Una familia aristocrática intenta desahuciar por tercera vez a un vecino de Vallecas sin recursos: “Quieren hacer negocio con la vivienda”

Medio siglo. Ese es el tiempo que Mariano, de 56 años y enfermo del corazón, lleva viviendo en la misma casa en el madrileño barrio de Vallecas, pero este miércoles se enfrenta a un tercer intento de desahucio. Su alquiler es de renta antigua y los dueños del piso, la familia Díez de Rivera Elzaburu, que pertenece a alta aristocracia madrileña, quieren echarle. Se trata de una familia que posee más de una decena de inmuebles, además de complejos hoteleros y cotos de caza en Madrid.

Los propietarios del inmueble han denunciado a Mariano por impago, pero él asegura que se trata de un “impago obligado”, ya que la familia Elzaburu “le ha puesto todo tipo de impedimentos para dejar de pasarle el recibo del alquiler” a pesar de que insistió para que enviaran el número de cuenta donde debía ingresar las mensualidades. “Ellos se han negado a proporcionarme un método de pago para así forzar el impago e iniciar un procedimiento judicial”, indica a Infobae España Mariano, quien asegura que “le echan para hacer negocio con la vivienda”. Se trata del tercer intento de desahucio en poco más de ocho meses.

Mariano, que es albañil, pero actualmente se encuentra de baja médica por sus problemas de salud -necesita una máquina de oxígeno para dormir-, carece de ingresos, por eso “no puede entender por qué el primer desahucio se paró con el informe de vulnerabilidad de la trabajadora social y ahora la justicia no hace caso”, teniendo además en cuenta que el Gobierno prorrogó la paralización de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025. “Los jueces no están aplicando la ley”, sostiene.

La nueva Ley de vivienda incorporó una serie de modificaciones legales para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles, y a pesar de que en este caso se dan las dos condiciones, la comisión judicial tiene previsto llevar a cabo el lanzamiento a lo largo de la mañana, por lo que Mariano se quedaría en la calle al no disponer de una alternativa habitacional.

“El juzgado debería tener en cuenta la situación de Mariano, un hombre que además tiene problemas de salud y que lleva viviendo en esa casa 53 años, prácticamente toda su vida, mientras que los propietarios del inmueble son grandes tenedores. La ley de vivienda y el escudo social dejan fuera de la protección frente a los desahucios a un 75% de los lanzamientos, por lo que en este caso vamos a seguir señalando a la familia Elzaburu y al Gobierno, que protege más los intereses de los propietarios que de los inquilinos”, asegura Mercedes López, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas.

Para intentar paliar el problema de la vivienda, que ya es una de las principales preocupaciones de la población en España, la asociación reclama unos “alquileres acordes a los salarios”, ya que la inmensa mayoría de los arrendatarios destina más del 30% de sus ingresos a pagar esas mensualidades, cuando en realidad ese debería ser el límite para poder vivir de forma más holgada, según los expertos. “No puede ser que al final el interés de los propietarios esté por encima de lo más básico que es el derecho a la vivienda”, defiende López.

El caso de Mariano evidencia que a pesar de la ley, los desahucios de personas vulnerables se siguen produciendo a diario en España, tal y como denuncian los diferentes grupos del movimiento por el derecho a la vivienda. Ocurre porque los requisitos de vulnerabilidad económica que se deben acreditar para paralizarlos son demasiado exigentes y no todas las personas afectadas pueden cumplirlos.

Dentro de esos supuestos de especial vulnerabilidad, destacan las familias numerosas, las monoparentales con al menos un hijo a cargo, las unidades familiares con un menor de edad, con algún miembro con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o incapacidad permanente; o las unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo, en las que exista una víctima de violencia de género; y en las que el deudor sea mayor de 60 años. A esto se suma, además, que el proceso de desahucio no se suspende inmediatamente en caso de que se acrediten los requisitos fijados, sino que depende de la decisión del juzgado de turno.

Organizaciones como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos también han criticado las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno para mejorar el acceso a la vivienda, que incluyen, entre otras, la exención fiscal de hasta el 100% para aquellos propietarios que destinen a alquiler asequible sus viviendas vacías y un impulso a la nueva empresa pública de vivienda, pues las consideran “insuficientes, erradas y cobardes”. “Garantizan los beneficios de los propietarios a costa de la estabilidad de las inquilinas y apuestan por la construcción como la panacea a largo plazo, sin aportar solución alguna a la emergencia habitacional que vivimos hoy”.

A lo largo de 2024 la vivienda en alquiler en España subió un 9,5% respecto al año anterior, según el portal inmobiliario pisos.com, que sitúa el precio medio del metro cuadrado a cierre del ejercicio en 12 euros el metro cuadrado. En el segundo semestre del año, no obstante, el incremento de rentas fue más suave que en el primero, al situarse en el 3,8%.

Así, las regiones más caras para vivir de alquiler en diciembre de 2024 fueron Baleares (18 €/m²), Madrid (17,9) y Cataluña (14,2), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja (4,6), Extremadura (5,2) y Castilla y León (5,2).