El entramado judicial al que se enfrentan Anabel Pantoja y David Rodríguez: los protocolos de protección al menor que se están aplicando en el caso de su hija Alma

Anabel Pantoja y su pareja, el fisioterapeuta cordobés David Rodríguez, están siendo investigados por un presunto delito de maltrato infantil. Las pesquisas tienen como fin aclarar “las causas y el mecanismo de producción de lesiones apreciadas en la bebé”, según informaba el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Pocas horas después de que esta información saliera a la luz, Anabel Pantoja publicó en sus redes sociales un comunicado en el que aseguraba estar viviendo “una pesadilla”. “Estamos en casa. Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y cosa que apoyamos. Y por supuesto admiramos que exista eso”, explicaba.

Por su parte, las abogadas de la sobrina de Isabel Pantoja, Mercedes Ruiz- Rico e Irene Sorribas, han negado en la revista ¡Hola! los presuntos malos tratos. “Las informaciones que se están publicando son inadmisibles. Hay que proteger, sobre todo, el interés de una menor”, señalaban. En este sentido, durante los últimos años, la legislación española ha avanzado mucho para garantizar la protección de la infancia, la ley Orgánica 8/2021 da prueba de ello. Es aquí donde se establece qué protocolo seguir si se detecta un posible caso de abuso.

El protocolo de detección de violencia infantil puede activarse a través de diferentes vías. Tanto es así, que cualquiera puede iniciar el procedimiento avisando a las autoridades competentes. En el marco educativo, si un profesional identifica signos de violencia o recibe información que lo sugiera, está obligado a notificarlo a los servicios sociales. En el ámbito sanitario, según recoge el Código Penal, los médicos están obligados a informar de cualquier indicio de maltrato, ya sea físico o psicológico, al Departamento de Bienestar Social o a la Policía, que deberá llevar a cabo una investigación preliminar.

Tras la notificación, los servicios sociales evalúan la situación del menor. Si se detecta peligro, pueden adoptar medidas inmediatas, incluida la retirada temporal del niño del hogar. En esta parte del proceso, los profesionales de la salud, como pediatras y psicólogos, desempeñan un papel clave en la identificación y confirmación de signos de violencia infantil. Su labor es fundamental para aportar pruebas en el proceso de evaluación. En este sentido, la Organización Médica Colegial de España subraya la necesidad de que los médicos reciban formación especializada en la detección del maltrato infantil, ya que suelen ser los primeros en tener contacto con los menores en riesgo. Esta capacitación debe ser integral, abordando no solo los aspectos clínicos, sino también las dimensiones psicológicas y sociales del problema.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado supervisa la actuación de las autoridades y garantiza que el procedimiento se ajuste a la legislación vigente.

En caso de que se confirme la sospecha de maltrato, el Juzgado de Violencia sobre la Infancia analiza las pruebas y determina las medidas cautelares necesarias. Si la seguridad del menor está en riesgo, el juez puede ordenar la retirada inmediata de la custodia y su tutela por parte de un familiar o una institución. Estas decisiones se rigen por el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, priorizando siempre el bienestar del niño.