Sánchez reconduce la crisis con Puigdemont: solventa el decreto de las pensiones y “resuelve” su exigencia con una cuestión de confianza descafeinada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dormirá este martes mejor que hace una semana. Entonces, el Gobierno no tenía garantizado el apoyo al real decreto-ley con la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público, entre otras muchas medidas importantes. La norma, que se sometía a convalidación el pasado miércoles, decayó finalmente tras el rechazo de PP, Vox y Junts, lo que supuso una de las derrotas parlamentarias más duras para el Gobierno de coalición. Además, abrió la brecha entre el PSOE y Junts, complicando aún más la viabilidad de la legislatura.

Menos de una semana después, cruce de reproches mediante y tras un reparto de culpas en diferentes sentidos para justificar la caída de las medidas, Pedro Sánchez cambió de estrategia y pisó el acelerador para recuperar ya el decreto con la subida de las pensiones y el escudo social. De forma inesperada (Moncloa no preveía un pacto inminente), tras una negociación in extremis, el Ejecutivo llegó a un acuerdo con Junts para aprobar el grueso de las medidas contempladas en el real decreto-ley que tumbó el partido de Carles Puigdemont.

Aunque el Gobierno se negaba a “trocear” la iniciativa con las principales medidas del decreto que suscitan mayor consenso, como la revalorización de las pensiones y la del ingreso mínimo vital, la asignación de los abonos del transporte público, y las ayudas a los afectados por la DANA, finalmente dejó fuera varios elementos a petición de los independentistas, pero consiguió salvaguardar la esencia del decreto ómnibus.

Es decir, las principales medidas del escudo social volverán a publicarse en el BOE este miércoles, desde las pensiones y el transporte hasta prohibición de cortes de suministros y desahucios para familias vulnerables, como exigían los socios parlamentarios a la izquierda del PSOE. Este gesto fue aplaudido por Sumar, Podemos o EH Bildu, lo que encarrila la aprobación del texto en el Congreso cuando se someta a convalidación en un margen de 30 días hábiles.

Asimismo, el Gobierno incluyó la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos y, tal como informó Junts, el nuevo decreto contempla “medidas para combatir las okupaciones delincuenciales”. A este respecto, agregaron voces de esta formación, “se prevén medidas para proteger a las familias vulnerables, así como medidas para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los okupas o por los morosos en las viviendas”. Esto es, el Estado asumirá el impago del alquiler y los destrozos ocasionados, mientras que la Generalitat se hará cargo de la gestión, como explicó más tarde la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, desde Barcelona.

Aunque Nogueras supeditó futuras negociaciones con el Gobierno a que se cierren las “carpetas pendientes”, como el traspaso “integral” de competencias en materia de inmigración o a la oficialidad del catalán en la Unión Europea, y aseguró que este acuerdo no cambiará la relación con el PSOE, los posconvergentes levantaron la suspensión de las negociaciones con los socialistas. Esta situación da oxígeno al presidente del Gobierno, que le permite revertir las críticas sobre su debilidad parlamentaria. “Al final todo sale”, esgrimió Sánchez visiblemente satisfecho en una comparecencia desde la Moncloa.

Con el constante debate de fondo sobre la viabilidad de los Presupuestos de 2025, después de reconducir las relaciones con Junts tras el último pacto, Sánchez pidió ir “partido a partido” para las siguientes etapas, pero en el Gobierno dan por “resuelto” otro asunto que se atragantaba a los socialistas desde el pasado mes de diciembre. Se trata de la cuestión de confianza sobre Sánchez que pedía Junts.

En el pacto sellado este martes se incluyó la previsión de que la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, acepte “tramitar” su proposición no de ley por la que exige al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza, una prerrogativa que corresponde al líder del Ejecutivo. A pesar de que el Gobierno se negaba a tramitarla siquiera al ser “extemporánea”, los socialistas aceptaron que el Congreso debata sobre este asunto, pero se hará previsiblemente de manera descafeinada, como avanzan fuentes gubernamentales.

La propia Nogueras reconoció que la iniciativa sufrirá alguna “modificación técnica” y, aunque todavía se perfila una propuesta de redacción, según informaron desde el órgano de gobierno de la Cámara Baja, Sánchez ya adelantó que en el nuevo redactado “se reconocerá lo que dice la Constitución: la competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la Presidencia del Gobierno de España, previa deliberación del Consejo de Ministros”.

Con este ajuste, Moncloa rebaja el alcance de la misma, a pesar de que la iniciativa, tal como estaba planteada, no obligaba al Gobierno a cumplirla. Si bien, Pedro Sánchez ya anticipó que, aunque salga adelante en el Congreso, el Gobierno “no ve necesidad” de someterse a ella.