“Lo que no se ve no existe. Y si no estamos en estudios es como si no existiésemos”: la violencia machista menos visible es la de las mujeres con discapacidad

En 2023, el número de mujeres asesinadas cada día por sus parejas u otros miembros de sus familias fue de 140. Una cifra alarmante, que viene ilustrada también por el hecho de que el 60% de las mujeres son asesinadas por padres, hermanos, hijos, novios o maridos, un porcentaje que se reduce hasta el 12% en el caso de hombres. La violencia de género es, así, una realidad que se puede medir con datos, y que se ha estudiado en muchos países, entre ellos España, con tal de reducir al mínimo las víctimas mortales que deja a su paso. Sin embargo, en esa lucha queda todavía mucho por hacer: dar visibilidad y recursos a las mujeres que la padecen, por ejemplo, y en especial a las más vulnerables.

Marta Valencia, presidenta de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS), explica que las violencias de género que pueden sufrir en este colectivo son “exactamente las mismas”. “Al final somos mujeres y el agresor es el que ejerce la violencia”. Agresiones físicas y psicológicas, pero también de otro tipo, como las institucionales. “Como el caso que hemos visto del juez contra la actriz (Elisa Mouliaá)”, señala en relación con el polémico interrogatorio publicado en los medios a principios de esta semana.

No obstante, es en estas situaciones donde se puede evidenciar cómo la falta de preparación, o en ocasiones simplemente de empatía, puede agravar el problema. “En el caso de las mujeres con discapacidad, el descrédito (el de: ‘fíjate, tiene una discapacidad, lo que dice son tonterías o lo de que no nos sabemos expresar’) es mucho más acusado”. “Por desgracia, estamos en una situación mucho más vulnerable”, denuncia la presidenta de CEMUDIS. Una situación que, para que mejore, “hay que trabajar en visibilizar y en trabajar con las mujeres, con las familias y con todos los entornos”.

Con ese objetivo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció la realización de una macroencuesta para determinar los riesgos y factores de vulnerabilidad que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, de cara a desarrollar un plan específico. Desde CEMUDIS han aplaudido esta decisión. “La realización de una macroencuesta específica es imprescindible para revertir la invisibilización de la realidad de las niñas y mujeres con discapacidad”, afirmaban en un comunicado la semana pasada. Al mismo tiempo, advertían de que “también es necesario que todas las encuestas, análisis y estudios incluyan la variable de discapacidad en su metodología y planteamiento, además de ampliar los ítems relativos y específicos que confluyen en el género y la discapacidad”.

La anterior encuesta realizada sobre violencia de género realizada por el ministerio de Igualdad fue en el año 2019. Entonces, participaron 556 mujeres con una discapacidad acreditada de un grado igual o superior al 33%, lo que supuso un 5,8% del total de las encuestadas. En ese estudio, sin embargo, no se incluyeron datos sobre la condición o el tipo de discapacidad de esas mujeres, lo que, para Marta Valencia, priva al estudio de la posibilidad de dar “herramientas para hacer frente a las situaciones” y “planificar exactamente qué es lo que hay que hacer: si trabajar en prevención o en formación”. “Lo que no se ve no existe. Y si no estamos en estudios, en encuestas y en demás, pues es como si no existiésemos las mujeres con discapacidad”.

Algunos de los datos más recientes en España relacionados con las violencias ejercidas contra las mujeres con discapacidad pertenecen a un informe realizado por la Fundación CERMI Mujeres, a partir de los datos recabados por esa macroencuesta de violencia contra la mujer realizada en 2019. Los resultados de este informe corroboraron la especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad, expuestas a violencia física o sexual de alguna pareja en un 20,7% de los casos (porcentaje que supera el 40% si lo aplicamos a cualquier tipo de violencia), frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad. “Las mujeres que viven con una discapacidad se enfrentan no solo al patriarcado, sino también a otros sistemas de opresión que habrá que visibilizar”, subrayan en dicho informe.

Una opresión que empieza por la vulnerabilidad económica de esas mujeres, con un 65% de inactividad laboral. “Siempre lo decimos, que la cara de la pobreza es de la mujer con discapacidad, porque estas mujeres que no trabajan o tienen una pensión no contributiva o dependen completamente de la familia o del cónyuge”. Dependencia que, a la postre, las expone a una falta de independencia crítica en casos de violencia: “Muchas veces puede haber dependencia (económica) del agresor”.

Si este tipo de cuestiones pueden hacer que el número de denuncias, ya de por sí paupérrimo (del 6,4% según datos de la Delegación de Violencia de Género), el problema se puede acentuar por una falta de formación de los profesionales y de conciencia en la sociedad en general. “Que las mujeres no sepan que son víctimas de violencia porque es lo que han vivido siempre”, o que a la hora de un juicio por divorcio o custodia de los hijos, los jueces puedan pensar “que por tener una discapacidad no eres capaz de ser madre”.

La falta de datos específicos deja otra laguna más: las mujeres víctimas de violencia que, antes de ser agredidas, no tenían ninguna discapacidad, pero que sufrieron secuelas por el maltrato físico o psicológico que recibieron. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Raquel Díaz, abogada especializada en violencia de género de 46 años que, tras ser arrojada por una ventana por su marido, se quedó parapléjica.

“Desde CEMUDIS reclamamos la necesidad de que se incorporen en las estadísticas oficiales datos desagregados referidos a las secuelas derivadas de vivir una situación de violencia, en la actualidad son muchas las víctimas de violencia machista que, como consecuencia de esta, se encuentran con lesiones permanentes que pueden derivar en una condición de discapacidad dificultando su independencia y autonomía”, escribía la Confederación en 2020, después de que se produjera la agresión.

Tras la agresión, Raquel pasó por diferentes geriátricos y psiquiátricos al no poder vivir de manera autónoma. Como ella misma denunció en varios medios de comunicación, vivir en esa residencia era perjudicial para su recuperación psicológica, dado que se encuentra rodeada de personas ancianas y con enfermedades psiquiátricas, que la alejaban todavía más de poder recuperar su vida. A causa de sus lesiones, tampoco podía volver a ejercer como abogada.

Después de que los medios se hicieran eco de su situación, la ministra de Igualdad Ana Redondo se movilizó para mejorar su situación. En verano de 2024, fue desplazada a otro centro más adaptado a sus circunstancias. A pesar de este avance, la falta de datos hace que a día de hoy resulte muy difícil conocer cuántas mujeres se encuentran en una situación como la que vivió Raquel tras sufrir la agresión. Un desconocimiento que desde CEMUDIS y el resto de instituciones esperan que se empiece a resolver cuanto antes.