El pasado mes de octubre, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática confirmaban a Infobae España la intención del Gobierno de convocar antes de que comenzará el nuevo año un concurso internacional de ideas para “resignificar” el Valle de los Caídos -ahora Valle de Cuelgamuros- y elegir el proyecto ganador a mediados de año. 2024 acabó sin anuncios ni noticias del proyecto. Pero, la agenda de enero de España en Libertad, la suma de actos con motivo del 50º aniversario de la muerte de Franco, sí incluía el lanzamiento del concurso. No obstante, febrero ya ha comenzado y no ha llegado ningún anuncio.
“El Gobierno español convocará en enero un concurso internacional de ideas para «resignificar» el Valle de Cuelgamuros, con el objetivo de explicar a la ciudadanía las circunstancias de la construcción del principal monumento de la dictadura franquista”, reza el anuncio del proyecto en la agenda y que matiza que “una Comisión Interministerial integrada por ocho ministros del Gobierno trabaja desde junio de 2024 para impulsar y coordinar las medidas para convertir el Valle de Cuelgamuros en un centro de interpretación que fomente los valores constitucionales y democráticos”. Siete meses no han sido suficientes para poner en marcha el concurso. De hecho, el pasado martes, 28 de enero, se reunió la Comisión sin que se llevara a cabo ningún tipo de comunicado.
Una resignificación que no llega
Han pasado siete años desde que el PSOE aterrizó en el Gobierno, más de cinco desde que se exhumaron los restos del dictador Francisco Franco de su mausoleo en el Valle de los Caídos, dos años de la salida del líder de Falange y figura del franquismo, Jose Antonio Primo de Rivera. El pasado mes de octubre, también se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, que establece en su artículo 54, referente al ahora llamado -aunque pocos lo sepan- Valle de Cuelgamuros, que mediante real decreto se establecería el nuevo marco jurídico que determinase “la organización, funcionamiento y régimen patrimonial”. El marco jurídico no ha llegado, ni la expulsión de los monjes benedictinos.
La norma también establece que el recinto se debe convertir en “un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”. Pero sin el concurso, la ansiada y anunciada “resignificación” no puede llegar.
En una entrevista con Infobae España por el quinto aniversario de la exhumación del dictador, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), decía que el planteamiento del Ejecutivo tiene un error de base: “No hay nada que resignificar. Hay que significar a secas, hay que llenarlo de significado democrático en el siglo XXI”. Para Silva, la “significación” pasa, en primer lugar, por una voluntad y un compromiso real por parte del Ejecutivo. Y señala que sería sencillo: “Solo hay que explicar qué es ese lugar y como se construyó, que se cuente la historia de los presos políticos obligados a trabajar en él y la del uso que la dictadura hizo del mismo”.