A tres meses de la dana en la Comunidad Valenciana, los afectados siguen en “un duelo colectivo por las víctimas, el miedo y el abandono sentido”

Cuando el pasado 29 de octubre la dana arrasó más de 70 municipios valencianos, Mariló Gradolí solo pudo contemplar, impotente, cómo el desbordamiento del barranco del Poyo inundaba viviendas, garajes y negocios en Catarroja, destrozando todo a su paso. La fuerza del agua también destruyó la planta baja de su casa, perdió recuerdos familiares e innumerables objetos personales, pero se siente afortunada porque tanto ella como su familia y amigos se salvaron de una tragedia mayor. La dana dejó 224 muertos y tres personas desaparecidas en la Comunidad Valenciana, además de cuantiosos daños materiales, y a día de hoy, cuando se cumplen tres meses de la catástrofe, aún son muchos los vecinos y vecinas que no han podido regresar a sus casas o abrir su negocio y las ayudas llegan a cuentagotas.

En las zonas damnificadas continúan los trabajos de extracción de lodo de sótanos y garajes, así como los de limpieza de barrancos y de playas y la retirada de residuos y de coches, tras haber evacuado 500.000 toneladas de enseres y 90.000 vehículos.

“Todavía estamos en un duelo colectivo, no solo por las víctimas, sino por lo que hemos perdido, por el miedo y el abandono que hemos sentido. Y en ese duelo colectivo cada persona está en una fase diferente, porque hay gente que todavía está llorando a familiares que no han podido tener en la mesa de Navidad, hay gente que todavía no ha podido abrir su negocio porque no les han llegado las ayudas y hay gente que todavía está desplazada porque no ha podido rehabilitar su casa o no tiene ascensor en el edificio”, dice Mariló Gradolí, periodista, a Infobae España. “Estamos intentando reconstruir nuestras vidas”, añade, y para ello también es imprescindible “crear la infraestructura necesaria para que esto no vuelva a ocurrir”.

Esta vecina de Catarroja también critica la lentitud de las ayudas de 6.000 euros por vivienda impulsadas por la Generalitat Valenciana, Ejecutivo que dirige el popular Carlos Mazón, ya que “aún hay muchas personas que no las han cobrado”.

Por otro lado, el Consorcio de Compensación de Seguros dependiente del Estado, que a mediados de enero había recibido y registrado 235.933 solicitudes de indemnización (la gran mayoría localizadas en la provincia de Valencia por vehículos y viviendas afectadas por la riada), “tampoco ha respondido como debería”, asegura Mariló, teniendo en cuenta que hay personas que lo han perdido todo, “no solo su casa, sino también su negocio, y eso requiere de mucha ayuda”. “Estamos hablando de un desastre natural que se ha convertido en una tragedia humana”, recuerda. La propia entidad pública ha informado de que hasta el 15 de enero se han pagado un total de 81.399 indemnizaciones por un importe que supera el millón de euros.

Pero aparte de que lleguen esas ansiadas ayudas y “un plan de reconstrucción participado”, Mariló considera igualmente importante que pueda haber “justicia para las víctimas”.

Desde la ONG Save the Children también han recordado que son más de 70.000 niñas y niños los que viven en las zonas más perjudicadas por la dana, y que son estos menores los que más han sufrido a nivel de salud mental, “con síntomas como mutismo, pesadillas recurrentes, miedo a fenómenos atmosféricos e incluso miedo a salir a la calle o hablar de la situación”, además de que muchos adolescentes “han experimentado ira, rabia, problemas de sueño y confusión”. Por ello, la ONG destaca la necesidad de que las autoridades refuercen los servicios de salud mental para los menores de edad, que vieron interrumpida su educación.

Las ayudas son precisamente el principal motivo de desencuentro entre el Gobierno valenciano y el central cuando ya han transcurrido 90 días de la tragedia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene que lleva movilizados 16.600 millones de euros y que ha pagado 1.741 millones en ayudas. El Consell cifra en 1.500 millones lo movilizado y en 211 las ayudas directas abonadas hasta la semana pasada e insiste en que las ayudas estatales son a devolver, extremo que niega el Gobierno de España, según informa la agencia EFE.

Las comisiones de investigación se acaban de constituir en el Senado y en Les Corts Valencianes y este jueves lo hará el comité de expertos para la reconstrucción impulsado por el Gobierno central, mientras se está a la espera de que se puedan aprobar las ayudas por la dana recogidas en el decaído decreto ley ‘ómnibus’.

A día de hoy, solo 28 municipios valencianos permanecen en el nivel 2 de emergencia, lo cual implica que necesitan ayuda externa, principalmente los de la ‘zona cero’, como Paiporta, Aldaia, Torrent o Utiel. Otros 75 han bajado al nivel 1, al considerar que su estructura municipal es suficiente para gestionar la emergencia, mientras que los 163 municipios restantes de la provincia de Valencia han dejado de estar en emergencia, añade EFE.

El órgano que coordina la emergencia, el CECOPI, ha pasado de celebrar reuniones diarias a dos por semana, una de ellas con la participación de los alcaldes de las 28 zonas más afectadas, que han pedido que se agilicen los peritajes y el pago de las ayudas del Consorcio de seguros.

Este sábado 1 de febrero en Valencia se celebrará la cuarta manifestación para reclamar la dimisión del president Mazón por su gestión de la catástrofe. La protesta, convocada de nuevo por entidades sociales, partirá a las 18:00 horas de la Plaza del Ayuntamiento y en ella reclamarán “justicia, reparación y dignidad”. “No sé si Mazón acabará dimitiendo, lo que sí sé es que vamos a seguir manifestándonos para exigirlo”, concluye Mariló.