La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a Vox y ha remitido al juez Juan Carlos Peinado otra querella contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez por presunto tráfico de influencias en relación con un software de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, como explica el recurso de apelación al que ha tenido acceso Infobae España.
El pasado mes de septiembre, el Juzgado de Instrucción n.º 34 de Madrid había inadmitido a trámite una querella contra Gómez por presunto tráfico de influencias, que había denunciado el partido de ultraderecha. Sin embargo, el tribunal ha revocado dicha resolución y ha ordenado que las diligencias se remitan al Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, cuyo titular es el juez Juan Carlos Peinado, para determinar si corresponde acumular esta causa a los procedimientos que ya investiga este mismo juez desde el pasado mes de abril.
La querella presentada por el partido de Santiago Abascal contra Gómez, codirectora del máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), alegaba presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para desarrollar un software utilizado en dicho máster. El escrito denunciaba la supuesta apropiación indebida del software, posteriormente registrado bajo una marca vinculada a Gómez.
La resolución deja “sin efecto” el auto de septiembre
El Juzgado de Instrucción n.º 34 archivó la causa al considerar que los hechos no constituían delito, una decisión que VOX impugnó mediante recurso de reforma y subsidiario de apelación. Tras ser desestimado el recurso inicial, el caso llegó a la Audiencia Provincial.
La Audiencia Provincial, con fecha 11 de diciembre de 2024, dictó el auto en el que resolvió admitir el recurso de apelación, dejando “sin efecto” lo dictado en septiembre. En su análisis, el tribunal consideró que existen elementos suficientes para que el Juzgado de Instrucción n.º 41 evalúe si los hechos denunciados guardan conexidad con otras diligencias previas que investigan posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
Hace cuatro meses, el auto relató que no contaba que Gómez ejerciese “ninguna influencia” en el funcionario que aprobó iniciar la tramitación del expediente de contratación de una plataforma de gestión y medición de impacto de la pequeña y mediana empresa, ni tampoco sobre los miembros de la mesa de contratación. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid revierte esta decisión.
Gómez fue citada a declarar como investigada por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional el pasado 18 de diciembre. En el juzgado, negó cualquier tipo de irregularidad. En el auto en el que el juez atribuía a Begoña Gómez los dos nuevos delitos, señalaba sobre el de apropiación indebida que la investigada “habría inscrito a su favor” el software que Google, Indra y Telefónica desarrollaron de forma altruista “siempre para” la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía Gómez, por lo que “evidentemente” esta conducta podría encajar en ese tipo penal. Indra reconoció a Peinado que pagó más de 128.000 euros en el desarrollo del software. El coste total de las tres empresas ascendió a unos 150.000 euros.
Con esta decisión, la Sala integrada por los magistrados Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa, Rosa Esperanza Rebollo Hidalgo y Juan José Escalonilla Morales, deja en manos de Peinado la decisión de la querella. Cabe recordar que las próximas declaraciones en la causa están previstas para el 22 de enero, cuando el juez ha citado como testigos a representantes de las empresas Indra Sistemas, Google, Fundación Manpower, Arsys Internet y Telefónica.
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