Cómo es el impuesto a los vápers del Gobierno y cuánto costarán a partir de abril

El Gobierno español ha establecido un nuevo impuesto sobre los líquidos utilizados en los cigarrillos electrónicos, conocido como vapeadores o vápers, que entrará en vigor el 1 de abril de 2025. Esta medida forma parte de la reforma fiscal impulsada por el Ministerio de Hacienda y ha sido objeto de debate desde que comenzó a plantearse.

Inicialmente, su entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2025, pero fue pospuesta al 1 de abril mediante el real decreto ley ómnibus. Sin embargo, el rechazo de este decreto por parte del Congreso generó incertidumbre sobre la fecha efectiva de aplicación. Finalmente, una orden ministerial confirmó el 1 de abril como la fecha oficial para la entrada en vigor del gravamen. El primer periodo de liquidación del impuesto abarcará los meses de abril, mayo y junio de 2025. Los contribuyentes deberán presentar la declaración correspondiente entre el 1 y el 20 de julio de este mismo año.

El impuesto se aplicará en función de la concentración de nicotina en el líquido. Para aquellos productos que contengan menos de 15 miligramos de nicotina por mililitro, se impondrá una tasa de 0,15 euros por mililitro. Si la concentración supera los 15 miligramos por mililitro, el gravamen será de 0,20 euros por mililitro. De este modo, un envase de 10 mililitros con una concentración de 10 mg/ml de nicotina tendrá un incremento de 1,50 euros en su precio debido al impuesto. Por contra, un producto similar con una concentración de 20 mg/ml experimentará un aumento de 2 euros.

La industria del vapeo y los consumidores han expresado preocupaciones respecto a las posibles repercusiones de este impuesto. Algunos argumentan que el incremento de precios podría disuadir a quienes utilizan estos dispositivos como alternativa al tabaco tradicional o como herramienta para dejar de fumar. Además, existe el temor de que una mayor carga fiscal fomente la aparición de un mercado negro de líquidos para vapeadores, con los riesgos sanitarios y económicos que ello conlleva.

Por otro lado, organizaciones de salud pública apoyan la medida, señalando que una mayor fiscalidad puede reducir el consumo, especialmente entre los jóvenes, y prevenir posibles riesgos asociados al uso de cigarrillos electrónicos.

En España, el uso de vapeadores está regulado por la Ley del Tabaco, que prohíbe su consumo en espacios cerrados, centros educativos y transporte público. Su venta está restringida a mayores de 18 años y la publicidad cuenta con limitaciones para evitar su promoción entre menores. Además, los líquidos con nicotina deben cumplir normativas específicas de etiquetado y composición.

Así, con la aprobación de este impuesto, a partir de abril, España se alinea con otros países europeos que han implementado cargas fiscales similares sobre el vapeo. El impacto de la normativa será evaluado en los próximos meses por el Gobierno y organizaciones sanitarias, quienes analizarán su efecto en la recaudación fiscal y en los hábitos de consumo, especialmente entre los jóvenes.