas. Y ya no es que no puedas comprar, es que no puedes vivir. Esto mata a las ciudades y no podemos depender solo del turismo. Es una industria que se está cargando la vida”, sostiene este vecino.

La situación personal de Aran, estudiante de FP de 18 años, es totalmente diferente, pero también comparte esas mismas inquietudes y ve cómo el elevado precio de los alquileres impedirán que se independice al menos durante varios años más. Es lo que le ha ocurrido a una de sus hermanas, que a pesar de tener empleo no ha podido dejar la casa de sus padres hasta que ha tenido 31 años. “La situación con la vivienda es alarmante, no podemos crecer como futuros trabajadores y personas en general si no tenemos esa intimidad y privacidad que te da una vivienda digna y propia. Por si fuera poco, vemos que hay muchas casas vacías o pisos turísticos por todas partes, mientras a nosotros, quienes estamos estudiando y somos los que vamos a cotizar en el futuro, nos dicen que no hay. Es indignante vivir así”, resume.

Aran, que acudió a la protesta acompañada por otras amigas, asegura que seguirán saliendo a la calle para manifestarse, “porque no basta con bonos de alquiler para jóvenes”, e insiste en que las administraciones deben limitar los precios y que haya más vivienda pública.

En el caso de Zuly, educadora social de 31 años, está viviendo en Madrid porque un amigo le alquila el piso a un precio asequible, pues si tuviera que acudir al mercado inmobiliario “no se podría permitir” los 500 euros de media que cuesta una habitación en la capital, cuando su salario ronda los 1.300 euros al mes. Con esos precios, a su amiga Saray, de la misma edad y profesión, le es imposible dejar la casa de su madre y ya está pensando en dejar la capital, “porque aquí el futuro es impensable”, dice resignada.

Y si alguien conoce las devastadoras consecuencias que provocan los problemas derivados de la vivienda es Laureano, un trabajador que ha pasado cinco años bajo la amenaza del desahucio porque, al no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca durante un tiempo, el banco inició una ejecución hipotecaria, aunque finalmente, dice ahora aliviado, ha podido llegar a un acuerdo con la entidad bancaria para pagar la deuda que tenía pendiente. “Vives con una espada de Damocles encima. Cuando no tienes un techo, una casa donde vivir, estás angustiado y te enfermas. Son muchos los compañeros que están en esa situación, en riesgo de desahucio o no se pueden permitir pagar un alquiler”, explica este hombre de 55 años.

Por ello, Laureano considera fundamental que “tanto los gobiernos locales como los autonómicos hagan vivienda pública y social”.

Raquel y Alberto, de 34 y 35 años, respectivamente, son pareja y se sienten afortunados de que un familiar les haya dejado el alquiler del piso a un precio asequible, al tener este que desplazarse a otra ciudad. Pero al igual que otros muchos manifestantes que han acudido a la protesta, también anteriormente han tenido que destinar buena parte de su salario para pagar el alquiler y saben que “el mercado está imposible” en la capital.

“Da igual que tengas un contrato indefinido y un salario decente, en algún momento vas a tener problemas con el alquiler”, concluyen indignados mientras caminaban hacia Puerta del Sol, donde terminó la protesta y se leyó el manifiesto de la plataforma Hábitat 24, formada por más de 30 colectivos sociales.

Tras casi dos horas de marcha, los convocantes también demandaron la ampliación y aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, con especial urgencia en puntos como la imposición de precios máximos de alquiler. Además, pidieron la aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda con la fijación de unos objetivos sociales, la creación del un parque público de vivienda no descalificable que suponga el 30% del total y la declaración de zonas tensionadas directamente por parte de los propios municipios.

Otras peticiones incluidas en el manifiesto fueron la creación de un plan a cinco años, suficientemente dotado, para la rehabilitación y mejora de viviendas; garantías legales de que no se producirán desalojos sin alternativa habitacional; y la suspensión inmediata de las licencias de pisos turísticos y el cierre de los que están en situación irregular, con la imposición de las sanciones que correspondan.