El Gobierno sale airoso de la última crisis política ocasionada tras la caída del decreto ómnibus, que contenía, entre otras medidas, la subida de las pensiones y las ayudas al transporte público. El rechazo de PP, Junts y Vox a esta norma dejó en el aire estas iniciativas de gran calado social. Si bien, la incertidumbre generada alrededor del real decreto-ley, más allá de poner de manifiesto la importancia de estas medidas, ha logrado arrastrar a casi todas las fuerzas políticas hacia la misma salida.
El Ejecutivo, reacio en un principio a reactivar de manera inmediata las medidas que decayeron después de la derrota parlamentaria del pasado miércoles, pisó este martes el acelerador para zanjar el debate y recuperar el decreto con la subida de las pensiones y el escudo social. “El Gobierno saca (con una semana de retraso por el bloqueo) lo que iba a sacar anteriormente”, celebran en Ferraz.
Esto fue posible tras llegar a un pacto in extremis con Junts, que el PP avalará en el Congreso en el margen de un mes. Con la decisión de respaldar el nuevo real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, los populares, fuera de foco por el acuerdo PSOE-Junts, evitan así quedarse solos con Vox en el rechazo a la subida de las pensiones o las ayudas al transporte público.
En la línea de lo expuesto por Junts, los de Feijóo interpretan que el Gobierno ha rectificado al hacer una nueva norma, que deja fuera las medidas tributarias y de carácter económico. Aunque el Ejecutivo se negaba a “trocear” el paquete completo para salvar aquellas iniciativas que suscitan mayor consenso, como la revalorización de las pensiones y la del ingreso mínimo vital, la asignación de los abonos del transporte público, y las ayudas a los afectados por la DANA, el Gobierno dejó fuera varios elementos tributarios y económicos a petición de los independentistas.
No obstante, consiguió salvaguardar la esencia del decreto ómnibus, incluidos los puntos que causaban recelo tanto a Junts como al PP. En el caso de los de Feijóo, se da la circunstancia de que apoyarán una norma que vuelve a incluir dos de las principales medidas que esgrimieron para justificar la caída de todo el paquete. Una de ellas es la devolución al PNV del edificio que alberga en París el Instituto Cervantes, lo que los populares han resumido como la “cesión de un palacete”. Otra razón para impedir la convalidación de esta norma en el Congreso fue su oposición a la prohibición de cortes de suministros y desahucios para familias vulnerables, una medida que, según el PP, favorece la “inquiokupación”.
“Ahora ya no importa el palacete. Tampoco los “Inquiokupas”. Ahora lo hacen por los pensionistas y los usuarios. Ahora, hacen lo que deberían haber hecho la semana pasada. Como pollos sin cabeza”, afeó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en un mensaje en X sobre el anuncio del PP de que apoyará la norma. Y es que, sin entrar en detalles, el PP se jactó de que “han caído medidas de las que pretendían colar” y justificó su voto favorable “por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte”.
El Gobierno se reafirma en la viabilidad de la legislatura
Si el pacto con Junts da oxígeno al Gobierno por la reconstrucción de los puentes con Carles Puigdemont, el viraje del PP con el decreto refuerza el relato del Ejecutivo, que acusa a los populares de “perjudicar al Gobierno utilizando de rehenes a los pensionistas y los jóvenes”, tal como señaló la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. La dirigente socialista vaticinó el apoyo del PP al decreto, una postura que no interfiere a priori en el resultado de la votación porque el Gobierno ya tiene los votos garantizados. “Puede ser que si ahora ve que tenemos un acuerdo con Junts, pues incluso se sume a ese acuerdo”, subrayó Montero.
En Ferraz creen que Feijóo, que zanjó en menos de un día el debate interno sobre la posición del partido de cara a esta medida, cometió un “error táctico” al rechazar el decreto el pasado miércoles. “Demuestra la debilidad de su liderazgo”, apostillan voces de la Ejecutiva Federal del partido de la rosa para retratar el giro del líder del PP: “Ahora dice que votará sí, con las mismas medidas que le generaban rechazo. Si se hubiese aplicado la máxima de no jugar con las pensiones, Feijóo no estaría en este entuerto”, afirman. Otras voces de la Ejecutiva opinan que esta situación ha sido pedagógica para entender la estrategia del PP, que “no sabe por dónde le viene el aire”.
Con todo, el Gobierno se reafirma en la viabilidad de la legislatura. Como vienen haciendo desde un tiempo atrás, en Moncloa anticipan futuros desencuentros con los grupos, especialmente con Junts, y derrotas en el Congreso. “Es una legislatura compleja, que corresponde a tiempos complejos”, añaden voces gubernamentales sobre la fragmentación parlamentaria y la ausencia de mayorías absolutas claras.
Pese al constante debate de fondo sobre si logrará aprobar los Presupuestos de 2025, el Ejecutivo ve que “hay legislatura para rato”. Después de reconducir las relaciones con Junts tras el último pacto, Sánchez pidió ir “partido a partido” para las siguientes etapas, pero en el Gobierno dan por “resuelto” otro asunto que se atragantaba a los socialistas desde el pasado mes de diciembre. Se trata de la cuestión de confianza sobre Sánchez que pedía Junts.
Esta iniciativa, que ni tenía ni tiene carácter vinculante, ha quedado todavía más diluida tras la modificación anunciada por Junts este miércoles. Tras pactarlo este martes con el PSOE a cambio de apoyar en el Congreso el nuevo decreto ómnibus aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el partido de Carles Puigdemont dio un paso atrás en su exigencia al pedir que Sánchez “considere la oportunidad de plantear” una cuestión de confianza.
Asimismo, los posconvergentes reconocen que la iniciativa no tiene “vinculación jurídica”, solo “política”. “El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Gobierno a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica”, recoge la modificación de Junts al texto de la proposición no de ley.
Los independentistas afirman que este cambio no supone una retirada de la anterior iniciativa no legislativa. “No se ha retirado la PNL, se ha realizado una reformulación técnica”, alega el grupo capitaneado en la Cámara Baja por Míriam Nogueras. Si bien, aunque el objeto del texto es el mismo, esta modificación rebaja aún más el alcance de la iniciativa.