La Policía accede por la ventana a la casa de Mariano en Vallecas para desahuciarle: “Al final la ley está del lado de los ricos”

La familia Díez de Rivera Elzaburu, que pertenece a alta aristocracia madrileña y es dueña al menos una decena de inmuebles y cotos de caza, ha logrado finalmente este miércoles echar a Mariano, un vecino de Vallecas de 56 años y enfermo del corazón, de la casa en la que ha vivido durante más de medio siglo. Esta era la tercera vez que este albañil que actualmente se encuentra de baja médica y carece de ingresos se enfrentaba a un intento de desahucio y se ha quedado en la calle “sin que ninguna administración le haya dado una alternativa”, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas. Mariano tenía un contrato de alquiler de renta antigua y la familia Elzaburu quería recuperar el piso.

El desahucio comenzaba a las 6 de la mañana, cuando varios efectivos de la Policía Nacional entraban en el edificio para echar abajo la puerta del piso de Mariano, desalojando a quienes le estaban apoyando dentro del piso. Ante esta situación, tres activistas del movimiento por el derecho a la vivienda se desplegaron por la fachada del edificio sujetos a una cuerda para tratar de evitar el desalojo, pero no lo lograron. En un principio los bomberos se negaron a participar, pero ante la insistencia de la Policía, finalmente también colaboraron en el desahucio, que se ha prolongado hasta el mediodía, indican desde la PAH.

“Mariano está en la calle porque ninguna institución ni nadie le ha ofrecido una alternativa. La única alternativa se la vamos a ofrecer nosotros, la plataforma, con los pocos recursos que tenemos, pero con la certeza de que queremos pelear hasta el final por nuestro a una vivienda”, dice a Infobae Alejandro, portavoz de la PAH, que explica que tres de los activistas han sido detenidos tras el desahucio.

En este caso, los propietarios del inmueble habían denunciado a Mariano por impago, pero él mismo explicaba ayer a este periódico que se trataba de un “impago obligado”, ya que la familia Elzaburu “le había puesto todo tipo de impedimentos para dejar de pasarle el recibo del alquiler”, a pesar de que insistió para que le enviaran el número de cuenta donde debía ingresar las mensualidades. “Ellos se han negado a proporcionarme un método de pago para así forzar el impago e iniciar un procedimiento judicial”, indicó, por lo que aseguró que el objetivo de esta familia con títulos de marqueses era ”hacer negocio con la vivienda”. 

El desalojo de Mariano, que no cuenta con recursos económicos, se ha llevado a cabo a pesar de que el Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler de familias vulnerables de su vivienda habitual y sin alternativa habitacional. Además, la nueva Ley de vivienda incorporó una serie de modificaciones legales para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles, como también sucedía en este caso.

“La ley solo es teoría, no se aplica. Al final la ley siempre está del lado de los poderosos y de los ricos, y al final una familia de aristócratas con varias viviendas, cotos de caza y clubs de lujo como el de Puerta de Hierro, consigue arrebatarnos nuestros derechos”, añade el portavoz de la PAH, que también critica que el Gobierno “siga prometiendo y no aporte medidas reales”.