El Gobierno carga sobre el PP su enfado con Junts por detonar una “bomba atómica” y no pone fecha a la subida de las pensiones y las ayudas al transporte

El Gobierno sufrió este miércoles una de las peores derrotas parlamentarias de la legislatura. Aunque su verdadero enfado es con Junts, en Moncloa tratan de cargar la culpa sobre los hombros del PP para no espantar a la formación de Carles Puigdemont, que mantiene suspendidas las negociaciones sectoriales con los socialistas. Lo cierto es que la nueva pinza de PP y los independentistas en el Congreso frustró los planes de Pedro Sánchez, ya que estas formaciones, además de Vox , tumbaron dos de los tres reales decretos-ley que el Gobierno sometió a convalidación.

Sánchez salvó de la mano del PP la nueva reforma para compatibilizar pensión y empleo, rechazada por Podemos y el resto de izquierdas soberanistas por suponer un “recorte”. Pero no tuvo la misma suerte con la prórroga del impuesto a las energéticas (a la que se negó también el PNV) y, especialmente, con el llamado decreto ómnibus, que contenía la extensión de los descuentos en el transporte público hasta junio de 2025, la subida del 2,8% para las pensiones contributivas, la revalorización del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ayudas a los afectados por la DANA, entre otras muchas iniciativas.

Sin duda, la derrota de este miércoles causó un gran malestar en las filas del Gobierno y su estrategia pasa por asignar al PP la responsabilidad de su fracaso. De hecho, al menos por ahora, el Ejecutivo descarta convocar un Consejo de Ministros extraordinario para revertir la caída de estas medidas. En Moncloa son claros: “No vamos a dejar tirados ni a los pensionistas, ni a los usuarios del transporte público, ni a los valencianos y valencianas”, pero todavía no se ha puesto fecha a la nueva aprobación de la subida de las pensiones y las ayudas al transporte. Y es que, la consigna es visibilizar las consecuencias de la decisión de tumbarlas.

Distintas fuentes del Gobierno afearon que se interponga el “cálculo partidista” al interés general. “Son ellos los que lo tienen que explicar”, clamó visiblemente molesta a su salida del hemiciclo la vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero, que en un mensaje posterior en X acusó al PP de haber “traicionado a los españoles al votar en contra de que 12 millones de pensionistas vean revalorizada su pensión”.

También, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se dirigió a los pensionistas y les recomendó que, “cuando en febrero vean que su pensión ha bajado, se acuerden de que ha sido el PP en compañía de otros”, en alusión a Junts. En el Ejecutivo no entienden los motivos por los que el partido de Carles Puigdemont, con el que se ha intentado retomar las relaciones esta semana, votó en contra del decreto. De hecho, recuerdan que en Cataluña también hay pensionistas y usuarios de transporte público que se benefician de estas medidas.

Los socialistas asumen que, en pleno deshielo con Junts, no pueden visibilizar su malestar con Puigdemont, aunque en Ferraz deslizan la posibilidad de que el rechazo de los independentistas a estas medidas se deba a un “toque de atención”. Asimismo, en privado, fuentes de la parte mayoritaria del Gobierno se atreven a señalar directamente a los independentistas, con quien tenían “requetenegociado” el decreto ómnibus. “Otra cosa es que ellos tengan circunstancias sobrevenidas y digan que se bajan del carro”, arremeten estas voces para zanjar: “Que cada palo aguanta su vela”.

Aunque desde el Gobierno de coalición y los partidos que lo forman rechazan cualquier debate de que la legislatura es “ingobernable”, como calificó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fuentes del socio minoritario reconocen que la decisión de Junts supuso la detonación de una “bomba atómica”. “Esto complica todo mucho”, aludieron estas voces en referencia a los Presupuestos de 2025, cuya posibilidad de que salgan adelante se hace cada día más pequeña. Al respecto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró que Junts “forma parte del bloque de investidura, y lo que es evidente es que hay que recobrar la confianza y seguir trabajando para seguir mejorando nuestro país”.

Pero las culpas no van solo en una dirección, ya que PP y Junts responsabilizan al Gobierno de que decaigan estas medidas. Tras la votación, el presidente de Junts, Carles Puigdemont, acusó al Ejecutivo de “jugar con los pensionistas y los usuarios de los transportes públicos”. “Si les importasen de veras y no como meros instrumentos de lo que parece ya la precampaña electoral, lo tenían y lo tienen fácil: que presenten un decreto con la revalorización de las pensiones y los descuentos al transporte público, y mañana mismo los tendrán aprobados”, señaló el expresidente de la Generalitat en X.

A juicio del líder independentista, es “inaceptable” incluir estas propuestas dentro de un decreto ómnibus, con un “paquete” de cerca de 80 medidas “de lo más diverso y disperso”. Además, aseguró que los socialistas están “acostumbrados a una manera de hacer política -y de socios- que se mueve por la estética o el miedo escénico”, añadió en referencia a ERC.

Por su parte, el PP se defendió de las críticas argumentando que no tiene la culpa de que el Ejecutivo no tenga mayoría para sacar adelante sus leyes. “Si no pueden gobernar, el colmo es que responsabilicen a la oposición. Dejen de tomar el pelo a los españoles”, esgrimió Alberto Núñez Feijóo, que consideró “miserable que el Gobierno mezcle a pensionistas, valencianos y vulnerables con chantajes de sus socios”.

Aunque el PP basó su rechazo a la norma en la inclusión del traspaso al PNV del edificio que alberga en París al Instituto Cervantes, en Génova reconocen que no iban a dejar pasar la oportunidad de “hacer negocio” con la “ansiedad e incertidumbre” del Gobierno.