Radares en coches privados, el nuevo método para multar en Francia: “Los llevan porque les pagan por ello”

Radares en drones, en remolques...y ahora vehículos privados. Las autoridades continúan reinventándose en la vigilancia del tráfico en las ciudades y carreteras. En países como Francia y Alemania los nuevos dispositivos de control de velocidad ya no solo se encuentran en patrullas oficiales. Ahora puedes ser ‘cazado’ por las cámaras de un coche de un particular, y funcionan igual que las de los organismos públicos.

“Estas cámaras, que actúan como radares, pueden ir en cualquier vehículo, por lo que pasan totalmente desapercibidas en el tráfico. Son totalmente infalibles”, asegura el experto legal Andrés Millán, conocido en las redes como @lawtips. Estos coches están equipados con radares de última generación capaces de detectar infracciones en movimiento y enviar la información a las autoridades competentes.

A diferencia de los radares fijos, que requieren señales de advertencia y ubicación específica, estos sistemas móviles pueden operar sin previo aviso y en distintas rutas, dificultando que los conductores identifiquen zonas de control. Su tecnología permite registrar velocidades excesivas, cruzar semáforos en rojo y otras infracciones de tránsito, lo que aumenta significativamente la cantidad de multas emitidas.

Millán explica que ahora mismo hay cerca de 400 vehículos privados que tienen este tipo de radares en Francia, pero se prevé que en el 2025 se incremente a 550, y cada vez más. ¿Y por qué esta gente lleva radares en sus coches? Millán explica que a estos ciudadanos se “les paga por ello”. “Les pagan por multar al resto de ciudadanos cuando rebasan los límites”, asegura.

El Departamento de Tráfico francés contrató recientemente a cuatro grandes empresas para llevar a cabo la selección de los conductores adecuados. Y es que estos deben cumplir ciertos requisitos para poder llevar estos radares, entre ellos, tener como mínimo 10 de los 12 puntos del carnet de conducir.

Millán afirma que, de momento, en España no se han implementado estos dispositivos en vehículos de ciudadanos, ni tampoco operados por empresas privadas al margen de la DGT, un tema que ha generado debate en los últimos años. Con la ley actual, añade, hace falta que haya un agente de policía o de la Guardia Civil esté dentro del vehículo que tenga un radar. “Pero en el futuro sí que podría ocurrir”, afirma.

La principal diferencia radica en la gestión de los datos obtenidos, explica la empresa Emesa M-30. Mientras que los radares públicos, como los instalados en la M-30 de Madrid, envían la información directamente a organismos como la Dirección General de Tráfico (DGT), los radares privados no están vinculados a estas instituciones. Esto plantea interrogantes sobre cómo se administran las sanciones y quién tiene la autoridad para emitirlas.

Los públicos están sujetos a controles regulares y su funcionamiento está respaldado por la legislación española. Por otra parte, en el caso de los privados, la falta de supervisión directa en los radares privados “podría abrir la puerta a posibles abusos o errores en la gestión de las sanciones”, afirman.