Un fondo buitre quiere desahuciar a los vecinos de Casa Orsola en Barcelona, símbolo de resistencia contra la especulación inmobiliaria: “Van a triplicar los precios”

La gentrificación, ese proceso de expulsión de los vecinos y vecinas de un barrio para sustituirlos por otros de mayor poder adquisitivo, se ha convertido en un problema cada vez más extendido en España, sobre todo en el centro de algunas ciudades como Barcelona. A finales de noviembre pasado la ciudad condal contaba con más de 15.000 alojamientos turísticos anunciados o dedicados al alquiler de temporada en Airbnb, según los datos recopilados por la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico, y algunos barrios como el del Eixample han resultado especialmente perjudicados por la especulación inmobiliaria, el auge del turismo y la falta de regulación adecuada. Lo saben bien los inquilinos e inquilnas de Casa Orsola, un edificio emblemático del que, si nada cambia, serán desahuciados este viernes 31, ya que Lioness Inversiones SL, el fondo buitre que lo compró, se niega a renovar sus contratos de alquiler.

Lejos de desistir, el vecindario de este edificio lleva luchando más de tres años para tratar de evitar que sus casas se conviertan “en viviendas de alquiler de temporada a precios de lujo”, ya que, según denuncian, pasarán de 700-900 euros mensuales a 2.100-2.800 euros. Su lucha, aseguran desde el Sindicat de Llogateres, “no es solo por sus hogares, sino por todo el barrio y por la ciudad de Barcelona, amenazados por la especulación inmobiliaria y los alquileres desorbitados” desde hace años.

Casa Orsola es un símbolo, pero no porque sea algo excepcional, porque estas operaciones especulativas están pasando cada vez con más frecuencia, tanto en esta ciudad como en otras. Pero sí es excepcional por cómo han respondido los vecinos, porque en lugar de irse en silencio, han decidido hacer público su caso, que se vea lo que está pasando en Barcelona. Además es una oportunidad para que otra gente pueda estar acompañándoles”, dice a Infobae España Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres.

Josep Torrent, un profesor de 49 años que vive desde hace 22 en este edificio, responsabiliza del inminente desalojo tanto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, como al president del Govern, Salvador Illa, y al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez “por las decisiones políticas que han tomado” en materia de vivienda. En una carta abierta hace unos días denunciaba que su comunidad de vecinos está sufriendo un “proceso de expulsión, desde que en 2021 el fondo Lioness Inversiones, propiedad de Albert Ollé Bartolomé, compró las dos fincas para destinarlas a alquileres de corta duración”.

Hace cuatro años, indica Torrent en la misiva dirigida a los responsables políticos, eran 27 las familias que vivían de alquiler y “ahora solo quedan 18 habitados, 5 de los cuales están inmersos en procedimientos judiciales en los que se solicita su desahucio”. En esos pisos que ya no hay inquilinos, añade, “se están haciendo alquileres de temporada a precios que triplican” lo que pagan actualmente. “Este hecho es una prueba clara de cuáles son las intenciones de la propiedad”, lamenta.

Torrent también ha reprochado a los políticos que los alquileres de temporada “están sirviendo para esquivar la regulación de precios y expulsar a los vecinos del barrio”.

Los vecinos y vecinas de Casa Orsola han recibido el apoyo tanto del Sindicat de Llogateres como de otras muchas organizaciones sociales con las que llevan semanas realizando “una maratón de resistencia para movilizar al vecindario y mostrar de forma contundente el rechazo a este desahucio, a los alquileres temporales y a la especulación inmobiliaria”.

“Necesitamos bajar los alquileres para no tener que dejarnos la mitad del sueldo en ellos. Queremos viviendas estables que nos permitan construir proyectos de vida, por eso apostamos por la recuperación de pisos vacíos, turísticos y de temporada para su uso residencial, y reclamamos barrios libres de especulación donde la vida y la comunidad prevalezcan sobre los intereses de los fondos buitre”, indican desde el sindicato.

La especulación inmobiliaria y las intensas dinámicas de gentrificación en Barcelona, aseguran, generan “procesos de empobrecimiento transversales”, de forma que tienen un impacto directo en los centros educativos. “Toda esta situación de pobreza y emergencia habitacional afecta directamente a nuestro alumnado en su proceso de aprendizaje y tensiona la convivencia en las aulas”, ha asegurado Cristina Martín, profesora de secundaria en un instituto público que representa al colectivo docente, al tiempo que ha destacado el compromiso de la comunidad educativa: “Tenemos docentes pidiendo permiso a los equipos directivos para ir a detener desahucios de alumnado en horario laboral”.

A pesar de que la nueva Ley de vivienda incorporó una serie de modificaciones legales para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, los colectivos que trabajan por el derecho a la vivienda recuerdan que los desalojos se producen a diario en toda España.

Este jueves a las 18:00 horas se celebrará un acto frente a la Casa Orsola en el que participarán artistas y otras personalidades en representación de las entidades y organizaciones que apoyan la causa, mientras que el viernes por la mañana, a las 9:00 horas, se ha convocado una concentración multitudinaria para tratar de detener el desahucio.