El caso de Paul Rudelle, un jubilado de 82 años de la región francesa del Tarn, ha generado una ola de solidaridad en Francia. Amenazado de desahucio tras la muerte de su pareja tras 37 años juntos, Rudelle se enfrenta la posibilidad de quedarse sin hogar, ya que los herederos de la fallecida, provenientes de un matrimonio anterior, buscan vender la vivienda para saldar los 60.000 euros de deudas que tienen que hacer frente.
Este hombre lleva casi cuatro décadas viviendo en la casa de Séquestre, que incluso ayudó a salvar de la ruina con sus propios. Durante una grave sequía, la estructura estuvo a punto de derrumbarse, pero Rudelle reconstruyó los cimientos con sus propias manos, utilizando tablillas para reforzar las grietas y levantando once pilares para estabilizar la estructura, como recoge el medio France 3-Regions. A pesar de su historia con la vivienda, legalmente no tiene derechos sobre ella, ya que no estaba casado ni registrado como pareja de hecho con ella.
Tras el fallecimiento de su pareja, las dos hijas de la mujer heredaron la propiedad. No obstante, debido a una deuda de 60.000 euros con la Mutualité Sociale Agricole (MSA), las herederas se ven obligadas a vender la casa para cumplir con el reembolso de las ayudas a la jubilación recibidas por su madre.
56.000 euros gracias a SOS Paul Rudelle
La situación de Paul Rudelle ha despertado una ola de apoyo en toda Francia. A finales de febrero de 2024, se lanzó la campaña de recaudación de fondos “SOS Paul Rudelle” a través de la plataforma “On Participe”. Hasta finales de abril, se habían recaudado 56.000 euros gracias a la contribución de casi 2.000 personas. Sin embargo, la suma aún está lejos de los 150.000 euros necesarios para que Rudelle pueda comprar la casa a los herederos y evitar su desahucio.
El jubilado ha intentado impugnar la herencia, alegando que su pareja dejó un testamento ológrafo que le permitía seguir viviendo en la casa. No obstante, el documento nunca ha sido encontrado, y las herederas niegan su existencia. Ante esta situación, el caso llegó a los tribunales. En enero de 2024, un juez del tribunal judicial de Albi determinó que Rudelle es “ocupante sin derecho ni título” y le otorgó un plazo de seis meses para abandonar la vivienda. Además, se le impuso una indemnización mensual de 400 euros a sus ex nueras por la ocupación de la casa y el pago de 1.000 euros por gastos judiciales.
A pesar del fallo en su contra, Rudelle ha recurrido la decisión con la esperanza de evitar el desalojo. Mientras tanto, los herederos le han concedido unos meses adicionales para encontrar una nueva residencia.
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