Un propietario de un piso en Girona, Cataluña, descubrió que en su apartamento, alquilado inicialmente a una pareja casada, había un total de diez personas empadronadas. Según ha informado 3cat, el caso salió a la luz después de que los vecinos del edificio denunciaran movimientos constantes y problemas recurrentes en el inmueble.
El propietario, Josep Maria Amargant, había confiado en el perfil de los inquilinos originales, considerándolos ideales para ocupar su propiedad. Sin embargo, meses después de firmar el contrato, los vecinos comenzaron a reportar un flujo inusual de personas en el apartamento. Los residentes del edificio notaron que no solo la pareja vivía allí, sino que el espacio estaba siendo compartido por un grupo mucho más numeroso.
Preocupado por la situación, Amargant decidió contactar con el ayuntamiento de Girona para obtener más información. Fue entonces cuando los servicios administrativos confirmaron que, según el registro oficial, diez personas estaban empadronadas en la dirección de su propiedad. Este dato sorprendió al propietario, quien no había autorizado tal situación ni estaba al tanto de la presencia de tantas personas en el inmueble. Sin embargo, en España no hace falta la aprobación del propietario de la vivienda para poder empadronarse en ella, ya que prevalece el derecho al empadronamiento.
Derechos y limitaciones del empadronamiento en España
Este caso pone de manifiesto las particularidades del sistema de empadronamiento en España. Para empadronarse en una dirección, basta con demostrar que se reside efectivamente en el lugar para que el ayuntamiento acepte la inscripción en el padrón municipal, con lo que con el contrato de alquiler es suficiente.
El sitio web de la Generalitat de Catalunya explica que el empadronamiento es un derecho fundamental que no depende de cuestiones relacionadas con la propiedad privada. Además, aclara que los ayuntamientos no tienen competencia para intervenir en disputas legales o privadas relacionadas con la vivienda. Esto significa que, aunque el propietario no haya autorizado la residencia de más personas, el registro de estas en el padrón es completamente válido desde el punto de vista administrativo.
El empadronamiento, además de ser un trámite obligatorio para quienes residen en un municipio español, conlleva una serie de derechos y limitaciones. Este registro es esencial para el acceso a servicios básicos y para cumplir con obligaciones legales, pero también tiene ciertos límites que es importante conocer.
Estar empadronado en una propiedad no implica ningún derecho sobre el inmueble. Por otro lado, tampoco garantiza la regularización migratoria automática, aunque es un requisito para poder llevar a cabo este trámite. Asimismo, los ciudadanos tienen la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio o municipio, es decir, empadronarse en la vivienda donde se reside es necesario para garantizar el correcto acceso a servicios públicos.
Todos los ciudadanos españoles tienen derecho a acceder al sistema de salud, inscribir a los hijos en colegios públicos y solicitar ayudas sociales o becas o ayudas, pero para eso es necesario estar empadronado en el lugar de residencia. Por otro lado, el padrón determina el censo electoral, permitiendo a los ciudadanos votar en elecciones locales, autonómicas o generales. De igual modo, el certificado de empadronamiento es fundamental para demostrar la residencia habitual en trámites administrativos, como obtener el DNI o regularizar la situación migratoria.