El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el nuevo decreto ómnibus pactado entre el Gobierno y Junts con 29 medidas sociales con parte de las medidas sociales que decayeron la semana pasada tras la negativa del partido catalán. En total, se han salvado 29 medidas, entre las que se incluyen las bonificaciones al transporte, las ayudas a los municipios, hogares y empresas afectados por la dana o la prohibición de interrumpir los suministros básicos. Todas ellas volverán a estar en vigor mañana, mientras que el alza de las pensiones se recupera con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
El decreto llega después de que los dos partidos acordasen salvar parte de las medidas incluidas en el decreto ómnibus, a cambio de que el Congreso tramitase la proposición no de ley de Junts que insta al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza, según fuentes del partido catalán.
Cuáles son las medidas que se recuperan
El texto incluye, en materia de Seguridad Social, la revalorización de las pensiones conforme al IPC (subirán un 2,8%), la mejora para las pensiones mínimas (aumentarán un 6%) así como para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (subirán un 9%), así como las nuevas cuantías del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI).
En materia de vivienda, se mantiene la moratoria de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025, como estaba previsto en el anterior decreto. También la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua luz y gas para consumidores vulnerables hasta la misma fecha, así como la prórroga de la situación de excepcionalidad del bono social de la luz destinado a los consumidores vulnerables. Se incluye además el llamado escudo antiopas para proteger de inversores extranjeros intracomunitarios a las empresas de sectores estratégicos y de interés nacional que afecten a la seguridad, salud y orden público.
También se mantienen las bonificaciones a los abonos y títulos de transporte público, con el servicio gratuito en las líneas de autobús estatales y en los servicios de cercanías/media distancia de Renfe y las rebajas del 30% (de hasta el 50% en copago con las comunidades autónomas) de los abonos y títulos multiviaje del transporte público urbano y metropolitano.
Se amplían los préstamos e incrementan las ayudas a los dueños de parcelas agrarias que fueron destruidas por la dana. Del mismo modo, se incluyen las ayudas a los afectados por del volcán de la Isla de La Palma, con los ERTE, la prestación por cese de actividad a los autónomos o la extensión de la moratoria hipotecaria en los municipios afectados, entre otros.
Según se avanzó ayer han quedado fuera de este decreto ley medidas de carácter tributario y económico que todavía tienen que ser negociadas con Junts y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en poder aprobar “en cuestión de semanas”
Qué diferencias hay con el decreto que decayó
La norma, aprobada ayer en el Consejo de Ministros tras cerrar con Junts su apoyo a la convalidación, recupera gran parte de las medidas que decayeron la semana pasada en el Congreso, salvo las relacionadas con pensiones y bases mínimas y máximas de cotización a la Seguridad Social, que tendrán efectos económicos desde el día 1 de enero de 2025.
También se incluye una medida que no aparecía en el anterior decreto: la creación de una “Línea de avales por cuenta del Estado para la cobertura en caso de impago en el alquiler de vivienda”. Conforme se detalla en el artículo 76 del texto, referente a esta nueva medida que exigía Junts, se trata de un sistema que servirá para cubrir los posibles impagos derivados de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y permanente para jóvenes y familias vulnerables.
Por ahora, solo se conocen las líneas generales del plan que gestionarán las comunidades autónomas con la financiación del Estado. No obstante, sí que se especifica que se pagarán todas las rentas impagadas hasta la salida de los inquilinos, así como los daños que estos pudieran haber causado en la vivienda y los suministros que hayan sido pagados por los propietarios.
Además, quedan fuera del decreto las medidas tributarias, que se negociarán más adelante, así como las relativas a ayudas a empresas electrointensivas, que son aquellas pensadas para mitigar el impacto contable del impuesto a los bancos y las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente. Tampoco se ha incluido “la perpetuación de unos anticipos por la financiación autonómica sin pactar una redistribución diferente de los objetivos de déficit y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico” de Cataluña.
La modificación de la Ley de la Sociedad de la Información o del servicio postal también se ha excluido del texto aprobado porque, según Junts, suponían la vulneración de las competencias de Cataluña.