Baleares, la zona más peligrosa de la ruta migratoria argelina, también vive un repunte con más de 5.800 llegadas en 2024

España rozó en 2024 el récord de llegadas irregulares de migrantes registradas en un año, con 63.970 entradas, algo por debajo del máximo histórico de 2018, que se situó en 64.298, según datos del Ministerio del Interior. La gran mayoría de esas personas (46.843) llegó por vía marítima a las Islas Canarias en un total de 692 embarcaciones precarias, arriesgando su vida en busca de un mejor futuro. Y aunque el volumen de llegadas sea mucho menor en las Islas Baleares, lo cierto es que 2024 también fue un año de récord en este archipiélago, al superar las 5.800 a bordo de 348 cayucos. Es una cifra que casi triplica la de 2023, según datos recopilados por Cruz Roja, ya que Interior no facilita cifras desglosadas de las personas que han llegado a las Pitiusas.

A lo largo del año pasado, Cruz Roja atendió en Baleares a casi 6.000 personas en unas 350 intervenciones, mientras que en 2023 fueron unas 2.300. Las que llegan a este archipiélago suelen ser embarcaciones con una media de 15 personas a bordo, explica a Infobae España Victòria Avellà, responsable del área de Salud, Socorros y Emergencias de Cruz Roja en Baleares, nada que ver con los abarrotados cayucos que arriban a la costa canaria. En este caso, las personas migrantes llegan a Baleares como lugar de tránsito hacia la Península y, en muchas ocasiones, como paso previo para viajar a otros países europeos como Francia, Bélgica o Alemania, pues “muchas de ellas ya tienen allí vínculos establecidos”.

A lo largo de los años 2019, 2020 y 2021, la mayoría de las personas migrantes que llegaban a Baleares procedían de Argelia, pero en este último tiempo el perfil ha ido cambiando y “se han incrementado las llegadas de otros países, especialmente de África subsahariana”, señala Avellà, que aclara que en el archipiélago “no hay centros de atención humanitaria, sino uno temporal que cuenta con unas 45 plazas”. Por ello, las personas más vulnerables como mujeres embarazadas o quienes proceden de países en guerra tienen que ser enviadas, en el menor tiempo posible, primero a Palma y luego a la Península. En este centro también se alojan de forma temporal las familias que deben someterse a pruebas de ADN para que las autoridades comprueben que los menores con los que viajan “son realmente sus familiares, con el objetivo de evitar casos de trata”.

Los extranjeros que viajan en patera hasta las costas de Baleares llegan a Mallorca, Ibiza y Formentera y, si no son considerados personas vulnerables, deambulan por las calles hasta que pueden subirse a un ferri. Baleares, además, tiene una dificultad añadida, indica Avellà, y es el elevado coste de la vivienda “y la vida en general”. “Aquí es muy difícil encontrar vivienda, no es un sitio atractivo para establecerse por el coste de las casas y de la vida. Es más, ya es prácticamente imposible encontrar piso para la gente de las islas y para otros españoles que vienen con trabajo”, recuerda la representante de Cruz Roja.

El repunte migratorio en la ruta balear ha puesto en alerta al Govern y a los consells insulares de las diferentes islas, quienes reclaman al Gobierno central más recursos y la cesión de espacios para atender a las personas que llegan y, sobre todo, a los menores migrantes no acompañados. En ese sentido, la ONG Caminando Fronteras indicó en su último informe que no solo aumentaron los perfiles de adolescentes que viajaron solos en 2024, sino que también hubo más niños y niñas de corta edad acompañando a sus madres. La ONG también estima que el año pasado han fallecido más de 500 personas durante la travesía de Argelia a Baleares. La zona de Baleares es la que más falta de transparencia presenta respecto a las búsquedas de personas desaparecidas en el mar.

En la actualidad, en las Baleares se presta atención a 306 menores extranjeros no acompañados y el Govern ha indicado al Ejecutivo central que no está en condiciones de seguir acogiendo a más. Así lo transmitió el pasado mes de diciembre en la Conferencia de Presidentes Autonómicos la presidenta del Govern, Marga Prohens, que indicó que Baleares podría enfrentarse en el futuro a una situación similar a la de Canarias. El Gobierno que lidera Fernando Clavijo tiene bajo su tutela a unos 5.800 niños, niñas y adolescentes, y reclamó al Gobierno un cambio “drástico” en política migratoria, así como el reconocimiento de que hay una ruta consolidada entre Argelia y Baleares.

“No podemos limitarnos a hablar de repartos que, además de deshumanizar a los menores, solo suponen un parche, una patada al frente del problema, sino que hay que hablar de la protección de nuestras fronteras”, reivindicó Prohens, según las declaraciones recogidas por Europa Press. Por ello, el Ejecutivo autonómico ha rechazado la posibilidad de asumir nuevos repartos de menores migrantes no acompañados provenientes de otras comunidades autónomas.

Igualmente, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell, institución que tiene las competencias de menores, ha insistido en la necesidad de disponer de más espacios para acoger a menores migrantes no acompañados y ha solicitado la cesión de instalaciones al Ejecutivo central.

El reparto de menores migrantes sigue siendo materia de enfrentamiento político entre el Gobierno y el Partido Popular, ya que continúan sin alcanzar un acuerdo respecto a la reforma de la ley de extranjería. La última reunión entre el Ejecutivo, el PP y los presidentes de Canarias y Ceuta, que se celebró a principios de diciembre, terminó sin una posición común sobre el reparto obligatorio de los menores migrantes.

El Ejecutivo quiere modificar el artículo 35 de dicha ley con el fin de establecer la obligatoriedad del principio de solidaridad en la distribución de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas, mientras que el PP pide, antes de aceptar ese punto, una reforma integral de la política migratoria.