La residencia de mayores de Alcorcón está en una situación “insostenible”: “Maltratan al residente y a las trabajadoras”

El 6 de enero de 2025, la organización Marea de Residencias recibió una carta de Reyes algo particular: una trabajadora de la residencia pública para personas mayores de Alcorcón denunciaba la falta de personal del centro. “La carga emocional y física sobre el personal se ha vuelto insostenible, y el bienestar de los residentes se está comprometiendo de manera gravísima”, escribía la auxiliar de enfermería (una profesión también conocida con el acrónimo TCAE).

La Comunidad de Madrid, a cargo de la gestión del centro, asegura que se trata de un problema puntual, pero quienes llevan una década dentro de la residencia pública afirman que es algo estructural. Así lo certifica la autora de la carta, que llegó hace nueve años a Alcorcón. “Desde el primer momento que llegué allí, vi que no era normal y que los compañeros habían normalizado la situación”, dice María —que por miedo a las represalias de la dirección, prefiere utilizar un nombre falso— a Infobae España.

La mujer lleva años luchando con sus compañeras para que la atención en el centro mejore. Incluso llegaron a poner una denuncia en el Juzgado de Alcorcón por “la gran falta de personal que hay en esta residencia”. Sorprendentemente, la respuesta fue que la ratio era muy superior a lo que se exige legalmente.

“La Comunidad de Madrid mete [en el cálculo] a todo el mundo: al fontanero, al electricista, al cocinero... Entonces, nos salía un ratio de dos residentes por persona”, asegura la trabajadora. Mientras, el número de TCAEs está estancado. “Las que levantamos, aseamos, damos de comer, damos medicación... somos nosotras, pero como meten a todo el mundo en la contabilidad de ratios, parece que sobramos la mitad”, dice.

La realidad, según María, es muy distinta: “2 TCAEs, 38 residentes, eso es lo ‘normal’”. En la residencia hay 10 módulos, de entre 18 y 20 internos cada uno. A ello se le añade un módulo de personas con alzhéimer, con 18 residentes; un centro de enfermería de ocho camas; la farmacia y un centro de día para 55 mayores dependientes y grandes dependientes. “Luego suma la salida de acompañamiento a los residentes, a hospitales, a consultas, a especialistas, médicos...”, explica.

Preguntada por este medio, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales expresa que “la ratio de personal en los centros residenciales de mayores de la Agencia Madrileña de Atención Social está muy por encima de lo exigido por la normativa vigente”. Calcula que “hay un profesional por cada usuario”, con más de 0,5 trabajadores de atención directa por residente y más de 0,4 auxiliares de enfermería por residente. Sin embargo, no ha aportado datos concretos de la residencia de Alcorcón y tampoco ha querido comunicar cuántas TCAEs hay contratadas.

Hace seis meses que Noelia, la madre de Mariví Nieto, falleció. Le detectaron alzhéimer hace 20 años, y cuando su familia no pudo hacerse cargo de sus necesidades, fue internada en la residencia de Alcorcón, donde pasó la última década de su vida. “Al principio, se notaba que había deficiencias. Teníamos un poco de descontrol, pero en lo esencial, en lo básico que necesita toda persona (cuidados, alimentación y demás), las cosas más o menos estaban bien”, recuerda Mariví.

Con los años, la calidad fue cambiando: se externalizaron servicios, como la alimentación de los residentes, y la escasez de personal era cada vez más visible, sobre todo según crecía la dependencia de los internos. “Teníamos que empezar a reclamar un médico por la tarde, porque en muchas ocasiones no había. Los fines de semana, tampoco, aunque en el último año que mi madre estuvo en la residencia, había uno los sábados por la mañana. Fuera de eso, en fin de semana no podías enfermar”, explica Mariví.

La mujer, que acudía al centro cada día con su padre, recuerda que muchas veces se encontraba a su madre todavía en la cama a las 11:00 horas, “porque no había personal para levantarles”. Es algo que ocurre a diario, confirma María: “Vienen los familiares y se enfadan, con toda la razón del mundo, porque ellos quieren ver a su familiar ya levantado. A lo mejor se acuestan a las 20:00 horas y hasta las 11.30-12:00 horas no los hemos levantado, fíjate si pasan horas en una cama”.

La falta de trabajadores se nota, sobre todo, en el aseo: “Durante muchísimos años, solo se les duchaba una vez a la semana, a personas que llevan pañal y se orinan”, dice la mujer, lo que llevaba a que los mayores desarrollasen infecciones. Tras “grandísimos esfuerzos” de reclamación, consiguieron que se les asease entre tres y cuatro veces por semana.

La calidad de la comida también ha decaído. Para el periodo 2024-2026, el presupuesto de la Agencia Madrileña de Atención Social para comidas es de 6,48 euros por día y residente, según el contrato firmado con la Plataforma Femar, que todavía sirve a cinco de las 25 residencias públicas de mayores, a 21 residencias infantiles y a una residencia maternal. “Mientras mi madre podía comer, la comida era escasa y de baja calidad. No sabías qué pescado era cuando te lo comías. Los garbanzos botaban en el suelo”, recuerda, y añade que “había gente que entraba en la residencia y, a los cuatro meses, había perdido cinco kilos”. “Esto es el día a día de las residencias”, sentencia.

Los familiares de los residentes se han unido en una plataforma y constantemente presentan sus denuncias, tanto a la dirección del centro como a instancias superiores. Cada vez que alzan la voz, se encuentran la misma respuesta: “Que era algo puntual”, “que no era para tanto” o “siempre sois los mismos y siempre os quejáis de lo mismo”. Pero Mariví sabe que el nivel de desatención es peligroso y que, por la falta de personal, han pasado cosas graves.

Recuerda en concreto el caso de Miguel, un interno que llevaba años en el centro alcorconero. “Era un hombre muy peculiar, porque organizaba el jardín, colocaba las sillas y demás”, cuenta. Un día, Miguel no bajó a cenar. Su compañero de habitación se percató de que no estaba y avisó al personal que atendía en ese momento el comedor. Los responsables pensaron que el hombre estaría en su habitación o que, inapetente, habría decidido no acudir a cenar.

“Al día siguiente, a las 8:00 horas, se lo encontraron fallecido en el jardín. Le había dado algo al hombre y nadie se había percatado hasta el día siguiente de que no estaba”, relata Mariví. El incidente se saldó con el traslado de la directora (“porque no cesan a nadie”, se queja Mariví).

Si de normal las trabajadoras escasean, en Navidades el problema se agranda. El pasado 6 de enero, recuerda María, llevaban días pidiendo refuerzos. “La gente empieza a ponerse mala y, como las plantillas están muy mermadas de personal, se monta el lío”, dice. Ese día, ella y su compañera empezaron su jornada, como cada día, a las 7:30 de la mañana.

“Sobre las 8:30-9:00 horas, vienen a por mi compañera para decirle que faltaba gente en otro módulo y que se fuera. Mi compañera empezó a decir que ya estaba realizando su trabajo, que había atendido a un montón de residentes y que no lo veía bien”, recuerda. La administración siguió insistiendo, hasta que la TCAE “empezó a tener ansiedad y se tuvo que ir a casa con un cuadro de ansiedad bastante elevado”. María se quedó sola el resto del día en su sección.

Ese mismo día, un residente pegó una patada a otra compañera y la mandó al hospital. Se quedaron tres trabajadoras para atender a 38 internos.

Para María, las residencias públicas “tendrían que ser un reflejo donde se miraran incluso las privadas“, pero la situación es diametralmente distinta. ”Esa es la pena de las residencias, que la gente ha normalizado que estemos por un pasillo, que nos demos golpes por las piernas y tengamos moratones, ha normalizado que levantemos a una persona con obesidad mórbida entre dos, cuando los bomberos lo hacen entre cuatro”, dice la TCAE, que recuerda que ella y sus compañeras son ya mayores. “La que no tiene una lesión en la espalda la tiene en la cervical o en la cadera. Estamos rotas porque tenemos que ir corriendo. Es indigno lo que nos hacen. Nos maltratan. Maltratan al residente, pero nos maltratan a las trabajadoras también”.

La Comunidad de Madrid afirma que garantiza siempre “la mejor atención a las personas más vulnerables” y que “ningún usuario ha estado desatendido”.