El Gobierno asume que Puigdemont no negociará los Presupuestos y le reta a que pacte con el PP una moción de censura contra Sánchez

Moncloa hace balance de daños ante su pretensión de vetar en el Congreso la cuestión de confianza que pide Junts

Guardar
La portavoz de Junts en
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno. (Jesús Hellín/Europa Press)

El Gobierno comienza a dar signos de hartazgo con Carles Puigdemont, socio imprescindible en el Congreso, ante sus continuos órdagos. Por eso, Pedro Sánchez empieza a poner líneas rojas a Junts frente a su pretensión de tener al PSOE en la palma de la mano. Y muestra de ello es que, en un momento en el que los Presupuestos de 2025 están en el aire, al Gobierno no le temblará el pulso para vetar la cuestión de confianza al presidente del Gobierno que promovió Junts en la Cámara Baja.

PSOE y Sumar utilizarán previsiblemente este jueves su mayoría absoluta en la mesa de la Cámara Baja para rechazar la proposición no de ley que recoge esta iniciativa, una prerrogativa asignada por la Constitución al líder del Ejecutivo. Aunque en público echan la pelota al órgano de gobierno del Congreso, presidido por la socialista Francina Armengol, que tiene pendiente calificar la iniciativa, fuentes de Moncloa adelantaron este martes la predisposición de los socialistas de vetar la iniciativa de los de Carles Puigdemont (no tiene rango de ley), que consideran “extemporánea”.

Si nada cambia hasta el jueves, el Gobierno frenará la última exigencia de Junts, a pesar de que los independentistas habían amenazado con “tomar decisiones que no le gustarán al PSOE” si no permite la tramitación de la cuestión de confianza. En este sentido, en Moncloa asumen que, entre las consecuencias de esa decisión, está la posible negativa de la formación de Carles Puigdemont a negociar los Presupuestos.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, advirtió este martes por la mañana de que lo que ocurra el jueves en la mesa del Congreso con la cuestión de confianza “no es inocuo”. “Si no la tramitan, quiere decir que no se ven capaces de asegurarse esta confianza”, agregó el dirigente independentista. Lo cierto es que, la reunión de la dirección permanente de Junts en Bruselas (Bélgica), convocada por Puigdemont para el viernes, abordará esas “decisiones que no gustarán al PSOE”.

En todo caso, el representante de Junts volvió a rechazar la posibilidad de que el partido independentista apoye una moción de censura del PP. Jordi Turull tildó de “broma macabra” la idea de que los siete diputados de Junts den apoyo a una moción de censura a Sánchez junto a PP y Vox, una propuesta que planteó este lunes el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

“Si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que presentaré una moción de censura si tengo los apoyos suficientes para sacarla adelante”, llegó a afirmar Feijóo en una entrevista en Onda Cero, dando otro paso en su acercamiento paulatino a un partido que, hace apenas un año, amenazó con ilegalizar en el marco de la tramitación de la ley de amnistía.

Emplaza a Junts a apoyar una moción de censura liderada por el PP

Consciente de que la formación de Puigdemont –al menos por ahora– no tiene alicientes para tumbar a Sánchez de la mano del PP, más allá de la pinza entre ambos para sacar adelante sus medidas de carácter conservador, el Gobierno aprovecha la ocasión para sacar músculo frente a Junts. De esta manera, los socialistas responden al órdago de Puigdemont lanzando otro: desafían a los independentistas a sumarse a una moción de censura liderada por el PP.

Fuentes socialistas del Gobierno recalcan que “la oposición tiene otros instrumentos mucho más fuertes que la cuestión de confianza” para censurar al Ejecutivo, como es el caso de la moción de censura. Esta herramienta viene recogida en el artículo 113 de la Constitución. “Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno”, añade el precepto constitucional.

En esencia, el Gobierno cuestiona la exigencia de Junts, tanto en el fondo como en las formas. Más allá de que la prerrogativa para tomar esta decisión solo está en manos del presidente del Ejecutivo, Moncloa ve injustificada esta propuesta. Así, la ministra portavoz, Pilar Alegría, argumentó que el Gobierno cumple con los compromisos que ha adquirido con el resto de fuerzas parlamentarias en lo que está en su “mano”.

Fuentes gubernamentales argumentan la dificultad para aceptar tramitar una iniciativa así, a pesar de que se trata de una proposición no de ley sin efectos jurídicos y que no obliga al Gobierno a cumplirla. Esto es, la propuesta del partido independentista habla de exigir al presidente del Gobierno que acepte someterse a una cuestión de confianza, algo que el propio Sánchez ya ha rechazado en varias ocasiones.

De hecho, este fue el análisis que realizó el servicio jurídico del Congreso para no oponerse a su tramitación. A pesar de ello, el órgano de gobierno de la Cámara Baja pospuso su decisión de admitirla o no a trámite el pasado mes de diciembre, dando una patada hacia adelante para diluir el asunto.

“Nos pondría en una situación paradójica”, dicen en Moncloa, que ven “incompresible hablar de que el Gobierno se ha vendido a los independentistas y, por otra parte, decir que no se cumple con los independentistas”. Estas voces cuestionan además los motivos de Junts para hacer esta petición, teniendo en cuenta que “debe haber fair play (juego limpio)”.

Dichas fuentes señalan que el Gobierno entiende la “frustración” de Junts por el escaso alcance de la ley de amnistía, cuya aplicación está en manos de los tribunales, y por la imposibilidad de asumir todas sus exigencias ante la ausencia de una mayoría absoluta en el Congreso. Frente a la actitud de Puigdemont, el Gobierno trata de quitarse la presión de encima y reparte responsabilidades para prevenir futuros órdagos: “Hay cosas que no dependen solo de nosotros”.

Así son las medidas anunciadas por Pedro Sánchez para hacer asequible el acceso a la vivienda.
Guardar