Madrid vuelve a la calle para reclamar que la vivienda no sea un negocio: “El Gobierno de Ayuso es responsable. Nosotros no tenemos libertad de elegir dónde vivir”

Miles de personas, convocadas por colectivos sociales, salieron a las calles de Madrid el pasado 13 de octubre para reivindicar que “la vivienda es un derecho y no un negocio” y reclamar una bajada en los precios del alquiler. Una movilización histórica que puso de manifiesto la creciente preocupación por el acceso a la vivienda, un problema que se agrava especialmente para las personas jóvenes y migrantes. Apenas cuatro meses después, “ante la completa inacción de la Comunidad de Madrid y la insuficiente reacción del resto de administraciones”, la plataforma Hábitat 24, que integra a más de una treintena de colectivos, ha convocado una nueva manifestación para este domingo 9 a las 12:00 horas, que partirá desde Atocha y recorrerá el centro de la capital para exigir soluciones.

La plataforma asegura que las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno autonómico que lidera Isabel Díaz Ayuso “solo han favorecido a los fondos de inversión, rentistas y especuladores” y califican de “auténtico fracaso” el Plan Vive impulsado por este Ejecutivo, al considerar que “prioriza los intereses de los inversores sobre el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna, adecuada y sostenible”.

“El objetivo de la manifestación es presionar al Gobierno de Ayuso, porque es el responsable de las consecuencias que estamos viviendo hoy. En Madrid llevamos 30 años con las políticas inmobiliarias del Partido Popular, y son las que nos han traído aquí, mientras las demandas sociales respecto al acceso y el mantenimiento de las viviendas siguen sin resolverse”, dice a Infobae España la socióloga y activista Laura Barrio. “No es un fallo del sistema ni una coyuntura excepcional de una crisis. Esto es el modelo del PP funcionando a pleno rendimiento. Por eso es tan complicado hacerle entender a Ayuso que tiene que regular el derecho a la vivienda, porque para ella ese derecho es la libertad de que cada uno se compre lo que quiera. Pero mi pregunta es: ¿Libertad para quién? Porque para nosotros desde luego no. No somos libres para elegir”, añade con rotundidad.

Barrio critica que el Gobierno de Ayuso no esté aplicando en la región la Ley de Vivienda impulsada por el Ejecutivo central, ya que la presidenta madrileña sostiene que la norma estatal “está fomentando que los propietarios de pisos opten por las viviendas de alquiler turístico al no atreverse a ponerlas en alquiler, porque piensan que se las van a intervenir”. Al no aplicar la ley estatal, Ayuso impide a los ayuntamientos declarar zonas tensionadas a pesar de tener unos de los alquileres más altos de España, al igual que tampoco aplica deducciones fiscales para los caseros para estimular el alquiler más barato, entre otras medidas.

“La Comunidad de Madrid se ha declarado en rebeldía contra la Ley de Vivienda estatal cuando la regulación de precios en las zonas de mercado tensionado simplemente supondría que los pequeños propietarios congelen el precio del alquiler, teniendo en cuenta que los han subido como han querido en esta nueva burbuja. Al frenarse el incremento de precios, las familias tendrían más estabilidad”, indica la activista, que también reclama la aprobación de una ley autonómica de Vivienda.

A diferencia de la manifestación de octubre, en la que participaron organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) o los sindicatos CCOO y UGT, este 9 de febrero los colectivos sociales se agruparán bajo el nombre de la plataforma Hábitat 24.

Barrio también destaca la necesidad de que en la región se incremente el parque público de vivienda, ya que la Agencia de Vivienda Social (AVS), la empresa pública que se encarga de la promoción de pisos protegidos en la Comunidad, solo ha entregado 322 viviendas sociales desde 2019. La agencia cuenta en la actualidad con 24.896 viviendas para un territorio de casi 7 millones de habitantes, solo 1.600 más que hace cinco años.

Para lograr ese parque de vivienda pública, la plataforma Hábitat 24 pide que se integren las viviendas de la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en la gestión de vivienda pública y social, rehabilitar viviendas fuera de uso e incorporar a la gestión pública las viviendas vacías. También consideran fundamental “cerrar los pisos turísticos ilegales e imponer una licencia de actividad, un número máximo y su ubicación en zonas donde no haya demanda habitacional de larga duración”.

Los colectivos también reclaman “medidas urgentes” para que ninguna persona pueda ser desahuciada si no tiene alternativa habitacional, “incrementando además la financiación en las políticas sociales”. A pesar del escudo social y la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, que incorporó una serie de modificaciones legales para dificultar los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad económica, estos se siguen produciendo a diario en toda en España. Es más, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número total de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024 fue de 7.850, un 7,8% más que en el mismo trimestre de 2023. De ellos, un total de 5.874 se debieron al impago del alquiler.

Pese a todo, desde la plataforma Hábitat 24 quieren lanzar un mensaje de optimismo a todas aquellas personas que sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda, ya que “este no es un problema individual que deban vivir en soledad”, y la solución, aseguran, “va a venir desde lo colectivo”. Por eso animan a la ciudadanía, tanto en Madrid como en cualquier lugar del país, a que se organice y acuda a las asociaciones y colectivos sociales más cercanos. “Para salir de esta tenemos que juntarnos todos, tenemos que hacernos fuertes y entre todos presionar a los gobiernos para que lleven a la práctica sus obligaciones”, concluyen.

Hábitat 24 está formada por más de una treintena de organizaciones, entre las que se encuentran los afectados por la línea 7B de Metro, los afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) o la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid.