Salario Mínimo más bajo, adiós a la subida de pensiones y fin a los descuentos del abono de transporte: qué ayudas se pierden tras caer el decreto ‘ómnibus’ del Gobierno

La derogación del decreto ‘ómnibus’ por parte del Congreso de los Diputados ha generado una ola de incertidumbre sobre el futuro de diversas ayudas sociales en España. La oposición se apunta una derrota del Gobierno, mientras que el Gobierno subraya que quien más pierde son los españoles. Este decreto, impulsado por el Ejecutivo para abordar cuestiones clave en materia económica y social, incluía una serie de medidas dirigidas a mitigar los efectos de la inflación y a proteger a los colectivos más vulnerables. Su caída afecta directamente a millones de ciudadanos que dependían de estos apoyos para aliviar la carga económica.

Una de las principales medidas contempladas en el decreto era un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2025. Este incremento buscaba acompasar el SMI con el aumento del coste de la vida, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales y las exigencias de sindicatos. Sin embargo, tras la derogación, el salario mínimo se mantendrá en 1.080 euros mensuales, dejando a muchos trabajadores en una situación de mayor precariedad económica.

El decreto también contemplaba un ajuste en las pensiones contributivas y no contributivas, alineándolas con la inflación anual. Este mecanismo había sido clave para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados, especialmente en un contexto de aumento de precios en bienes básicos y servicios. Con la derogación, las pensiones se quedarán sin el ajuste esperado, generando preocupación entre las personas mayores, que podrían ver cómo sus ingresos pierden valor real.

Otra de las medidas más significativas que cae con la derogación es el fin de los descuentos en los abonos de transporte público, que habían sido extendidos como parte de las políticas para fomentar la movilidad sostenible y aliviar los gastos de las familias. Estos descuentos, que en algunos casos alcanzaban el 50%, habían beneficiado especialmente a estudiantes, trabajadores y personas de bajos ingresos. A partir de la derogación, los precios de los abonos volverán a sus tarifas habituales.

La Comunidad de Madrid, en una decisión sorprendente, mantendrá su aportación y sumará la que hasta la fecha daba el Gobierno a fin de que los madrileños sigan pagando lo mismo. Así, Isabel Díaz Ayuso da la vuelta a una decisión de su partido en el Congreso de los Diputados, que fue tumbar este salvavidas para tantos ciudadanos.

El decreto también incluía medidas como la extensión del bono social eléctrico, ayudas directas al alquiler para jóvenes y familias vulnerables, así como incentivos fiscales para empresas que promovieran la contratación de trabajadores en situación de desempleo de larga duración. Todas estas iniciativas quedan ahora en suspenso, dejando a miles de beneficiarios en la incertidumbre.

El PP, que votó de la mano con Vox o Junts, argumenta que las medidas eran insuficientes, estaban mal definidas o contenidas entre bastantes más que no compartía, mientras que el Ejecutivo defiende su carácter integral y su importancia para proteger a los ciudadanos más vulnerables.

Sindicatos, asociaciones de jubilados y colectivos de trabajadores han expresado su rechazo a la caída del decreto. Las principales centrales sindicales han anunciado movilizaciones para exigir que las medidas sean reintroducidas mediante nuevos instrumentos legislativos. Por su parte, diversas ONG han alertado sobre el impacto que tendrá la falta de ayudas en los niveles de pobreza y desigualdad en el país.

El Gobierno ha manifestado su intención de negociar con los distintos grupos parlamentarios para reintroducir algunas de estas medidas en forma de proyectos de ley independientes. Sin embargo, el proceso podría prolongarse durante meses.