El juego de los políticos que deja como rehenes a los ciudadanos: las 11 comunidades del PP mantienen las ayudas al transporte y una del PSOE las elimina

Puede que no te interese la política. Que pienses que todos son iguales y que no sirve para nada votar. Que creas que tu vida no cambia si gobierna un partido de color rojo o de color azul. Pero, incluso las personas que quieran vivir al margen de las decisiones que se toman en el Congreso de los Diputados, se han convertido esta semana en rehenes del juego de los políticos y sus intereses partidistas. Unos (la oposición) porque quieren tumbar al Gobierno a costa de pensionistas, jóvenes y vulnerables; los otros (el Ejecutivo), porque están dispuestos a que se vean las consecuencias de no aprobar el decreto Ómnibus, que incluían la subida de las pensiones y las ayudas al transporte.

Más allá de las pensiones, cabe destacar que los descuentos en autobuses, metros y trenes han ayudado a muchas familias a llegar un poco más holgados a fin de mes. No es lo mismo pagar 20 euros mensuales, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que hasta el triple, 60, si se paga el 100% del abono. En cuanto este miércoles el decreto Ómnibus -el que anteriormente se llamaba anticrisis por la guerra de Ucrania- cayó, se desató el caos entre los ciudadanos. Desde el PSOE culpaban al PP y Junts, que votaron en contra, pero enseguida apareció Isabel Díaz Ayuso asegurando que su gobierno mantendría las ayudas. Y así, una a una, las 11 comunidades autónomas en las que gobiernan los populares. Algunas solo el 20% y otras asumirán hasta el 60%. Solo una no aportará nada, y es una de las dos en las que gobierna el PSOE, la Castilla La-Mancha de Emiliano García Page, uno de los mayores detractores de Pedro Sánchez.

Los tres partidos protagonistas -PSOE, PP y Junts- defienden su preocupación por los pensionistas y los ciudadanos. Carles Puigdemont justificó este jueves que si no se había aprobado el decreto es porque “contenía más de 80 medidas en ámbitos muy diversos y dispersos que no se habían consensuado”. Sin embargo, los independentistas no aclaran públicamente cuál es el problema. Según ha publicado El Mundo, dirigentes socialistas explican que los condicionantes eran la cuestión de confianza a Pedro Sánchez, la cesión completa a Cataluña de las competencias de inmigración y que el presidente del Gobierno viaje a Waterloo. Tres condiciones por las que los socialistas no están dispuestos a pasar y que no tienen relación alguna con el decreto ómnibus.

La excusa del PP es que consideran este decreto un “chantaje” y una “trampa”. Y han justificado esta decisión en “el regalo del Gobierno al PNV en forma de palacete”, refiriéndose al traspaso de la sede de París del Instituto Cervantes al partido. ¿Y cuál ha sido la respuesta del PSOE ante este fracaso legislativo que pone en duda la continuidad de su legislatura y su capacidad para gobernar? Esperar. La estrategia socialista es que la gente vea que perjudica la no aprobación de estas medidas y esperan que el bloqueo de la derecha sea “pedagógico”, ha publicado este viernes Infobae España.

Los descuentos consistían en una parte que pagaba el Estado -el 30%- y otra que aportaban las propias regiones. Las ayudas estaban previstas en el decreto ley hasta el próximo 30 de junio, pero tras decaer en la votación parlamentaria de este miércoles, el Gobierno anunció que cesaba su ayuda desde este mismo jueves.

Desde entonces, se han ido pronunciando algunos gobiernos autonómicos. El primero, el ya mencionado de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que no solo mantendrá la parte de la ayuda de la Comunidad de Madrid, sino que aportará lo que hasta la fecha daba el Gobierno central, manteniendo el precio intacto para los madrileños y la rebaja del 60%. De momento, hasta final de mes, una escasa semana. Lo que no se sabe es hasta cuándo. Lo mismo ocurre con Andalucía, donde se aplicará esta misma tasa.

La Comunitat Valenciana anunció este miércoles la continuidad al menos hasta el 31 de enero, y ahora la ha alargado hasta el 30 de junio, independientemente de si finalmente el Gobierno central cofinancia las bonificaciones o no.

Galicia también opta por sufragar lo que no aporte el Estado. La Xunta asegura que aunque el Gobierno no solucione su parte, desde febrero seguirá garantizada la bonificación autonómica del 20 % “durante 2025” y hasta la implantación de un área única gallega de transportes.

Baleares, por su parte, ha apuntado que trabaja con la perspectiva de que se encontrará la fórmula legal para mantener la gratuidad. El Consell de Ibiza ha garantizado la gratuidad del autobús público de la isla en las mismas condiciones que las actuales y el Gobierno de Cantabria mantendrá también la bonificación del 20 % para el bus, y espera que el Gobierno decida pronto mantener la gratuidad de los trenes de cercanías.

El Gobierno de La Rioja ha comunicado que realizará un esfuerzo económico adicional para abonar la totalidad de la ayuda (50 %) de manera temporal durante enero, igualmente a la espera de que el Gobierno de España cumpla de nuevo con su compromiso de subvencionar su parte, según Efe.

En Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá los descuentos a la espera de que el Gobierno tramite un decreto individualizado que permita mantener la bonificación del 50%, según ha anunciado la alcaldesa, Natalia Chueca.

La única excepción va a ser Castilla-La Mancha. Fuentes de la región del socialista Emiliano García Page han asegurado a EFE que no se van a mantener los descuentos. La otra en la que gobierna el PSOE en solitario es la Cataluña de Salvador Illa, que aún no se ha pronunciado. No obstante, la Autoridad de Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM) ha anunciado que mantendrán las actuales tarifas con el descuento, incluida la bonificación acordada por la Generalitat catalana del 20%.

Por su parte, el Gobierno de Navarra, dice que ya tomará las decisiones oportunas cuando se clarifique la continuación de las subvenciones desde el Estado. Sin embargo, según ha podido saber este diario, Pedro Sánchez tiene intención de dejar pasar este tema durante semanas y no va a convocar un Consejo de Ministros extraordinario.

Las instituciones del País Vasco también prevén mantener el descuento del 50%, según han expresado las tres diputaciones y el Gobierno Vasco. No obstante, al igual que otras administraciones, han señalado que la decisión es temporal, a la espera de que el Gobierno adopte nuevas decisiones para garantizar la financiación de la rebaja.

En Asturias se mantendrá con las mismas tarifas el sistema Conecta, una tarjeta que por 30 euros al mes como máximo da acceso a todos los servicios por carretera, incluidos los buses urbanos de Oviedo, Gijón y Mieres, y los trenes de Cercanías. El Principado compensará los fondos que no lleguen desde el Estado.

Finalmente, el caso de Canarias es similar al de Baleares. La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha llamado a la calma al recordar que en los presupuestos generales del Estado figura una partida para la gratuidad del transporte, por lo que, a su juicio, lo que ha decaído es “la fórmula” y “las condiciones” de la ayuda.