Una madre registra en el Congreso una iniciativa para garantizar el cobro de seguros de vida tras un suicidio

Dolores López Alarcón, una madre que perdió a su hija después de que se suicidara, ha registrado en el Congreso este miércoles una iniciativa legislaiva popular de cara a modificar la Ley de contrato de seguro y hacer que los seguros de vida sean menos restrictivos en los cobros después de que alguien decida quitarse la vida.

Dolores es una de las voces más respetadas en la comunidad educativa y familiar respecto a la prevención del suicidio. Profesora de primaria de profesión y autora del libro Te nombro, donde cuenta su propia experiencia, esta mujer ha elaborado también una guía para la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. Además, también es coordinadora del Plan de Formación del Profesorado en prevención, detección e intervención del suicidio de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana.

Entre sus próximos objetivos está, precisamente, el de la modificación de la Ley de contrato de seguro, con la que se cambiaría el artículo 93 de dicha ley de cara a que las aseguradoras cubrieran el riesgo de suicidio del asegurado desde que entrara en vigor el seguro de vida, y no, como suele ocurrir, al cabo de un año u otro periodo de tiempo determinado.

Muchos contratos de seguro de vida no incluyen, ni siquiera, el suicidio como una causa que pueda llevar al cobro, y en caso de que se estableciera un plazo, si una persona se suicidara antes del vencimiento del mismo, la aseguradora quedaría exenta de pagar, por lo que las familias no recibirían indemnización alguna.

En declaraciones a Agencia EFE, Dolores se ha pronunciado sobre el registro de la iniciativa: “Imagínense lo que significa el impacto brutal de una muerte por suicidio de tu madre, de tu padre, de tu marido, de tu mujer. Y encima tener que atender a todas las dificultades económicas. Hay un hecho traumático que además viene agravado por estas circunstancias y por el estigma, porque nos quedamos solos”.

La Ley Orgánica 3/1984 es la que se encarga de regular este tipo de procedimientos en los que la ciudadanía puede participar de forma directa en la elaboración de leyes, un derecho que está ya recogido por la Constitución. A pesar de que en la Carta Magna se señala ya la necesidad de recolectar medio millón de firmas, hay una serie de pasos previos que deben cumplirse para que no haya problemas legales.

“Se iniciará mediante la presentación ante la mesa del Congreso de los Diputados”, indica, “a través de la Secretaría General del mismo”. Se deberá entregar un documento en el que se exponga la proposición de ley y se expliquen los motivos. Además, se deberá escribir en dicho texto el nombre y los datos personales de los miembros que componen la “Comisión Promotora de la iniciativa”.

La Mesa debe examinar la documentación y pronunciarse en quince días sobre si se admite o no la proposición, algo que se puede dar si afecta a leyes orgánicas, tributarias, internacionales, de prerrogativa de gracia o pueden afectar a la planificación económica o a la propiedad pública y privada (artículos 131 y 132 de la Constitución). También podría denegarse si no se hubieran indicado todos los datos requeridos, la proposición versara “sobre materias manifiestamente distintas”, existiera ya un proyecto o proposición de Ley sobre el mismo asunto u otra iniciativa popular “de contenido igual o sustancialmente equivalente”.

Si finalmente se aceptara la proposición (de no ser así, cabría acudir al Tribunal Constitucional), comenzaría la recogida de firmas, que tendría un plazo de nueve meses con una prórroga de tres meses “cuando concurra una causa mayor”. Si se lograran 500.000 y se autenticaran, la proposición entraría en un pleno del Congreso con un plazo máximo de seis meses para su toma en consideración. Si alcanzara esta tramitación parlamentaria, el Estado devolvería a la Comisión Promotora el dinero gastado para difundir la proposición, con una cantidad que no podría exceder nunca los 300.000 euros.